LIMA, nov (IPS) – El ex suboficial del ejército peruano Norman Alfonso Solano está feliz porque otra vez ha sido reclutado para trabajar como guardia de seguridad privado en una de las zonas más peligrosas del mundo, Iraq.
Aunque ha visto morir a compañeros de trabajo por el fuego de la resistencia iraquí cuando estuvo en la meridional ciudad de Basora, Solano apretó los dientes y se dijo: "Necesito el dinero". Ahora se va a Bagdad.
Iraq fue invadido por Estados Unidos en marzo de 2003. Desde entonces permanece ocupado por el ejército de ese país, situación que dio pie a una combinación de acciones violentas de resistencia, insurgencia, sectarismo, terrorismo, crimen organizado y simple delincuencia.
Solano es corpulento, de 1,80 metros de altura, 46 años de edad y miembro de una familia numerosa. Forma parte de un nuevo contingente de ex militares y policías peruanos que por una paga individual de 1.000 dólares mensuales permanecerán un año en Iraq protegiendo instalaciones estadounidenses.
"Aquí gano 200 dólares mensuales y sólo cuando hay trabajo", relata Solano a IPS. El es un veterano de la guerra contra la insurgencia librada en Perú entre 1980 y 2000. "Tengo cuatro hijos. Soy un experto en armas y estoy entrenado para la guerra. Por eso tengo que ir donde hay guerra", explica.
A pesar de las críticas a un sistema de reclutamiento que se aprovecha del desempleo y de los bajos sueldos en Perú, la compañía estadounidense Triple Canopy continúa contratando a ex miembros de las fuerzas de seguridad para enviarlos a Iraq.
Es tan amplia y barata la mano de obra disponible que la contratista norteamericana ha constituido una sucursal en Lima, TCLA Internacional, bajo la conducción de los estadounidenses Jay Franklin Bryant, Armand Leon Gadoury y Herbert Terrence Williams.
Con anterioridad, la selección y reclutamiento estaba a cargo de otra compañía, Defion Internacional. Pero Triple Canopy ha decidido asumir la tarea a nombre propio, dice a IPS el gerente general de TCLA, Hugo Cobos.
"Ya no tenemos ningún vínculo con Defion. Esta es una compañía completamente nueva", explica Cobos, si bien evita ofrecer mayores detalles de sus actividades.
"Es política de la empresa que para entregar información debe ser requerida de manera oficial. Usted envíenos una carta con las dudas que quiera que aclaremos y nosotros la trasladamos a la central en Estados Unidos y ellos serán los que le contesten. A lo sumo se demorarán una semana en responderle", afirma.
Pero a pesar de que IPS siguió esas indicaciones, no obtuvo respuesta.
Las autoridades peruanas calculan que desde 2005 al menos unas 1.600 personas han sido contratadas y despachadas por empresas estadounidenses a Iraq y Afganistán, otro país ocupado por Estados Unidos. Pero se trata de una cifra aproximada porque esas compañías no están obligadas a informar de sus actividades.
"En el Ministerio de Relaciones Exteriores no contamos con un registro de los peruanos que han dejado el país para trabajar como miembros de seguridad en Iraq o en alguna otra zona en conflicto", reconoce a IPS el ministro Enrique Bustamante, jefe de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior.
"Para contar con un registro, las empresas contratistas o los viajantes nos deben entregar información de manera voluntaria. No existe ninguna norma jurídica que los obligue", sostiene.
Solano permaneció en Basora entre el 5 de diciembre de 2005 y el 18 de enero de 2006. "El acuerdo era el siguiente: me daban 100 dólares y a mi familia los restantes 900 dólares", describió.
"Pasé días muy tensos, muy peligrosos, fui testigo de los ataques con morteros de la resistencia iraquí, vi a compañeros de otros países muertos por los proyectiles y a colegas peruanos seriamente heridos", relató.
