Tienen sentido las quejas formuladas por
el pastor Ezequiel Molina Rosario cuando dice que la vida humana ha sido
devaluada en el país a su mínima expresión como parte de ofensiva desatada por
la delincuencia y la benignidad de la Justicia que no se atreve a aplicar sentencias rigurosas.
No podemos meter a todos los jueces en el
mismo saco porque entonces estaríamos cometiendo un acto de injusticia. Sin
embargo, la realidad es que muchos magistrados no se atreven a evacuar
sentencias rígidas contra los delincuentes por temor a ser agredidos o sus
familiares. Esta nueva situación afecta el ejercicio de un verdadero estado de
derecho en perjuicio de nuestra sociedad.
Muchas amenazas contra estos profesionales
del derecho son enviadas desde las cárceles de parte de ciudadanos vinculados
al trasiego de drogas y en otros crímenes. Existen jueces que prefieren callar
y no denunciar esas intimidaciones. Esa es una de las tantas excusas que
tendrían al ordenar la libertad de los antisociales, independientemente de que
pudieran acontecer trasiegos de soborno y extorsión.
No podemos negar que los delincuentes se
han apoderado de las calles puesto que ahí están los hechos. Vivimos temerosos
de ser atracados y asesinados por esos personajes quienes, cuando son apresados,
logran salir con facilidad de las cárceles bajo la ridícula tesis de que no hay
evidencias para formular cargos y esa es una lamentable herencia del Código
Procesal Penal.
Lo que más indigna es que estos
delincuentes no actúan solos, sino que reciben el respaldo de ciertas
autoridades encargadas de reprimir el crimen y proteger a la ciudadanía. El
ejemplo lo vemos en los barrios donde, según denuncias públicas, estos
antisociales pagan peajes a las autoridades para que les permitan hacer sus fechorías, incluyendo
la venta de sustancias prohibidas. Agregamos los casos de los ladrones de
cables del tendido eléctrico, lámparas, carros, motores, jipetas, tapas de los
filtrantes y las barandas de puentes y carreteras, y nunca son apresados y si
los detienen los libertan “por falta de pruebas”.
Otros engendros de la delincuencia que
aterrran al país son los menores que asaltan y matan con el propósito de
conseguir dinero para comprar ropas caras y de marcas, whisky, vehículos, y
drogas para el consumo personal. Esas acciones constituyen un desafío para los
responsables de combatir la delincuencia. Es tan preocupante lo que está
ocurriendo quelos atracos se cometen a
la luz del día hasta en colmados, farmacias, bancas de apuestas, donde suelen
estar muchas personas, lo que representa una burla, un reto a nuestras
autoridades y una severa estocada al turismo y terror para el inversionista
extranjero.
Hay que incluir en este prontuario de
hechos a los llamados delincuentes de cuello blanco encarnados en los sectores
poderosos, que cometen fraude en la energía eléctrica, roban el dinero del
erario público mediante prácticas ilícitas, son evasores de impuestos, y
ejercen el lobismo con óptimos resultados económicos. Para ellos, no existen
códigos judiciales. Por lo visto, la vida humana no sólo se está devaluando en
República Dominicana, sino también el principio de autoridad y responsabilidad
ciudadana.
