MÉXICO,
24 nov (IPS) – La violencia sexual contra las mujeres crece de modo
exponencial en México, a la par de la intensificación del enfrentamiento
entre las fuerzas de seguridad y las mafias de narcotraficantes,
alertan organizaciones defensoras de los derechos de género.
"Hemos
visto un incremento en la violación tumultuaria, hostigamiento sexual,
tocamientos y violación de niñas", dijo a IPS la activista Imelda
Marrufo, fundadora y coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en la
norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que aglutina a
43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres, registró unas 7.000
violaciones en 10 de los 32 estados de México en 2010, dato que podría
ser mayor tomando en cuenta que las víctimas no denuncian todos los
actos de violencia.
La edad promedio de las víctimas es 26 años, añade el informe.
La agresión sexual es la tercera forma más grave de violencia contra de
las mujeres, detrás del asesinato y la desaparición. En sitios como
Ciudad Juárez, invadida de policías, militares y narcotraficantes,
grupos de hombres "levantan" (secuestro sin pedido de rescate) a niñas y
mujeres, las ultrajan y luego las liberan.
"Es muy grave la situación. Los casos no se investigan y hay mucha
impunidad. Las organizaciones nos han pedido que documentemos los
casos", indicó a IPS la coordinadora ejecutiva del OCNF, María Estrada,
también a cargo del programa de Violencia de Género y Derechos Humanos
de la red Católicas por el Derecho a Decidir.
La represión gubernamental aplicada en la localidad de San Salvador
Atenco, a unos 45 kilómetros al oriente de la ciudad de México, es una
muestra paradigmática de las vejaciones sexuales. El 3 y 4 de mayo de
2006, policías desalojaron violentamente a un grupo de pobladores y
detuvieron a 47 mujeres, al menos 26 de las cuales sufrieron abusos
sexuales, según la organización "Atenco, mujeres en resistencia".
Ante la virtual impunidad de esos hechos, 11 víctimas acudieron a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que
aceptó el caso para su análisis.
La represión de Atenco "se ha vuelto un patrón, se repite en otros
sitios", aseguró Edith Rosales, de 53 años de edad y una de las
peticionarias ante la comisión especializada del sistema de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Se ha dado una utilización de la mujer, son obligadas a participar en
el narcotráfico y son utilizadas sexualmente. Les quitan su vida
normal", detalló Rosales a IPS.
"La violencia contra la mujer está enraizada en la sociedad. Se permite
torturarlas, violarlas y asesinarlas, considerándolas lo más bajo de la
sociedad, y luego se las tira como a despojos", señaló a IPS la
representante del Consejo General de Abogacía Española, Isabel
Valriveras.
Valriveras integra la misión internacional "Por el acceso a la justicia
para las mujeres", que recorre México, Guatemala y El Salvador desde el
17 de este mes para inspeccionar la situación de la violencia de género y
analizar las medidas tomadas al respecto. Su trabajo finalizó este
jueves 24, víspera del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
El Estado mexicano fue condenado tres veces entre 2009 y 2010 por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal en el marco
de la OEA, por violaciones a los derechos de las mujeres.
En noviembre de 2009 fue hallado culpable por el asesinato de las
jóvenes Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en lo que se
conoce como el caso del "Campo Algodonero", por el sitio cercano a
Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los
cadáveres.
En agosto del año pasado, la Corte dictó dos resoluciones condenatorias
más, por las violaciones de que fueron víctimas a manos de militares en
2002 las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el sureño
estado de Guerrero.
Luego de asumir el gobierno de México en diciembre de 2006, el
conservador Felipe Calderón dispuso que las Fuerzas Armadas colaboraran
con la policía en una lucha frontal contra las bandas de
narcotraficantes, en una campaña que ya causó la muerte de por lo menos
50.000 personas, según recuentos periodísticos.
La Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional informó que al menos
159 militares están bajo investigación por denuncias de abusos de
autoridad, tortura y homicidios, otros 57 están bajo proceso y siete más
fueron sentenciados, procesados bajo el fuero castrense.
La organización humanitaria Amnistía Internacional dio cuenta, a su vez,
que al menos 60 indígenas y campesinas han sido violadas por soldados
entre 1994 y 2011.
"No es sólo la invasión del cuerpo, sino que la violación se ejerce
desde aspectos culturales, por ser madres y parejas de quienes están
dentro del crimen organizado. Y no se ven mensajes claros del Estado de
que no se va a permitir la violencia de género", analizó para IPS la
académica Julia Monárrez, del estatal El Colegio de la Frontera Norte y
quien fue perito de la acusación en el caso del "Campo Algodonero".
"No hemos encontrado justicia en México, aquí domina la impunidad", lamentó Rosales.
Entre enero de 2010 y junio pasado, 1.235 mujeres fueron asesinadas en
ocho estados, mientras otras 3.282 desaparecieron en nueve demarcaciones
territoriales, según el Observatorio Ciudadano.
(FIN/2011)
