Abusos físicos, psicológicos, sexuales, económicos y el feminicidio aparecen en los llamados del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) a fin de terminar con ese fenómeno, que sufre al menos una de cada tres de ellas en su vida.
La campaña contra la violencia, que en esta ocasión encabezó la embajadora de buena voluntad y reconocida actriz australiana Nicole Kidman, coincidió con la presentación de un informe en ONU sobre cómo se comporta ese fenómeno en América Latina y el Caribe.
Ese documento "tiene la intención de promover la erradicación de uno de los crímenes más generalizados y acabar con la impunidad que lo acompaña", según reza en su introducción.
"Si tomáramos 10 mujeres representativas, mayores de 15 años, en cada país de Latinoamérica y el Caribe, veríamos que cuatro peruanas y cuatro nicaragüenses habrían sufrido violencia física por parte de sus esposos".
"En México, tres mujeres habrían sido víctimas de violencia emocional y dos más de violencia económica; tres brasileñas habrían sufrido violencia física extrema y dos haitianas violencia física", expresa el reporte.
!Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe es el título del informe, que denuncia la muerte en Chile, de 1990 a 2007, de 900 mujeres por causa de homicidios, la mayoría a mano de sus parejas o ex parejas.
También subraya la situación en Bahamas, donde los feminicidios representaban en 2000 el 42 por ciento del total de los asesinatos, el 44 por ciento en 2001 y el 53 por ciento en 2004.
Revela que en Puerto Rico, 31 mujeres fueron asesinadas en 2004 por violencia doméstica y que en Uruguay una muere cada nueve días debido a esa causa.
Con el fin de frenar esta terrible situación, UNIFEM otorgó este año cinco millones de dólares a 29 programas de 35 países, que se une a la lista de más de 250 iniciativas en 120 países, en los últimos 10 años.
PROGRAMAS BENEFICIADOS
UNIFEM benefició en Latinoamérica y el Caribe, en esta ocasión, proyectos en Argentina, Brasil, Colombia, Guyana, Jamaica, México y Venezuela.
En Argentina y Brasil, la iniciativa es de Católicas por el Derecho a Decidir, que incluye violencia de género, acción y capacitación para el cambio de políticas y servicios de atención en esos dos países, con perspectivas hacia el Cono Sur.
El programa se centrará en el entrenamiento de profesionales que trabajan con mujeres sobrevivientes de la violencia y en la prevención del fenómeno.
En el caso de Colombia, los fondos fueron destinados a la Corporación Centro de Apoyo Popular, que tituló su proyecto Por un Municipio Sin Violencias, Soacha con las Mujeres, el cual prevé la movilización de esa comunidad hacia un cambio de actitudes.
Su meta es promover los derechos de ellas en la municipalidad de Soacha, y apoyar la implementación de las leyes existentes sobre Ofensas contra la Libertad Sexual y la Dignidad Humana y la de Violencia contra Mujeres.
Educación Pública y Defensa para Reducir la Violencia de Género es el título del proyecto de la organización guyanesa Ayuda y Refugio. Su objetivo es fortalecer la implementación del Acta de Violencia Doméstica y la política nacional sobre este tema por parte de la policía y el sistema judicial.
También pretende conseguir una enmienda de esa Acta para que se refleje mejor la prevención y el castigo a los abusos sexuales.
En Jamaica se trata de un programa promovido por el Ministerio de Información, Cultura, Juventud y Deportes titulado Reducción de la Violencia de Género, más información y fortalecimiento de las respuestas.
Entre sus planes figura producir y distribuir folletos sobre varias formas de violencia de género como acoso sexual, abusos domésticos, violaciones, incesto y tráfico de personas.
Recibió respaldo asimismo un proyecto del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres de México, titulado Violencia contra las mujeres y políticas de gobierno en la construcción de sus derechos humanos.
Este programa aspira a crear mecanismos para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y respaldar el desarrollo de legislaciones estatales y reformas judiciales a través del análisis de esos reglamentos.
Fortalecerá el denominado Récord sobre la Violencia Femicida, para convertirlo en un espacio que genere conocimiento sobre la violencia contra las mujeres y establece vínculos con cuerpos gubernamentales, civiles y legislativos.
Por último, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa y la Fundación de Apoyo al Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela fueron beneficiados este año con fondos del organismo de las Naciones Unidas.
El proyecto lleva el título Construyendo Capacidades para la Implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en Venezuela.
Prevé incrementar las capacidades entre los empleados públicos, el sistema judicial y la prensa, entre otros, para alcanzar la total implementación de legislaciones como la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a Vivir una Vida Libre de Violencia.
Ese programa, que cuenta con el respaldo gubernamental a través del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), espera desarrollar las capacidades de los funcionarios públicos acerca de cómo implementar la ley.
