En 2003, al país se le dijo, que con el Nuevo
Código Procesal Penal y el Estatuto Orgánico creado con la ley 78-03 ahora
convertida en ley 133-11, la nación
tendría fiscales no solo profesionales sino especializados que podrían hacer
frente con vigor y justicia a las embestidas del crimen, y a toda violación a
las normas legales de la sociedad.
Es decir que actuarían con independencia e
imparcialidad. Sin embargo muchos hechos pueden inducir a pesar que el esfuerzo
fue toda una estafa pues nunca como en la época posterior a la vigencia del
denominado Nuevo Código Procesal Penal, se han materializado tantos yerros de parte de
los fiscales. Nunca la ciudadanía había padecido los niveles de inseguridad que
hoy registran las estadísticas.
A diario un ciudadano muere a manos de
desalmados, o en simple accidente de tránsito. Todo esto ocurre sin que la
nación sepa cuál es la política anticrimen que ejecuta la Procuraduría General
de la República.
Algo insólito si incluso se habla de la
existencia de una escuela para fiscales cuya carga académica es superior a
cualquier maestría o doctorado del extranjero, es decir, quien tenga una
maestría o un doctorado, no puede escapar a las sabias enseñanzas de la Escuela
Nacional del Ministerio público si desea entrar a la carrera de fiscal. Con tan
alto grado académico podría entenderse que las funciones de los defensores
judiciales de la sociedad están garantizadas fuera de toda duda razonable, sin
embargo, a decir de los hechos, otra es la realidad.
Pongamos algunos ejemplos,
las fiscalías barriales, esa brillante iniciativa del Ex Magistrado Hernández
Peguero, languidecen, sufren y se ahogan en el mar de la indiferencia. Sus
fiscales son en buena parte, provisionales, e incluso, algunos deben cubrir más
de una plaza.
El servicio a la ciudadanía es allí precario, a leguas se nota la
apatía del personal. A pesar de la bonhomía de los coordinadores del Distrito
Nacional como de la Provincia Santo Domingo. Es que las directrices son
difusas. Es que no existe política criminal, solo existen líneas
circunstanciales consecuencias de algunos hechos que ocasionan gran ruido
público o que envuelven a encumbradas personalidades. Sin estos ingredientes,
el ciudadano medio no existe para nuestros sabios fiscales y su pundonorosa
escuela.
El hombre de a pie, ciudadano medio está fuera de los manuales de esa
alta academia. El llamado poder institucional es polivalente, se impone a toda
racionalidad funcional. He aquí uno de los mayores logro de esa escuela, crear
fiscales serviles al poder, lo que implica descuidar a la ciudadanía y cuidar
el puesto. Ahí radica parte del origen del problema que hoy nos acogota. El
honor, la reciedumbre de carácter están prohibidas.
En materia de género, suena un caso que está
rodando desde 2007 de fiscalía en fiscalía, y hasta la cabeza del gerente de
este sector, alguien que honra dicho ministerio, ha tenido que gemir
públicamente su impotencia.
Es decir, la gente con prestigio está siendo
cuestionada por la opinión pública y todos y todas sabemos, que designios
superiores le están impidiendo actuar, lo que no se sabe es hasta cuando ese
personal permitirá manchar su hoja de servicio al país por cumplir órdenes
inadecuadas a los casos, pues, con un tratamiento adecuado del proceso, muchos
asuntos podrían tener desenlaces diferentes. O, mejor dicho, las estructuras de
dialogo, de seguimiento al caso, son las que han fallado o bien son las que no
han podido realizar su labor porque “se bajó línea”.
Algo institucional está quedando atrás, la
ley 78-03 contenía la figura del Ministerio Público especializado, en género,
familia, niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, Derecho Tributario,
laboral, propiedad intelectual, etc., pues bien, todos han quedado ahora bajo
los designios de la ley 133-11, como simples ayudantes de sus respectivos
titulares. Si esto no es un retroceso que se me explique qué cosa es.
La
centralización del Ministerio se debió al marco de la primera generación de
derechos fundamentales que preveían garantías sobre derechos solo para una
clase social que había ascendido al poder político con la Revolución de 1789 en
Francia. Es el llamado Estado Liberal, es la política que ve en todo pobre,
negro, mulato, etc., un delincuente en potencia y en todo blanquito un
ciudadano honorable.
Ahora no, ahora estamos bajo el Estado Social, estado que
garantiza derechos iguales a todos los y
las ciudadanos, es decir, se parte de conceptos sobre el Estado complejo, el
estado multicultural, multiclasista, que se entiende, debe armonizar intereses,
lo cual conduce a la especialización del Ministerio Público, pues bien bajo el
Estado liberal tuvimos un ministerio público especializado, ahora en cambio,
bajo una constitución que consagra el Estado Social, tenemos un ministerio
público no solo centralizado sino dependiente de las sabias “líneas políticas”
que se le tracen. Es decir factores fuera de la técnica jurídica determinan el
accionar del ministerio público, el resultado de esto está en los medios de
comunicación, un alza excesiva del crimen sin solución y sin una política
preventiva.
Tenemos fiscales que no investigan porque al
igual que la Policía Nacional, carecen de la logística necesaria, porque al
igual que en la Policía Nacional impera el jefismo y como se entenderá, la
investigación y la construcción de un expediente no tienen que ver con líneas
ni con ordenes sino con la búsqueda de la verdad. Estamos pues a las puertas de
la necesidad de renovar el ministerio público y de desterrar la ceguera que le
ha impedido alzar vuelo bajo un marco constitucional en contradicción con una
ley que se dice orgánica. DLH-11-12-2011
