Tuve que leer hasta la última letra la sentencia de los cinco
magistrados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el
recurso de casación interpuesto por uno de los dominicanos descendientes
de haitianos a los que se les niega la expedición de copias de sus
actas de nacimiento, para creer que pudieran avalar el genocidio civil
que se viene practicando con miles de personas. <br>
Ese dictamen no sólo es un adefesio jurídico, como sostienen los
abogados recurrentes, sino también un acto de extrema inhumanidad que
desnacionaliza a miles de personas de todas las edades y las condena a
un ghetto sin precedente, en violación a preceptos jurídicos universales
como el de la irretroactividad de la ley y la Constitución.
Con el agravante de que remite el caso al escenario internacional a
través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la nación
dominicana volverá a ser condenada.
Con un retraso de tres años y medio, inexcusable en un recurso de
amparo sobre un asunto tan fundamental como el derecho a la identidad de
un ciudadano, la corte rechaza el recurso de casación interpuesto por
Emildo Bueno Oguis, nacido en Villa Altagracia, San Cristóbal, hace más
de tres décadas sobre una sentencia del 30 de abril del 2008 del
entonces denominado Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo,
que había avalado la decisión de la oficialía del Estado Civil de
negarle la expedición de copia de su acta de nacimiento, atendiendo a
una simple circular administrativa de la Junta Central Electoral.
Irónicamente el dictamen encuentra al impetrante Bueno Oguis
residiendo legalmente en los Estados Unidos, amparado en el pasaporte
que legítimamente había obtenido con su documentación de dominicano.
Al parecer encontró más humanidad en las autoridades inmigratorias
norteamericanas que le proporcionaron la residencia en base al
pasaporte, ya que le resultó imposible presentar copia de su acta de
nacimiento, para que pudiera reunirse con su familia.
Para comprender la dimensión del abuso debe saberse que Bueno Oguis
había obtenido copias de su acta de nacimiento una docena de veces para
inscribirse en la educación primaria, secundaria y universitaria, para
sacar su cédula personal de identidad y su pasaporte, para casarse y
para otros actos legítimos de cualquier ciudadano.
Como él decenas de miles de descendientes de haitianos, cuya
inscripción como dominicanos era común pues se entendía que estaban
amparados por la Constitución vigente y hasta por la ley de migración y
su reglamento.
Era tan obvio que esos actos del Estado Civil eran legítimos, que
quienes en las últimas dos décadas empezaron a cuestionarlos,
promovieron y consiguieron en el 2004 una modificación de la Ley de
Migración para limitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes
de inmigrantes ilegales aunque nacieran en el país.
Lo mismo restringieron el precepto del jus soli en la Constitución proclamada en enero del año pasado.
Produce consternación la lectura de esa sentencia, donde los jueces
supremos no aportan un solo argumento propio en una materia tan
fundamental, limitándose a repetir los del Tribunal contencioso,
avalando una aplicación retroactiva de la nueva ley de migración y de la
Constitución del 2010 y evadiendo responder a cuatro de los cinco
alegatos del recurso de casación, como explicó por Teleantillas el
reputado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, abogado de Bueno Oguis.
Nadie ha negado que la Junta Central Electoral tenga facultad para
adoptar decisiones en materia de su incumbencia ni para emitir
circulares, como avala la sentencia.
Lo que se objeta es que asuma facultades que corresponden a los
tribunales, como establece el artículo 31 de la Ley 659 sobre Actos del
Estado Civil.
Esta sentencia abre las puertas de par en par para que los afectados
recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el
2005 dictaminó disponiendo la inscripción de dos niñas descendientes de
haitianos proclamando que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de
sus padres.
Con más razón en casos como el de Bueno Oguis con décadas de
inscrito. Sólo nos esperan nuevas condenas y escarnios
internacionales.
