La Fundación por los Derechos del
Consumidor (FUNDECOM), entiende que la vicepresidencia ejecutiva de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), debe explicar
con mayores detalles las razones que le llevaron a firmar un contrato por 20
años con la empresa alemana JRC Electronic, para operar un parque de energía
solar o fotovoltaica en Monte Plata, que generaría 30 megavatios..
Dijo que la firma de ese contrato se hizo sin que se
estableciera que la venta de la energía producida debía someterse al proceso de
licitación pública que establece el artículo 110 de la Ley general de
electricidad 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, así como la Ley 340-06, de
compras de bienes y servicios del Estado.
Para FUNDECOM, al tiempo que la
puesta en función de un planta que genere energía eléctrica a partir del sol
constituye un logro para las autoridades eléctricas y para el país, el acuerdo
anunciado arroja sombras de dudas sobre la efectividad del mismo, puesto que en
las actuales condiciones de globalización de la economía no se concibe la firma
de contratos que amarren compromisos por tan largo tiempo, una especie de
arrendamiento perpetuo o enfiteusis y nos recuerda los amargos resultados del
Acuerdo de Madrid, que prometía ser una panacea para enfrentar los problemas
del sector eléctrico y que solo sirvió para garantizar concesiones onerosos en
perjuicio de la Nación.
La organización de defensa de los
derechos de consumidores y usuarios recordó que hizo la misma advertencia
cuando el 12 de octubre se inauguró en la colonia agrícola de Juancho,
Pedernales, un parque de energía eléctrica a partir del viento, en el sentido
de que ni no se les somete en los inicios al mandato de la ley, luego la
experiencia dice que seguirán actuando a la libre, sin que la Superintendencia
de Electricidad (SIE) tenga la fuerza para obligarles a cumplir la ley.
FUNDECOM terminó llamando a las
autoridades que rigen el sector eléctrico a que expliquen las razones por las
cuales se colocan al margen de la ley general de electricidad y de la propia
Ley 57-05, que regula la producción y uso de energía renovable, cuando uno de
los grandes males de ese sector ha sido, precisamente, la permanente violación
a la ley.
En la ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 26 días del mes de
octubre de 2011.