Justicia de Menores: La nueva pena de la democracia




Los últimos planteamientos relacionados a la problemática con la adecuación de la ley penal de menores debe llevarnos a profundas reflexiones, y luego ayudar en el diseño de un modelo que permita explorar actitudes, y encontrar acciones en el sector de la población a la que han sido dirigidos las municiones señaladas en el Código de menores, debido a la percepción de gravedad y horror causante. 

Las decisiones de los legisladores deshacen muchos logros alcanzados por el régimen de administración de menores, al menos, en América Latina, como el carácter proteccional y, que solo habla de carácter excepcional, a la intervención “represiva.” 

La imputabilidad de menores debe ser siempre relativa, y no debió bajar sino a partir de los 16 a 18 años. Pero el problema ahora es el aumento de las penas, tan innecesario como irracional. En criminología se habla bien claro de infancia problematizada y de infancia problemática, lo cual es un campo de investigación que adopta el interés de indagar sobre la incursión de niños, especialmente los jóvenes adolescentes, en infracciones penales violentas. No formulamos ninguna política  social ni criminal cuando negamos la titularidad de derechos que le otorgó la Convención de los Derechos del Niño, que alerta sobre las verdaderas evidencias sociales de la violencia cometida por ellos.

También el control social-penal tiene una importancia trascendental. Cualquier manifestación de agresión de violencia criminal que surja de un menor es una expresión de búsqueda de su personalidad. La delincuencia juvenil por tanto es un efecto, no una causa. El aumento de las penas decretado a los menores no puede ser la nueva pena de la democracia.

Y la intervención judicial si lo que busca es maximizar las penas, debería ver en escala las medidas punitivas o separar el ámbito asistencial del judicial, al menos con fines de luchar contra los procesos sociales disruptivos en la conducta de menores infractores.

La criminalidad de los menores es convencional; es decir, que se puede prevenir con una regia política integral hacia los jóvenes; no es un problema grave, no tan grande o fuera de nuestras fronteras, planes del gobierno, que no lo podamos solucionar. Estamos, pues, ante un fenómeno generacional, donde es nuestra generación la que le ha fallado a los jóvenes, al no ofrecerle una mejor sociedad. El error nuestro ha sido tratarla como una “urgencia”, y no como una variable constante. Hasta tanto no se reconozca que la sociedad se ha quedado atrás en relación a su propia evolución judicial, y que la familia nuclear dominicana ha perdido mucho espacio, y está llena de amenazas, el problema irá en aumento. Y en cambio, se divisan nuevas formas de reunión familiar, en la que los más jóvenes están involucrados. Puede servir de ejemplo, el fenómeno de las madres adolescentes solteras, algunas involucradas a la delincuencia o el excesivo número de hijos de menores varones que se encuentran en el microtráfico, en medio del peor medio ambiente barrial que hayamos tenido, infectados de delincuentes muy jóvenes.

A nuestros legisladores sólo les interesó la discusión política de la ley, respecto al fenómeno criminal, pero la verdad es que no pueden ver la cuestión técnica y científica del asunto. Creen tener la letra, pero lo que hace falta es la música.

<b>El autor es criminologo. Presidente de la Sociedad Dominicana de Criminologia.</b>



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Wilfredo Mora
El autor es criminólogo y perito forense