BUENOS AIRES, 21 nov (IPS) – Con 18 años, la argentina Vanina Alderete es una sobreviviente de la expresión más salvaje de la violencia machista. Cuando tenía 11, su padre asesinó a su madre y a sus dos hermanos y la dejó a ella gravemente herida.
Cinco veces había acudido su madre a la policía para denunciar las agresiones y amenazas del marido. "Ellos decían que no estaban para prevenir sino para reprimir, y le sugerían que no nos metiera a los niños en problemas de pareja", contó la joven a IPS.
Ahora Alderete, que vive en la nororiental provincia de Salta, ganó un juicio al Estado que deberá pagarle una indemnización de casi 250.000 dólares por haber faltado a su deber de protegerla de la tragedia.
El gobierno provincial adelantó que apelará la sentencia. "Todo lo que pregonan sobre los derechos de la infancia y la mujer queda en la nada con la apelación", criticó a IPS su abogado, Oscar Juárez.
La de Alderete es una expresión dramática de feminicidio, como se denomina a los homicidios cometidos contra mujeres por su condición de tales. El padre, condenado a cadena perpetua, dejó a la joven sin familia.
Con un cuchillo de cocina el agresor mató a su esposa y a sus hijos de ocho y cinco años, y creyó haber asesinado también a la mayor, pero la niña logró huir. Estuvo tres meses hospitalizada con graves heridas y ahora vive con un abuelo.
El triple asesinato ejemplifica contra lo que se lucha en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que el viernes 25 abre 10 jornadas de actividades a nivel mundial para concienciar sobre lo que activistas califican como "un genocidio silencioso", que victimiza a la mitad de la humanidad.
Justamente, para dar visibilidad a estos casos de violencia brutal y forzar políticas que pongan fin a la agresión sistemática de la mujer, en los últimos cinco años la figura del feminicidio está siendo incorporada al código penal de países latinoamericanos.
Pero juristas expertas en derechos de género, convocadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), se manifestaron, en general, escépticas sobre la eficacia de la figura.
Mucho mejor que incorporar una nuevo tipo penal difícil de probar, las especialistas se inclinan por exigir un registro oficial de estas muertes y recomiendan mejorar la respuesta del Estado ante las denuncias de mujeres atacadas.
"Yo quisiera restarle neutralidad a la ley penal, pero el tema es cómo hacerlo porque en cinco países de la región donde existe el feminicidio la figura conduce más a la impunidad que a la sanción", dijo a IPS la abogada Susana Chiarotti.
Chiarotti integra el consejo consultivo de Cladem y el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El tratado, conocido como Convención de Belém do Pará, obliga a los Estados americanos a actuar "con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer". Pero el compromiso se incumple en casos como el de Alderete.
"Es vergonzoso que el Estado en lugar de reparar, apele el fallo", sostuvo la argentina Chiarotti.
El feminicidio fue incorporado a la legislación de Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador y México. "Para algunos estados este es el camino fácil, crear una nueva figura, pero el derecho penal aparece cuando la mujer ya murió", alertó.
A su juicio, sería mejor avanzar en la prevención, mejorando la participación del Estado desde el momento en que la mujer hace la primera denuncia. Pero no todas las juristas están convencidas de renunciar a tener el nuevo delito en la ley.
En la discusión convocada por Cladem en Buenos Aires y publicada en octubre con el título "Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio", algunas sostenían que la figura puede ayudar a crear conciencia entre los jueces.
Los funcionarios aún hoy consideran que los celos pueden ser un atenuante en estos casos, y se siguen utilizando conceptos como el de "crimen pasional", la "provocación" de la mujer o la "emoción violenta" para justificar la barbarie, recordaron.
No obstante, la mayoría de las expertas descree de esta vía. La viceministra de la Mujer de Perú, Rocío Villanueva, analizó en el debate la experiencia de su país, donde no existe el feminicidio pero se trabaja con eficacia para prevenirlo.
Perú creó un observatorio dependiente del Ministerio Público que registra cada año los homicidios por violencia sexista y detalla el proceso previo de denuncias de la víctima para identificar las fallas del Estado en la prevención.
Algunas expertas, por ejemplo, propusieron medidas alternativas como la de arrestar al agresor por desacato, si incumple la orden de exclusión del hogar dictada por la justicia luego de un primer ataque.
En cambio, entre los países que incorporaron el feminicidio, los resultados no son alentadores. Uno de los pioneros fue Guatemala donde organismos internacionales alertan de una epidemia de asesinatos por desigualdad de género.
De 2000 a 2010 más de 5.200 mujeres fueron asesinadas en ese país según la policía. No obstante, desde que en 2008 se incorporó el feminicidio, el crimen persiste y la figura no parece efectiva ni para prevenir ni para sancionar.
"La mayoría de los agresores en Guatemala son condenados por homicidio agravado, porque es difícil probar el feminicidio que exige mostrar las relaciones desiguales de poder, la misoginia, o el odio de género", advirtió Chiarotti.
Familiares de las víctimas saben de estas dificultades. En julio, Cristina Siekavizza, una administradora de empresas, desapareció de su casa.
Un mes después, su esposo, Roberto Barreda, huyó con los dos hijos de ambos y se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de su mujer. Una empleada del hogar familiar atestiguó entonces que el hombre había golpeado a la mujer hasta matarla.
"La justicia de este país se mueve lenta cuando se mueve", dijo a IPS Juan Siekavizza, padre de la mujer presuntamente asesinada cuyo cuerpo aún no apareció. "Llevamos meses y seguimos igual", se quejó el hombre.
La madre de Barreda, Beatriz de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, está ahora presa por obstrucción de la justicia, por haber movido sus influencias para impedir la captura de su hijo y la ubicación de los nietos, en otro ejemplo de actuación del Estado contra las víctimas de delitos sexistas.
Siekavizza reconoció que Guatemala cuenta con una ley progresista que condena el feminicidio "pero que se aplique es otra cosa", ironizó.
¿Cómo se explica que, pese a las leyes contra la violencia en todos los países siga habiendo tantos hombres que golpean a las mujeres hasta desfigurarlas y las ultimen con cuchillos, armas de fuego, con sus propias manos o quemándolas con alcohol?
La argentina Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, intentó una respuesta para IPS. "Las leyes, en las que se avanzó mucho en América Latina, no son la respuesta a los problemas".
"Está claro que los estados no son indiferentes a esta forma extrema de violencia y que hay una condena bastante homogénea en la región, pero hay deudas pendientes que no pasan por el plano normativo", remarcó.
Gherardi mencionó la necesidad de contar con estadísticas sobre violencia. Hoy, salvo contados países, la mayoría de los registros de feminicidios están bajo responsabilidad de organizaciones de mujeres que recogen los casos que se publican en diarios.
"Una mejor información nos permitiría mejores políticas", concluyó.
También señaló que hay una segunda deuda del Estado con las mujeres que es el de garantizarles el acceso a la justicia. "La ley penal no es para prevenir, el derecho tiene que dar otras respuestas para que las muertes no sigan ocurriendo", advirtió.
* Con el aporte de Danilo Valladares (Guatemala).(FIN/2011)
