ATLANTA, Estados Unidos, sep (IPS) – En los días previos a la ejecución de Troy Davis se intensificó la presión, ya significativa, sobre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y sobre el mismo presidente Barack Obama, quien se negó a actuar en el caso.
El estado de Georgia ejecutó el 21 de este mes a Davis, condenado por matar al oficial de policía Mark MacPhail en 1989, pese a que ninguna prueba forense lo indicaba como el autor del disparo. Tras las condena, siete de los nueve testigos en su contra se retractaron y dos implicaron a otra persona como el culpable del asesinato.
Además, dos de los miembros del jurado original que condenó a Davis se opusieron a la ejecución.
La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACAP, por sus siglas en inglés) pidió al Departamento de Justicia que abriera una investigación por violación de derechos civiles.
"Nos pusimos en contacto con el Departamento de Justicia para ver si había algún camino legal a seguir, pero se respetó el procedimiento adecuado en todo el proceso", señaló Hilary Shelton, vicepresidenta de la organización.
"Si no hablara inglés, hubiera sido una cosa. Si pudiéramos haber dicho que la defensa no fue buena, habrían surgido otras posibilidades", dijo a IPS.
La NAACP mantuvo varias conversaciones con el Departamento de Justicia para encontrar la forma para que interviniera el gobierno, indicó Shelton. Después de mucha investigación, se convencieron de que la "única manera de detener la ejecución era recurrir a la junta de perdón y libertad condicional o a una moción que hubiera ofrecido la fiscalía", explicó.
Otras organizaciones urgieron a sus miembros a contactar directamente a Obama.
La mañana en la que estaba prevista la ejecución de Davis, la Coalición actuar ahora para frenar la guerra y terminar el racismo (Answer, acrónimo de Act Now to Stop War and End Racism) realizó un llamamiento urgente.
"La gente respondió enviando más de 13.000 cartas en las primeras siete horas de llamado dirigidas a Obama y reclamándole una investigación federal sobre violación de derechos civiles en el caso de Troy Davis y la suspensión de la ejecución", informó Answer enseguida después de cumplida la condena.
"Pero Obama y el fiscal general, Eric Holder, dieron la espalda y deliberadamente dejaron que le quitaran la vida a Davis", señaló la Coalición. Además criticó la estrategia preelectoral del mandatario por pretender "apaciguar constantemente la base política del Partido Republicano en vez de confrontarla".
"Sabía que la ejecución de Troy Davis era un asesinato racista", señaló Answer, refiriéndose a Obama. "Pero él y sus asesores no quisieron gastar ni un centavo de su capital político", añadió.
Obama defendió su actitud, primero a través de su portavoz el mismo día de la ejecución, el 21 de septiembre, y, dos días después, en persona ante un pequeño grupo de periodistas negros.
"Desde el senado del estado de Illinois, Obama luchó para garantizar la fidelidad y la justicia del sistema penal, en especial en cuanto a la pena capital", declaró el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, horas antes de la ejecución de Davis.
"No es apropiado que el presidente de Estados Unidos intervengan en casos específicos como este, que se trata de un proceso estatal", añadió Carney.
El sitio de noticias Redding News Review (RNR) informó que dos periodistas que se reunieron con Obama el 23 de este mes dijeron que el presidente mencionó el caso Davis. El gobierno llamó al estado de Georgia para indagar sobre la situación.
Pero la Casa Blanca negó haberse involucrado de cualquier forma en el asunto.
"La comunidad negra fue abandonada por este presidente y creo que Troy Davis es inocente", dijo a IPS el editor de RNR, Rob Redding, también conductor de un programa de radio.
Redding mencionó el caso del inmigrante indocumentado Humberto Leal García Jr., por quien Obama intervino tratando de suspender la ejecución del estado de Texas, para ejemplificar el doble discurso del mandatario.
La actitud de negarse a actuar en el caso de Davis con el argumento de no interferir con los estados es hipócrita, según Redding, pues Obama realizó un llamado al estado de Texas, aunque en vano, por el caso García, en julio de este año.
"En esa oportunidad, el presidente y el Departamento de Justicia alegaron que García no tuvo acceso a intérpretes, lo que está previsto por la ley", explicó.
El argumento de que el caso de García cobró relevancia internacional tampoco funciona en este caso, según Redding, porque en el caso de Davis "el mundo miraba a la Casa Blanca, al primer presidente negro para ver si actuaba", apuntó Redding.
"Pudo haber dicho ‘estamos atentos a lo que ocurre en Georgia. Estamos preocupados. Ofrecí el recurso del Departamento de Justicia a las autoridades estaduales’, pudo por lo menos demostrar que le interesaba un poco la pena de muerte en su país", señaló molesto.
"Obama tenía una amplia base legal para intervenir", dijo a IPS la coordinadora de personal de la Coalición Answer, Sarah Sloan. "No es raro que el Departamento de Justicia abra una investigación sobre violaciones de derechos civiles en casos locales", explicó.
"Si el presidente Obama hubiera ordenado una investigación se habría demorada la ejecución", arguyó. "Hubo una discusión al respecto. No podía otorgar clemencia, pero si pudo optar por esa otra vía", añadió.
Fue un caso de violación de derechos civiles, pues los testigos reconocieron que hubo presión y coerción policial para que prestaran falso testimonio, así como otros elementos como "un caso fraguado, cuando hay abuso policial previo al proceso contra un hombre afroestadounidense pobre", remarcó Sloan.
Pero Shelton sostuvo que la NAACP evaluó todos esos ángulos con el Departamento de Justicia.
"Todo eso fue considerado. Queríamos detener esto. Por desgracia, no pudimos establecer el estándar necesario para que se abriera una investigación", explicó. (FIN/2011)
