"En nuestro país hay un problema muy serio, la mitad de los niños no tienen qué comer y eso es peor que un terremoto", admitió el vicepresidente guatemalteco, Rafael Espada, un médico de profesión.
Las causas de fenómeno son disímiles y van desde la injusta distribución de la tierra, la falta de apoyo a pequeños productores, desastres naturales, hasta el incremento actual de los precios del petróleo y los granos básicos en el mercado mundial.
"En los últimos 60 años no hemos tenido un plan inteligente de responsabilidad social, no sólo en alimentación, sino también en vivienda, educación, salud, desarrollo humano y en oportunidades para todos", reconoció el vicemandatario.
Para los expertos uno de los mayores problemas agrarios en este país está en la dicotomía latifundio-minifundios, es decir, una gran cantidad de terrenos dedicados a la agricultura de exportación y pequeñas parcelas para alimentar a la mayoría de la población.
A los problemas históricos se unen también los efectos de las políticas neoliberales, de los Tratados de Libre Comercio y del uso de tierras para producir caña o palma africana para la elaboración de biocombustibles.
Según la Red Nacional por la Defensa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, de 1990 a 2005 la producción de trigo se redujo en 80 por ciento, la de maíz en 22,2 y la de frijol en 25,9, pero crecieron los cultivos para la exportación.
"Hace unos años nos autoabastecíamos de granos, pero hoy estamos a la deriva de los precios del mercado", explicó a Prensa Latina el dirigente de la organización Rony Palacios.
Datos de la oficina del PMA indican que durante el último año el índice de pobreza se incrementó en este país del 51 al 54 por ciento y la pobreza extrema del 15 al 20 debido al alza de los precios de los alimentos y del petróleo en el mercado mundial.
Ello ha incidido en una baja de la capacidad de compra de las familias, que ahora deben priorizar lo necesario para su subsistencia.
En un recorrido por la Central de Mayoreo, uno de los más grandes mercados del sur de la capital, comerciantes declararon a esta agencia que sus ventas han disminuido hasta en un 50 por ciento.
"Mire seño, antes uno venía aquí con 100 quetzales y hacía buenas compras. Hoy apenas nos alcanza para dos o tres cosas nada más", se quejó una de las clientes.
Aunque la crisis impacta a toda la población, son los pobres quienes sufren con mayor fuerza los efectos de esta situación.
El nuevo gobierno, que tomó el poder hace poco más de cuatro meses, inició una estrategia para el combate a la desnutrición en los 45 municipios más atrasados, pero se necesitan recursos para elevar la cobertura del 40 al 80 por ciento.
También se anunció la eliminación de los aranceles a una decena de productos de amplio consumo popular como leche, maíz, harina de trigo, pollo, aceite vegetal, arroz y huevos.
La medida más reciente del Ejecutivo es la reactivación de una ley de 1974 que obliga a los grandes terratenientes a destinar 10 por ciento de sus tierras a la producción de granos básicos.
No son las grandes transformaciones estructurales demandadas por las organizaciones indígenas y campesinas, pero sí son medidas para aliviar una crisis que agobia a más de la mitad de la población guatemalteca.
