LIMA, nov (IPS) – Una columna sobreviviente del grupo insurgente peruano Sendero Luminoso lleva adelante una ofensiva contra unidades policiales antidrogas en el valle de los ríos Apurímac y Ene, una de las zonas más importantes de cultivos ilegales y de producción de cocaína.
Las acciones senderistas son en represalia al cada vez más estricto control que ejercen las fuerzas de seguridad sobre esta vasta área del sur de Perú, enmarcada por la cordillera de los Andes y conocida por sus siglas VRAE, y sus más importantes vías de acceso a la producción de drogas.
Las operaciones del Comando Operacional del Centro (COC), una unidad combinada de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía cuya misión es destruir lo que resta de Sendero Luminoso, se incrementaron en lo que va del año en la región.
Además, la División de Investigación y Control de Insumos Químicos (Diciq), el equipo especializado de la policía antidrogas dedicado a cortar el flujo de elementos para la producción de cocaína, comenzó sus actividades en enero, con particular énfasis en el VRAE.
La columna guerrillera asesinó a un jefe policial y destruyó con explosivos una comisaría a comienzos de este mes en Ocobamba, en la región sudandina de Apurímac, y emboscaron y mataron a otros cuatro efectivos el día 13 en Tayacaja, en la vecina Huancavelica.
Los atacantes son miembros de Sendero Luminoso que consiguieron sobrevivir al combate contrainsurgente de 1980 a 2000, que tuvo su punto de inflexión en 1992, cuando fue capturado el fundador de este grupo maoísta, Abimael Guzmán, junto con buena parte de la dirección.
La resonancia y gravedad de los atentados hicieron que el primer ministro Jorge del Castillo y los jefes de cartera Allan Wagner, de Defensa, y Luis Alva Castro, del Interior, debieran concurrir al Congreso legislativo para ofrecer en sesión reservada un informe sobre la situación.
La base de apoyo de los senderistas que atacaron a los policías y actúan en el resto de la zona son miles de campesinos que trabajan sobre un estimado de casi 16.000 hectáreas de cultivos de coca.
Para aumentar sus menguados ingresos, los agricultores cocaleros también producen pasta básica destinada al narcotráfico.
Esto explica por qué entre 2000 y 2006 las tierras cultivadas de coca en el VRAE crecieron en 72,5 por ciento, así como la producción potencial de cocaína en el mismo periodo pasó de 141 toneladas a 280, según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
Cálculos de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indican que 58 por ciento de la cocaína que se produce en Perú sale de laboratorios del VRAE, que comprende a poblaciones de las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, precisamente donde se registran los índices de pobreza más altos del país.
Aunque el gobierno de Alan García atribuyó los atentados en un principio a grupos de narcotraficantes, luego afirmó que se trataba de narcoterroristas: una alianza de senderistas y traficantes de droga.
El especialista en temas de insurgencia Raúl González Chávez comentó a IPS que en los años 80, cuando Sendero Luminoso inició la lucha armada, en el VRAE tuvo en principio una mala relación con los campesinos cocaleros, pero luego los comenzó a ganar para su causa.
"Al principio, los productores de coca formaron los grupos de defensa civil antisubversiva para enfrentar a los senderistas", explicó. "Sin embargo, desde hace aproximadamente 15 años, la columna ha buscado congraciarse con los cocaleros cambiando su discurso político y ofreciéndoles defenderlos de los operativos antidrogas".
Para González Chávez, los actos de violencia últimos confirman que el senderismo es un problema aún pendiente.
"El gran problema es que en Perú, por razones poco inteligentes, no se quiere aceptar que la asignatura Sendero Luminoso se encuentra inconclusa", arguyó. "Por esa razón se pone énfasis en la relación que tienen los senderistas con la droga, relación cierta, pero que todavía no es la determinante en sus acciones".
En todo caso, para el analista en temas de seguridad Rubén Vargas Céspedes, sí hay una relación causa y efecto entre los operativos antidrogas en el VRAE y la reacción de Sendero Luminoso.
