Los paros de las
actividades públicas se han convertido en un relajo al extremo de que los
ciudadanos sensatos ya no le hacen caso a esos movimientos promovidos por las
fuerzas políticas de la oposición a través de grupos sin relevancia que
promueven desórdenes, como son el Foro Social Alternativo, Convergencia
Ciudadana, el Consejo Nacional de Choferes, la Fedración Nacional de
Trabajadoresy el Frente Amplio de Lucha
Popular (FALPO).
Más que huelgas,
esos movimientos de presión constituyen mecanismos de coacción contra un pueblo
que desea vivir en paz, con derecho a transitar por las calles sin correr el
riesgo de ser atrevesado por una bala o le incendien su vehículo si se atreven
a desobecer la orden de quedarse en sus hogares a la fuerza, como si fueran
presos de confianza. Exceptuamos de este embrollo a las organizaciones que con
mucho tino y sabiduría han rechazado siempre unirse a esas aventuras por ser
dañidas a la economía y a la estabilidad espiritual del pueblo dominicano.
Estos
convocantes que se hacen llamar “dirigentes populares” son tan irresponsables
que disparan contra cualquier ciudadano que osare desafiar sus órdenes de
respaldar sus proyectos. Nunca dan la cara porque se la cubren y tampoco conciben
hacer un paro sin la quema de gomas, destrucción de la propiedad privada y
amenazar a los propietarios de negocios. Y aún así se atreven a llamarle huelga
a ese bandalismo público con matices políticos. Son unos provacadores
financiados por sectores fracasados que no entienden que en el país las cosas
han cambiado y que la población aspira a disfrutar de un clima de tranquilidad.
¿Y esos son los que pretenden gobernarnos en el futuro?
Los paros de
meses atrás tenían como objetivo reclamar del Gobierno la modificación a la Ley
de Hidrocarburos, rebaja del precio de los combustibles y la tarifa eléctrica,
proclama que es de la autoría original del sindicato de choferes de Ramón Pérez
Figuereo y Juan Hubieres. Ahora le agregaron que se aplique el 4% del Producto
Interno Bruto para la educación, el 5% para la UASD, y 10% para los
Ayuntamientos.
Los tres
primeros temas han sido tomados por los sindicatos de choferes como una excusa
para paralizar los vehículos del transporte de manera sorpresiva y elevar los
pasajes a su antojo bajo el alegato de que las piezas y demás accesorios están
caras, a igual que los combustibles. Nadie les cree esos argumentos y cada día
crecen los repudios contra esa clase obrera que se hace llamar “padres de
familia”, pero que en esencia son perdurbadores sociales ignorantes. Son
dirigentes sin cabeza.
Lo del 4% ha
sido aprovechado por el PRD y los grupos fácticos como antorcha de campaña
electoral, lo mismo que el reclamo de los empleados de la UASD y de los
cabildos. Esos reclamos son naturales en estos momentos. Sin embargo, el problema
de la educación no es del presupuesto, sino por la calidad de la enseñanza, de
manera que hay que invertir en la preparación de los docentes. Al parecer, esta
gente no entiende ese lenguaje.
El candidato
presidencial del PRD se ha comprometido a entregar el 4% a la educación, a
pesar de que los gobiernos administrados por esa organización no han sido
capaces de aumentar el gasto a este sector como porcentaje del PIB. Esas son
demagogias e irresponsabilidades. En el año 2001, el gobierno bajó ese renglón de
un 2.4% al 1.3%, en el año 2004 y ahora, como estamos en elecciones, se quiere
confundir a la población con promesas falsas.
Considero como
demandas propias del clima electoral pedir un plan integral contra la
delincuencia y un alto a los desalojos, el aumento general de salarios para el
sector público y privado (ya se aprobaron esos aumentos, pero insisten en lo
mismo); atención a las demandas del sector productivo; rebaja del precio de la
comida y los medicamentos, así como también la anulación del contrato con la
Barrick Gold. Este último reclamo lo agregan entidades de la izquierda.
En cuanto al
plan contra la delincuencia, hay que reconocer que las autoridades han dado
respuestas contundentes con la puesta en marcha de programas sociales en
distintos puntos del país a través de Barrio Seguro que incluye la
pavimentación y reparación de calles, aceras y contenes, mejoría en el servicio
energético, entregas constantes de alimentos, electrodomésticos, reparación de
viviendas, y la integración de militares a la labores de prevención en todo el
territorio nacional para reforzar la seguridad ciudadana conjuntamente con la
Policía Nacional en las zonas vulnerables, dentro del Plan de Seguridad Democrática.
Surjan paros o
no, los crímenes continuarán porque muchas de esas acciones delictivas
(sospecho) son financiadas por sectores de mala estirpe que han hecho del
desorden una profesión. Mueve a sospecha que faltando tres días para el paro
decretado por el Falpo se cometieron atentados contra propiedades de
personalidades públicas: 1) El tiroteo a la yipeta de la artista Betty
Gerónimo, esposa del síndico del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, Francisco
Fernández, y 2) Disparos de armas de guerra que destruyeron los cristales de la
oficina del senador Amílcar Romero en San Francisco de Macorís. Esos hechos son
ingredientes nuevos a los ya existentes protagonizados por delincuentes
remunerados y bien entrenados en el manejo de las armas.
