La materia tiene nombre, y se denomina interferencia ilícita, que es cuando ha ocurrido un sabotaje o un apoderamiento de la nave civil con personas a bordo. Se han violado las normas de seguridad relativas a las aeronaves, pasajeros, equipajes, carga y categorías de pasajeros.
Cuando la aeronave es militar se dificulta la investigación porque las normas a cumplir son secretos de Estado, y el investigador no tiene acceso a esos códigos. El secuestro de aviones, constiuye toda forma de violencia que pretende despojar el mando de la aeronave del piloto, obligarlo a modificar el rumnbo de la misma.
Desde 1974, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha manejado las normas y métodos para hacer frente a los actos de interferencias ilícitas con el objetivo de prevenir y proteger la seguridad de aviación civil; si esto no ha ocurrido en nuestro país, quizás es debido, a la correcta evolución de nuestra línea aérea.
El robo de aeronaves se ha vuelto común, al menos en América Latina. México y Venezuela son casos alarmantes por décadas enteras. Antes era piratería aérea, algunos con motivaciones políticas, hoy estamos frente al crimen transnacional, o de narcotráfico, que prefiere robar la aeronave antes que comprarla.
Acopiar la información que dispone la República Dominicana, y los acuerdos de los que es signatario frente a la OIAC para hacer frente a los actos de sabotajes y de delincuencia contra la aviación civil es el primer paso que llevaría a cabo cualquier investigador que sirve de inspector, y el de recuperar la nave, el que tuviere a bien representar una agencia de investigación judicial. En definitiva, es el Estado el responsable de realizar la investigación.
Debe el gobierno prestar mayor atención al robo de aeronaves, pues todos sentimos que el narcotráfico está desarrollándose muy vertiginosamente en nuestro país; desgraciadamente el gobierno cuenta con autoridades que no tienen timón del asunto que se le viene encima, y que además carecen de actitud para la lucha frente al crimen practico.