"Pero ya se me acabó el dinero que ahorré, me he presentado y me han dicho que tenga listos mis papeles porque está preparándose un nuevo contingente para viajar", agrega. "Sí, como la primera vez, trabajaré para Triple Canopy. No me puedo quejar, a mí me fue muy bien".
El ex militar es hermano de Norberto Solano, jugador de fútbol que es estrella de la liga inglesa y parte de la selección nacional del Perú.
"Mi hermano es millonario y le gusta el fútbol. Yo no soy millonario, soy militar, me gusta la guerra y necesito el dinero", insiste.
Los reclutadores de Triple Canopy no dudaron en contratarlo apenas revisaron su expediente: había servido en el ejército entre 1978 y 1986, y contaba con amplia experiencia en combate. Participó en el conflicto fronterizo con Ecuador, en 1995, y en las operaciones contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso en los años 80.
"Salí del ejército porque tenía familia y la paga era muy escasa. Trabajé en distintas empresas de seguridad durante años. Hice de supervisor y de instructor, pero cuando acabó el periodo de la guerra contra el terrorismo, ya no había mucho trabajo. Estuve sin empleo. Hasta que me enteré por unos amigos que estaban reclutando gente para Iraq", recordó.
"Mi familia me rogó que no me arriesgara. Las noticias que llegaban eran alarmantes. Pero era una ocasión que no podía dejar pasar. Valía la pena jugarse el pellejo".
Algunos de los peruanos que regresaron heridos protestaron por falta de atención médica y de indemnizaciones. Según la copia de un contrato al que tuvo acceso IPS, el contratado acepta que cualquier reclamo debe litigarlo ante el juzgado del distrito de Fairfax, en el estado estadounidense de Virginia. Podría ser imposible para el quejoso afrontar el pago de un abogado en ese país.
"Lo que estamos proponiendo es que los reclutas se inscriban voluntariamente para tener una idea de cuántos están afuera, dónde los podemos contactar, tener un registro de sus familiares aquí y no esperar que pase una desgracia para actuar", dijo el ministro Bustamante.
Si se ignora cuántos peruanos se han embarcado en guerras ajenas, menos se sabe cuántos han sido heridos o cuántos de ellos han recibido alguna compensación o pago de seguro médico pues, además, el contrato que firman tiene una cláusula de confidencialidad.
En enero, una misión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios, encabezada por la relatora Amada Benavides de Pérez, dijo a IPS que había recibido reportes de que los peruanos no cumplían simples actividades de seguridad, sino que eran entrenados para disparar y a veces han usado sus armas.
El ministro Bustamante se cuida de llamar mercenarios a los peruanos "porque a ellos se les contrata como seguridad. Es temerario usar ese término a quienes van a cuidar instituciones. ¿Acaso aquí llamamos mercenarios a los que trabajan como seguridad sólo porque usan armas y tienen carros blindados?".
Tampoco se podría impedir esta actividad ni prohibir a los peruanos trabajar en zonas de guerra. "Nosotros como Estado no podemos decidir. La persona en el ejercicio de su libertad laboral asume su propio riesgo y el Estado no puede adoptar medidas que vayan contra su voluntad", justifica.
"Durante mi permanencia en Basora recibimos cerca de 450 ataques con mortero. Teníamos fusiles M-4 y AKM y ametralladoras M-240. Por lo general hacíamos disparos disuasivos. Había mucha tensión, sobre todo cuando impactaban los morteros del enemigo. Teníamos una sensación espantosa de encierro. Había miedo todos los días", afirma Solano.
Uno de los casos más graves fue el de Richard Misarayme, de 24 años. "Rezamos por él porque parecía que se moría. Pero se salvó", recuerda.
¿Qué hizo con los 12.000 dólares de su paga en Basora?, le pregunta IPS.
"Construí una casa para mi familia y le pagué los estudios a mis hijos", responde. "Era una verdadera fortuna, y no todos los días tienes la suerte de contar con ese dinero. Me habría tardado muchos años en juntarlo. Por eso regresaré a Iraq. Yo vivo de la guerra, y mientras haya guerra, viviré de ella".
