Tanto el Ministerio Público como los jueces declararon inocentes a los acusados de malversar unos mil 500 millones de pesos del presupuesto nacional durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández a través del Programa de Empleo Mínimo Eventual (Peme), y de Acción Barrial (Prodaba), a pesar de que, como se estableció, las personas encargadas de dirigir estos programas no tenían designación oficial.
“Estos programas nunca fueron auditados, ni tenían oficinas conocidas y las que se pudieron encontrarse luego de iniciadas las investigaciones estaban alojadas en un lujoso apartamento, donde de forma clandestina se endosaban enormes cantidades de cheques que posteriormente eran canjeados, y el dinero depositado en una cuenta a nombre de la hermana del director de los programas y de él mismo”, según se pudo comprobar. La sumaria de la investigación determinó que los números de cédulas utilizados para cambiar los cheques eran falsos o fueron dislocados intencionalmente.
En efecto, “un total de 3178 números de cédulas son inválidos, es decir, no existen en el archivo maestro de ciudadanos; un total de seis son cédulas inválidas y aparecen en el maestro registrados como militares; un total de 402 cédulas son válidas y aparecen en el maestro de ciudadanos pero con nombres diferentes, es decir, que estos números de cédulas corresponden a un ciudadano diferente al suministrado por ustedes; 29 mil 423 registros tienen el número de cédula inválido, es decir que no existen en el archivo maestro de ciudadanos; un total de 2,262 registros tienen el número de cédula blanco; 59, 935 registros aparecen en el registro, pero con los nombres de personas que tienen otros números”. Los expertos de la Policía Nacional determinaron que, “de acuerdo con el examen caligráfico realizado, utilizando las técnicas macro y micro comparativas correspondientes, determinamos que los factores de identificación de escrituras son compatibles. Es nuestra opinión que las letras y los números manuscritos en los endosos de los cheques debitados fueron realizados por una misma persona”. Como dicen los abogados: “No más preguntas, magistrado”.
Comprobado quedó que “entre el mes de enero del año 1997 y el mes de agosto del año 2000, el Peme y Prodaba recibieron la suma de mil doscientos cincuenta millones cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y tres pesos con nueve centavos (RD$ 1,250,469,793.09), más la suma de ciento cuarenta y siete millones doscientos noventa y cuatro mil cuarenta pesos (RD$ 147,294.040.00) otorgados durante el año 1996 erogados de la siguiente manera.
En el año 1996 el presidente Fernández le entregó al Peme 147, 294,04.00; en 1997, le emitió 208, 464 cheques por más de 402 millones de pesos; en el año 1998 al Peme le dieron más de 330 millones de pesos; en el 1999 le asignaron más de 341 millones de pesos y el último año, en el 200, casi 177 millones de pesos. Todo ese dinero fue dado sin ningún control oficial sin ninguna documentación ni registro legal. Se comprobó que todas las leyes y todos los reglamentos fueron ignorados por las autoridades. El señor León Antonio López Mata, director de Prodaba, en declaraciones a las autoridades que investigaron el caso dijo que recibía aproximadamente 31 millones de pesos mensuales “para los dos programas; que el Peme era el programa del tigueraje (según manifiesta el declarante y se le pagaba entre diez y trece millones de pesos) y que Prodaba estaba destinado a pagar a dirigentes de los comités intermedio del Partido de la Liberación Dominicana”.
En los interrogatorios Inchausti admite que por cada cheque cobraban “un dos por ciento porque con ese cobro cubríamos los gastos de transporte y viático de las personas que hacían el pago tanto en la capital como en el interior del país”. (¿? ) Sin embargo su hermano lo desmintió señalando que ese dinero, el dos por ciento, lo compartía con Kresimir Sovko, de nacionalidad croata, como abono de un supuesto préstamo que éste le había hecho”. La sumaria del caso revela hechos suficientes para haber enviado a la cárcel a medio gobierno de la gestión 1996-2000. Pero ahora los mismos que autorizaron y cometieron los crimines y delitos se convirtieron en juez y parte para dictaminar inocencia absoluta. Los investigadores de la Policía Nacional, del Departamento Nacional de Investigación (DNI) y del Ministerio Público a través del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, comprobaron todos los hechos. No hay un solo elemento que no tenga un soporte probatorio. Si hay un caso donde las pruebas no dejan lugar a dudas, ese es el caso del Peme y Prodaba.
Los interrogatorios realizados a los acusados admitiendo sus responsabilidades debieron bastar para la condena, por aquello de que, “a confesión de parte, relevo de pruebas”.
Hay que leer la sumaria publicada en un libro de 500 páginas. Fue un juez quien encontró elementos serios, precisos, concordantes y suficientes que hacen suponer la culpabilidad de los acusados.
Sin embargo todos los implicados están libres de culpas. Aquí no pasó nada. “Pagar para no matar” fue una decisión correcta. Distribuir dinero del pueblo entre militantes y dirigentes del partido de gobierno para que se convirtieran en fuerzas de choque, no tiene ninguna incriminación. Nadie se sonrojó, nadie protestó, nadie se enojó por la sentencia que descargaba a los responsables. El Cardenal que habla de todo no habló sobre ese caso, ni Monseñor. Subero Isa está muy ocupado reparando algunos juzgados de paz en la frontera. En fin, el caso Peme-Prodaba pasó a la historia como tantos otros casos de corrupción. Y colorín, colorado, ese cuento ha terminado. Los niños a la cama que llegó la hora de dormir con los angelitos. (Lo digo y lo repito: Este país se jodió).
