MÉRIDA, México. El presidente Leonel Fernández se sumó a
los mandatarios que suscribieron la declaración de la XIII Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la
que se pide a Estados Unidos y demás países consumidores de drogas adoptar
medidas más drásticas y eficaces para rastrear y cortar el flujo de dinero
producto de actividades ilícitas hacia las organizaciones criminales.
La declaración de los mandatarios sostiene que para
reducir significativamente el crimen organizado, lo deseable sería una sensible
reducción en la demanda de drogas ilegales.
“Sin embargo, si ello no es posible, como lo demuestra la
experiencia reciente, las autoridades de los países consumidores deben entonces
explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias
exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado
orientadas hacia ese propósito”, declaran los mandatarios en su petición tras
abordar el tema del narcotráfico y el crimen organizado como uno de los principales
retos de sus naciones.
Los jefes de Estado manifestaron que con la adopción de
esas medidas se evitaría que el trasiego de esas sustancias siga provocando
altos niveles de crimen y violencia en los países latinoamericanos y caribeños.
Demandaron, además, a los congresos de los Estados y de
otras naciones productoras y vendedoras de armas que establezcan medidas
efectivas para registrar, regular e impedir el trasiego de armas de asalto y
otras de alta peligrosidad a los grupos criminales de los países de la región.
Coincidieron en señalar en que durante las últimas
décadas las ganancias extraordinarias producto de la venta de drogas ilegales
en los principales centros de consumo han dado un enorme poder financiero a las
organizaciones delincuenciales tras nacionales dedicadas a traficar drogas.
“Esto, a su vez, ha generado una espiral de crimen y
violencia en diversos países de América Latina y el Caribe, debido al alto
poder económico de esos grupos y al aumento de su capacidad de fuego”, precisa
la declaración firmada por República Dominicana.
Manifestaron que lo más grave aún es el hecho de que la
mayoría de las armas que utilizan los criminales, en contra de civiles y
autoridades, son adquiridas en los propios centros de consumos de drogas, sin
que se tengan medidas efectivas para controlar la venta masiva de armamentos a
los criminales.
Destacaron el alto costo en términos de vidas humanas,
tanto contra civiles como de elementos de las fuerzas de seguridad, que ha
conllevado la operación del crimen organizado.
Coincidieron en que el fenómeno se ha venido agravando en
los últimos años, entre otras razones, porque el consumo de este tipo de
sustancias, lejos de disminuir ha venido aumentando.
Subrayaron que en algunos casos los criminales no limitan
su actividad al tráfico y distribución de drogas, sino que diversifican su
actividad y actúan como organizaciones criminales que secuestran, extorsionan,
y en general, buscan apoderarse de las rentas de una comunidad a través de la
violencia o la amenaza a los ciudadanos.
“Esto representa una amenaza a la paz y a la convivencia
democrática en las naciones de América Latina y el Caribe”, termina la
declaración firmada por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Costa Rica, Belice, Colombia, El Salvador y Panamá.
