La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) externó
su preocupación por el proyecto de reforma al código procesal penal aprobado en
primera lectura por la cámara de diputados.
La entidad entiende que el texto contiene elementos perturbadores que
podrían tirar por la borda el largo proceso de consenso y discusiones llevado a
cabo por los legisladores para dotar al país de un instrumento de política
criminal, en capacidad de dar repuesta al creciente crimen organizado y a sus
diversas modalidades y manifestaciones.
A juicio del presidente de Justicia y
Transparencia, Trajano Potentini, el contemplar en el proyecto de modificación
del código la prisión preventiva como prácticamente imperativa o preferente
para los delitos que eventualmente pudieran aparejar penas a partir de los
veinte años, constituye una violación a los artículos 40 y 69 numerales 9 y 3
respetivamente de la constitución, al disponer y garantizar para las personas lo
siguiente:
40.9 Las medidas de
coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y
su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar; 69.3 El derecho a que se presuma su inocencia y
a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por
sentencia irrevocable.
Asimismo Potentini, consideró como un posible
retroceso, la imprescriptibilidad de los delitos con penas de los diez años en
adelante, como una especie de premio a la ineficiencia de la policía y del
ministerio público en la persecución de los crímenes y delitos,
imprescriptibilidad que bien puede ser reservada para la comisión de grandes
crímenes que involucren homicidios, narcotráfico, terrorismo, secuestro, sicariato
y violación sexual; entre otros.
Según la FJT otro punto a contemplar seria la
capacidad que se le quiere conferir al ministerio público de perseguir y
apresar a los imputados con condenas definitivas, funciones hasta ahora de la
exclusiva competencia del juez de ejecución de la pena, que al estar compartida
con los fiscales pudiera resultar en la desnaturalización de la responsabilidad
del fiscal a todo lo largo del proceso.
Potentini, observó y saludó los esfuerzos y el
gran trabajo desplegado fundamentalmente por la comisión de justicia de la
cámara de diputados que dirige Demóstenes Martínez, integrándole al código
procesal penal, en las pretendidas modificaciones en más de 70 artículos las
mejoras y adecuaciones necesarias para un mejor instrumento.
Finalmente la Fundación Justicia y Transparencia
(FJT) lamenta que ante la magnitud de grandes avances previstos en el proyecto,
el congreso permita empañar su obra de consulta y consenso con algunos
elementos a todas luces perturbadores.
