BONAO.- El candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Amable Aristy, acusó al presidente Leonel Fernández y al secretario de Medio Ambiente de violar la Constitución y la ley 64-00 con la autorización de extracción de materiales de los cauces y riberas de ríos a granceras vinculadas a funcionarios del gobierno. Dijo que solamente en el cauce del río Yuna que cruza por este municipio, el gobierno autorizó mediante resolución a cuatro empresas a extraer materiales de constricción a pesar de la oposición de la población de Bonao que lo ha calificado como “un crimen”.
Aristy explicó que la Constitución es clara cuando establece que no se puede dar privilegio mediante ley y resolución a personas físicas o morales “y justamente eso es lo que ha hecho el presidente Fernández con la autorización de extraer materiales de los ríos a cuatro granceras vinculadas a funcionarios del gobierno”.
“Esto es a todas luces un privilegio irritante, que por demás contraviene la ley 64-00 que prohíbe la extracción de materiales en los cauces y riberas de los ríos”, expresó.
El candidato presidencial habló en el marco de un “cacerolazo contra la pobreza” por diferentes barrios y comunidades de la provincia Monseñor Noel, donde visitó Piedra Blanca, Sonador, Jima y Bonao, donde distribuyó gallinas, salami, sillas de ruedas, colchones, mosquiteros y dinero en efectivo.
Aristy señaló que se suma al clamor del pueblo de Bonao y toda la provincia de Monseñor Noel, así como a los grupos ecológicos de todo el país, que lucha por la preservación de los recursos naturales, en especial los ríos.
Recordé que en los gobiernos del Partido Reformista Social Cristiano que encabezó Joaquín Balaguer se establecieron mediante decretos la mayoría de los parques nacionales y áreas protegidas.
“Y solo hay que recordar que en el primer gobierno de Balaguer, que se inició en 1966, una de las primeras medidas que se tomó fue el cierre de los aserraderos”, expresó.
Amable Aristy aseguró que su gobierno será un “celoso guardián” de los recursos naturales y medio ambiente.
Igualmente recordó que en la administración reformista se especializó mediante decreto las utilidades de las acciones de la Falcombrige a favor del Comité de Desarrollo de Bonao y que al mismo se le dio categoría de ley por propuesta del diputado Wellington Mejía, lo que ha generado por ese concepto 800 millones de pesos a favor de la provincia por los daños ocasionados por la explotación de la mina.
Lamentó que funcionarios del gobierno quieran confundir a la población dando “los primeros pistazos” para la construcción de obras con estos recursos provenientes de la Falcombrige, “cuando se trata de un dinero del pueblo de Bonao”.
Estuvo acompañado de los dirigentes provinciales Wellington Mejía, Fiordaliza Pichardo, Confesor Marte, Mercedes Fernández y otros.
