Resulta
mala señal la actitud mostrada pororganizaciones políticas y alguna personalidad prominente acerca
delrecurso presentado por el Partido Revolucionario
Dominicano en demanda del cese de funciones de los miembros de la Junta Central
Electoral, porque su ejercicio chocacon
una disposiciónde la Constitución de la
República.
Aunque
parezca fuera de tiempo, la iniciativa del PRD está justificada, de acuerdo al
derecho. No porque lleguetardío elremediopuede negarse la presencia del mal. Noha sidoel PRD ni su candidato
presidencial, Hipólito Mejía, quieninventarael señalamientoque fundamenta la demanda, sinola séptima disposición transitoriadenuestra Constitución.
El
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, por mandato de la
Carta Magna,debieronintegrarse antes de la designación de los
miembros de la Junta Central Electoral. El Senado no observó ese mandato para
designar a los actuales miembros de la JCE, pero eso no quiere decirque el mismo haya sido derogado.
La
séptimadisposición transitoria,
contenida en el capítulo II, título XV, de la Ley Fundamental, expresa: “Los actuales
integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta
la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la
designación de sus incumbentes”.
El
Partido de la Liberación Dominicana, dueño del Senado y del Consejo Nacional de
la Magistratura, retardóla escogencia
de los integrantes de los referidos tribunales, debidotal veza su ocupaciónen las
pretensiones de repostulación del presidente Leonel Fernández, lo cuales rechazado por el artículo 124 de la Carta
Magna.
Una
sociedad que deja hacer y pasar, en violación de normas fundamentales para la
convivencia civilizada,anda muy mal.
Partidospolíticos y medios de
comunicaciónpudieran sentirse dolidos
de no advertir antes lo que pasó con la JCE, pero por el contrariocreen fuerade lugar la demanda del PRD. Preocupa que grupos considerados de
avanzada se pronuncien a favor del “déjenlo así”.
Es el
texto constitucional elaborado por Leonel Fernández y el PLD que ubica a la
actual Junta Central Electoral al margen de la ley.Es prudentebuscar remedio a lo que está mal,
aunque se descubra fuera de tiempo.Los
partidostienen responsabilidad
ineludible con el sostenimiento de la democracia y el robustecimiento de las
instituciones. Eso quiere el PRD con su paso frente a la JCE.
La
situación de inconstitucionalidad de la JCEes un problema jurídico, aunqueno se niega que admite una solución política. Lo que no ha de tolerarse
esindiferencia y displicencia ante una
irregularidad. Eso sí que es una actitud mala. Dejar hacer y dejar pasar, dicho
en francés o dicho en español, es una grave irresponsabilidad.
