<p>2011, año de la transición del Estado liberal al social</p>

2011 será recordado por el pueblo dominicano
como el año en que los despojos de la transición de dictadura a democracia
desaparecieron para dar espacio a la estructura del Estado Social y democrático
de derecho. Antes de concluir este año el país tendrá un Tribunal Electoral de
nuevo tipo, una Suprema Corte de Justicia renovada y, por último, un tribunal
de garantías constitucionales.

Estos tres tribunales habrán de conducir el país
por un rumbo democrático en el cual, los ciudadanos no serán vistos más que
como tales por quienes gobiernen. Habrá quedado a tras la época en que los
gobernantes eran todo y la sociedad nada. Es decir emergerá el gobierno de los
jueces en el sentido de que toda la actividad del Estado estará signada por el
principio de la legalidad administrativa so pena de ir a la cárcel.

Así, creadas las estructuras democráticas, es
de esperarse que los ciudadanos y ciudadanas que sean escogidos para integrar
esos tribunales estén a la altura de sus funciones, ojalá que no tengamos, como
en la era de Trujillo, a personajes que hayan firmado una carta en blanco o de
renuncia al mundo político como prueba de lealtad absoluta hacia los políticos
que les escojan y desprecio total hacia el pueblo. Esta ciclópea tarea es hoy
día más urgente que nunca, pues sin este tipo de ciudadanos, no alcanzaremos la
tan anhelada madurez democrática. Los políticos pueden seguir con sus sueños de
control total pero cada ciudadano debe mantener su sueño de una patria mejor y
vivible para todos sin corruptos, sin ilegalidades, sin desprecio por los
ciudadanos de a pie y sus pequeños grandes problemas.

El tribunal electoral es la herramienta que
ha de garantizar a la ciudadanía la integridad de su voto, pues el voto, es la
fracción de soberanía que descansa en manos de cada ciudadano, si el mismo es
vulnerado, se habrá vulnerado a la propia democracia, al pueblo mismo. De ahí
que los jueces de ese tribunal llamados ya en algunos corrillos jueces zánganos,
deben tomar muy en serio su función al servicio del pueblo y no de los
intereses bastardos de los políticos, pues no tendrán muchas funciones en el
tiempo más que en periodos electorales y siempre que exista contestación seria
sobre la vulnerabilidad del sufragio, lo que ha llevado a algunos países a
tenerlos dentro de los jueces constitucionales, pues siendo el voto el primer
derecho y el primer deber de una democracia, mal puede uno darle un trato
diferente a los del tribunal constitucional, sin embargo, en el caso
dominicano, se ha optado por crear un tribunal electoral independiente del
Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que lo sea
además del mundo político, pues si esos tribunales vienen a ser más de lo
mismo, la nación entera habrá sido defraudada.

En lo referente a la escogencia de la Suprema
Corte de Justicia no debe haber sorpresas pues siendo los jueces de Corte
jueces de escalafón habrán de ser inexorablemente promovido. Lo lamentable
sería que el Consejo Nacional de la Magistratura se incline por jueces de los
que en la actualidad forman parte de dicho tribunal, pues casi todos, si bien
no son excluibles por su edad lo son por llevar más de dos periodos de siete
años en sus asientos, lo cual está prohibido por la vigente Constitución como
por sentencias de esos mismos jueces quienes por sentencia han dejado dicho que
la Constitución es de aplicación inmediata. Es decir no existe abajadero
constitucional para su permanencia en el cargo.

El Tribunal Constitucional es la más alta
Corte de la nación es a ese tribunal a quien el constituyente ha encargado la
misión de defender la Constitución bajo el modelo concentrado, pero ese modelo
concentrado, que en el caso dominicano es más bien mixto, pues de manera difusa
todo tribunal puede conocer un recurso de inconstitucionalidad sobre un proceso
abierto en cualquier jurisdicción, es el llamado a convencer a la sociedad
civil como a la sociedad política, de que en la República Dominicana se han
operado cambios democráticos importantes. Que esos cambios son reales y que
tanto los funcionarios públicos, o servidores de la nación, deben acatar sus
directrices so penas de verse enfrentados a los designios sancionadores de la
Carta Magna. Es decir tenemos una constitución cuyas reglas no son formales
sino aplicables a todo aquel que se aparte de ellas.

En el ordenamiento constitucional anterior,
correspondía a la suprema Corte juzgar a los demás poderes lo cual se
consideraba violatorio del principio de la separación de los poderes, pues uno
de los tres poderes que han de funcionar de modo independiente, se abrogaba el
derecho de juzgar a los otros dos, el resultado era una conchupancia entre
ellos, una especie de connivencia letal para el sistema democrático, es decir,
un descrédito constante, ahora esta discusión ha quedado cerrada pues el
Tribunal constitucional habrá de resolver los conflictos inter poderes como
también las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, de
manera que la actual Carta magna si puede ser llamada una carta de derechos
ciudadanos. Esperemos que los funcionarios públicos entiendan el rol de este
tribunal y que no traten de evadir sus decisiones, pues como hemos visto en
Colombia y otros países, es a este órgano a quien le asiste todala obligación de interpretar la Constitución.
El caso brasileño es todavía más elocuente pues existe una presidenta que está
enviando a la justicia a todo aquel que es denunciado como corrupto.
DLH-18-12-2011.