Santo Domingo.- El procurador general de la
República, doctor Radhamés Jiménez Peña, opinó este jueves que la Suprema Corte
de Justicia debería abstenerse de conocer la acción directa de
inconstitucionalidad incoada por los doctores Manuel Labourt, Miniato Coradín y
Guillermo Antonio Soto Rosario en fecha 27 de julio del presente año, contra la
ley que limita a 75 años la edad máxima para ser miembro del Tribunal
Constitucional.
El magistrado Jiménez emitió su opinión a través
de la comunicación número 04643, dirigida al presidente y los demás jueces que
integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde sugiere a los miembros
de ese organismo, que le permitan conocer dicha acción al Tribunal
Constitucional, cuyo proceso de designación ya ha sido iniciado por el Consejo
Nacional de la Magistratura.
En la comunicación, el procurador se refiere a la
acción directa en inconstitucionalidad contra el numeral 5 del artículo 13 de
la Ley 137-11, modificada por la Ley 145-11.
“Aunque estamos contestes con el dictamen de
nuestra procuradora general adjunta, doctora Casilda Báez Acosta, somos de
opinión que por razones de prudencia y oportunidad, la Suprema Corte de
Justicia debería abstenerse de conocer directamente dicha acción, permitiendo
que sea el Tribunal Constitucional, cuyo proceso de designación ya ha sido
iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura, el que conozca y resuelva
este asunto”, expresa el magistrado Jiménez Peña en la correspondencia dirigida
a los jueces del alto tribunal.
A seguidas, dijo, que de ese modo se evitaría
cualquier tipo de cuestionamiento que legítimamente pudiera surgir como
consecuencia de la decisión que adopte la actual Suprema Corte de Justicia,
cuyas atribuciones como Tribunal Constitucional están a punto de concluir.