"Los ataques de Ocobamba y Tayacaja son respuestas violentas a las operaciones antidrogas y antisubversivas en el VRAE", indicó a IPS Vargas Céspedes.
"Si el negocio de la droga se interrumpe, afecta la economía de la zona y en consecuencia golpea especialmente a los campesinos cocaleros", apuntó.
Por eso, agregó, "en la lógica de los senderistas, romper con el cerco de las fuerzas de seguridad que obstaculizan el flujo de los insumos químicos y de la cocaína es luchar a favor de los agricultores pobres que se dedican al cultivo de coca. Buscan afianzar a los cocaleros como base de apoyo".
Está comprobado que senderistas y narcotraficantes están involucrados fuertemente en la producción de cocaína.
El 22 de mayo en la localidad de Churcampa, en Huancavelica, la policía antidrogas requisó un camión con 17 toneladas de insumos químicos que se dirigía al VRAE y en el que viajaban dos integrantes de Sendero Luminoso buscados por la policía.
También el 20 de septiembre en Huancayo, capital de la región centroandina de Junín, la policía decomisó otro cargamento para el VRAE de siete toneladas de químicos, lo cual sumó entre enero y ese momento el récord de 510 toneladas de precursores químicos requisados. Entre los capturados entonces, tres eran guerrilleros.
De hecho, una semana y media antes del ataque senderista a Ocobamba, la policía intervino un alijo de 82 kilogramos de pasta básica de cocaína que salía del VRAE.
Aunque el ejército no está autorizado a enfrentar a los narcotraficantes, el 17 de octubre una patrulla mató a siete pobladores que trasladaban droga sobre los lomos de una recua de acémilas. La versión oficial indica que el choque se produjo en Putis, en la región Ayacucho, y que las víctimas provenían del VRAE.
"No se trataba de simples transportadores de droga porque portaban armamento", justificó ante IPS una fuente militar del COC. "Las armas son un indicativo de que entre las víctimas había senderistas, pues ellos protegen la circulación de la pasta y la cocaína en la zona. Han dejado de ser subversivos y se han puesto al servicio de las mafias de la droga", añadió.
Sobre este punto, González Chávez aclaró que "el tema de la droga es muy importante, pero no explica estas acciones (como la de Ocobamba y Tayajaca) que se realizan periódicamente todos los años, antes y después de la captura del jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán (el 12 de septiembre de 1992)".
La opción del gobierno para cortar la producción de droga en el VRAE y arrebatarle la base social a Sendero Luminoso es enfatizar la represión con una cobertura de programas sociales.
Mientras que el primer ministro Del Castillo anunció la presentación de proyectos para fortalecer la acción contrainsurgente y antinarcóticos en la zona de conflicto, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, pidió un presupuesto extraordinario equivalente a casi 27 millones de dólares para construir seis bases militares en un lapso de seis meses.
"Sería contraproducente para el gobierno militarizar la lucha contra las mafias de la droga en el VRAE, no sólo porque la población podría identificarse con los senderistas en tanto éstos van a oponer resistencia armada, sino también porque la reciente experiencia indica que el narcotráfico corrompe a las fuerzas de seguridad", apuntó Vargas.
"La solución es política. No se puede combatir a los senderistas tratándolos como simples delincuentes comunes, sería el peor error del gobierno. La economía ilegal de la droga se ha desarrollado en el VRAE por la ausencia del Estado", sostuvo.
Mientras las fuerzas de seguridad aprieten más el cerco a los centros de producción de cocaína, Sendero Luminoso aumentará consecuentemente sus violentas operaciones en busca de ganarse la simpatía de la población más pobre que forma parte de la cadena del narcotráfico.
Otra alternativa es que el Estado haga sentir su presencia con infraestructura, programas de desarrollo y el incentivo a los cultivos legales. De momento, sólo estudia con prioridad aumentar la represión. (FIN/2007)
