Nadie ha querido investigar las razones por las cuales el primer tribunal colegiado de Santo Domingo evacuó una sentencia con la cual nadie estuvo de acuerdo. Resulta muy sospechosa la sentencia que condena a unos y absuelve a otros.
Nadie ha solicitado una investigación sobre las razones que pudieron tener los jueces para dictar resoluciones tan incongruentes y tan contradictorias.
La sentencia no tenía nada que ver con lo que ocurrió durante el proceso. Cualquier ciudadano que haya leído los documentos, el informe del panel de expertos del Fondo Monetario Internacional, no entenderá las decisiones del tribunal que condenó a diez años de cárcel y 64 mil millones de pesos de indemnización al Estado, pero lo excluye de la acusación de lavado de activos, mientras a Luis Alvarez Renta lo condena por lavado, en tanto que a la segunda al mando del banco, Vivian Lubrano, la declara inocente.
Una cosa fue el juicio, y otra la sentencia. Parecería que ambas cosas se produjeron en escenarios distintos. (¿?)
La decisión no tiene explicación jurídica. El ex presidente Hipólito Mejía acusó al poder Ejecutivo de haber intervenido para proteger a los acusados. Nadie lo desmintió…
Personas vinculadas al gobierno, incluyendo funcionarios del Palacio, trataron de convencer al Presidente de la República para que evitara la apelación del Banco Central o del Ministerio Público, pero no lo consiguieron. Esos funcionarios procuraron un encuentro del Presidente con el principal acusado del fraude bancario, pero fue inútil.
Otros señores vinculados al gobierno, entre los que se encuentra un abogado que ocupó funciones públicas en el primer mandato del presidente Leonel Fernández, quisieron, por más de una vía, “convencer” al Procurador General de la República para que no recurriera la sentencia, pero no pudieron “convencerlo”, razón por la cual ahora lo llaman “traidor”, y hasta lo acusan de haberse “vendido”, nadie sabe a quién porque los que tienen ese interés están en el expediente acusatorio.
Todo parece indicar que el Presidente no hará más de lo que ya hizo para ayudar a los acusados. Por tres razones: 1- La sentencia hizo evidente la protección oficial, provocando el rechazo de la sociedad. 2- Los organismos financieros internacionales como el FMI y el BM, junto a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, España y Alemania, están pidiendo justicia en el caso de los fraudes bancarios. 3- Estamos a las puertas de una campaña electoral donde el Presidente busca reelegirse.
Ante esa realidad, el presidente Puede lavarse las manos y dejar que el juicio, ahora en apelación, siga su curso, lo cual ha generado un gran nerviosismo entre los abogados de la defensa y entre los condenados porque si el caso llega a una sala de jueces honestos, las penas pueden ser mayores que las que dictó el tribunal colegiado de Santo Domingo, complaciendo así a los gobiernos extranjeros, al FMI y al BM, y, de paso, a los dominicanos que irán a las urnas el próximo 16 de mayo.
Ese escenario no es nada halagüeño para los involucrados en el fraude bancario, que ahora hablan del “Plan B” que consiste en retardar el proceso para que no coincida con las elecciones. Quieren evitar que Baninter sea tema de campaña electoral, como sería interés del Presidente. De igual manera, el “Plan B” incluye iniciar un proceso de descrédito, al nivel que sea, contra las autoridades financieras y monetarias, principalmente contra el Gobernador del Banco Central con el propósito de hacerlo saltar del cargo, “no importa que lo proteja el Fondo y el gobierno americano”.
Sin la protección del Presidente, es difícil que la Justicia sea manipulada ahora, o después en la Suprema Corte de Justicia, donde deberá tener prioridad, no como los recursos de inconstitucionalidad sometidos por el PRD por los préstamos de la Sun Land… Seguro que para el Presidente de la Suprema el caso Baninter tendrá prioridad. ¿Verdad, magistrado?
No importa cuantos funcionarios traten de convencer al Presidente de que meta la mano. El sabe que esa solicitud no es buena, ni es gratuita. Además, esos señores no tienen nada que perder. En cambio el presidente si tiene mucho que perder. ¡Y lo sabe!
Al gobernador del Banco Central que siga cumpliendo con su deber, que en esa labor patriótica no está solo, que lo respaldan los hombres y mujeres honorables de este país, que siguen siendo mayoría.
Las organizaciones políticas, la sociedad civil, los sindicados y colegios de profesionales, tienen que dar seguimiento no sólo al caso Baninter, sino a los fraudes de otros bancos igualmente quebrados para impedir que otra vez la Justicia sea burlada.
