La crisis mundial de 2008 de la cual no se ha
recuperado el mundo, significó la caída estrepitosa del modelo neoliberal, pero
esta fue ante todo una crisis financiera
originada en el postulado neoliberal de la desregulación del sistema financiero
lo que permitió que especuladores inescrupulosos, o más bien, partidarios del
capitalismo salvaje, sin responsabilidad social empresarial alguna, aprovecharan
la situación por ellos mismos creada, para beneficio propio. De modo que la
crisis es también un gran negocio para los agiotistas, pues las ventajas que el
desequilibrio de la desregulación ha ocasionado fue su gran negocio.
La República Dominicana no es extraña a esa
crisis ni a los factores que la provocaron, pues en fecha temprana con relación
a 2008, es decir en 2003, sufrió una crisis que casi derrumba el sistema
financiero nacional y que todavía gravita sobre el contribuyente dominicano. La
respuesta a la misma es la misma en todas partes intervención estatal con miras
a más regulación.
Así, resulta inconcebible la ceguera que en
esta materia observa el organismo llamado a regular el sector financiero cuando
hace pública su posición de oposición a la regulación de las tarjetas de
créditos. Si dicho organismo mirara a su alrededor se daría cuenta que una
oportuna regulación podría evitar que el país pase por los traumas que en otros
países ha ocasionado la desregulación de la tarjeta de crédito. Panamá está
sumergida en una crisis financiera que repercute en toda Centro América y que
ha dañado la condición de centro financiero de las Américas que ha ostentado
por mucho tiempo.
Ya
nuestra Constitución no tiene por base el Estado liberal o neoliberal
que le caracterizó en el pasado, pues el Estado social es el que ha parido los
órganos reguladores del Estado, así, si no ha de existir ley de tarjetas de
créditos tampoco debería existir la Superintendencia de Bancos porque para qué
si la regulación no es necesaria por qué el contribuyente dominicano debe pagar
los fabulosos salarios que paga a la empleomanía que niega la esencia que
justifica su existencia. Pensar en órganos decimonónicos exclusivamente al
servicio del capital, es poseer una rancia postura burguesa que pretende
desconocer las luchas por la igual entre las clases que se opero en los planos
jurídico y social en el siglo XX y que quedó estampada en la Constitución de
2010, es pretender que la república Dominicana repita experiencias traumáticas
felizmente superadas.
De manera que la regulación de la tarjeta de
crédito como de cualquier otro producto bancario es una de las obligaciones
primarias de un órgano regulador bajo el amparo jurídico del Estado social. Una
vez el Tribunal Constitucional empiece a operar no sería sorpresa para nosotros
que inicie por determinar para qué existen ciertos órganos y que funciones
realizan para la sociedad y si responden a los lineamientos del bloque de la
Constitucionalidad de un estado social y democrático de derecho.
Consumers International lleva a cabo una
campaña en el plano internacional que persigue incorporar medidas de
salvaguarda de los derechos de los consumidores, cada región del mundo y luego
cada organización de consumidores de los estados han asumido la postura de
consignar que la actual crisis tiene por responsables a los banqueros, por
tanto, la regulación a éstos es la salida la desregulación es la que ha probado
ineficacia.
En la República Dominicana la FUNDECOM
primero y Pro Consumidor después han llevado a cabo campañas que protegiendo al
consumidor buscan impedir que la desregulación dañe al sector financiero
nacional, ver opuestos en quienes están abogando por la solidez bancaria
implica una ceguera que lleva a que nos cuestionemos para qué existe una
superintendencia de Bancos, o lo que es lo mismo, prueba que procede la
discusión sobre la aprobación de una ley para las tarjetas de créditos, pues su
desregulación perjudica a un segmento importante de la población de clase
media, pero todavía más, la desregulación es vista por el sector bancario como
una oportunidad de poner cargos al consumidor o usuario de este servicio de
manera libre, es decir a su antojo, lo cual no hace sino estimular la vena
especuladora de las entidades bancarias.DLH-6-11-2011
