Al poner en circulación en Santiago la segunda
edición corregida de su libro “El delito de opinión pública: censura,
ideología y libertad de expresión”, el presidente Leonel Fernández
declaró que los jueces dominicanos no han hecho conciencia sobre las
violaciones que se cometen a través de los medios de comunicación.
Y lo
que es peor todavía: que las sentencias que han evacuado sobre algún
proceso ha sido por la presión de los medios informativos. Pese a lo
comprometedora, las declaraciones del Presidente pasaron tan
inadvertidas como la penalización que planteó contra el delito que
atente contra el honor, la intimidad y la dignidad de las personas,
entre los que citó la difamación, la injuria y la calumnia.
La respuesta
a la preocupación del jefe del Estado la ha dado el magistrado Arturo
Zaldívar, al fallar, tras siete años en los tribunales mexicanos, el
litigio entre la revista Letras Libres, dirigida por el historiador
Enrique Krauze, y el diario La Jornada.
En un artículo de opinión titulado “Cómplices del terror”, publicado
en Letras Libres, se acusó a La Jornada de estar al servicio de un grupo
de asesinos hipernacionalistas, por su supuesta complicidad con la
banda española ETA.
Ante la demanda del diario por el delito de
difamación, el magistrado Zaldívar sentenció que como piedra angular de
una sociedad democrática, la libertad de expresión goza “de una posición
preferencial frente a los derechos de la personalidad, dentro de los
cuales se encuentra el derecho al honor”.
Y agrega, como para despejar
la preocupación del presidente Fernández , que “el valor constitucional
de una opinión no depende de la conciencia de jueces y tribunales, sino
de su competencia con otras ideas”, para concluir que el debate en temas
de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo
incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre
personajes públicos”.
