SANTO DOMINGO.-El jurista Julio Cury calificó como insuficiente la
solicitud que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) les hizo a
los jueces que deciden los casos por miedo, capricho, amistad, familiaridad,
conveniencias, contubernio o dinero, para que abandonen el Poder Judicial.
A propósito del
llamado hecho por el magistrado Mariano Germán Mejía durante la audiencia
solemne celebrada con motivo del Día del Poder Judicial, Cury reiteró la
propuesta que hizo pública en meses pasados para que se instituya el delito de
prevaricación judicial, de manera que los jueces que dicten fallos “manifiestamente
contradictorios con el ordenamiento jurídico, o que vayan más allá de la mera
ilegalidad producto de una interpretación errónea o discutible”, sean penados
correccionalmente y se les inhabilite para ocupar empleos públicos de 2 a 6 años.
Aseguró que para
fortalecer la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema judicial, no
basta con separar a los jueces venales o incompetentes, sino que también es
necesario “limitar la convicción omnímoda del juez para evitar que falle, como
expresó el magistrado Germán Mejía, por capricho, amistad o venalidad”.
Cury, quien es
asesor del candidato presidencial del PRD, ingeniero Hipólito Mejía, insistió
en que la solicitud del Presidente de la Suprema Corte de Justicia revela “lo
que es un secreto a voces, y es que algunos jueces cuyos nombres y apellidos
son de todos conocidos, dictan con sospechosa frecuencia decisiones sin
fundamentos legales, y peor aún, en base a hechos no acreditados o carentes de
elementos probatorios que corroboren las pretensiones que antojadizamente
consienten en sus sentencias”, expuso.
Explicó que
expulsarlos de sus cargos no basta, sino que también es indispensable tipificar
penalmente sus faltas. Para eso, dijo, la Suprema Corte de Justicia debe
ejercer la facultad que le reconoce el numeral 3 del artículo 96 de la
Constitución y someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que consagre la
prevaricación judicial como delito. Según el reconocido jurista, mediante la
penalización de la ignorancia inexcusable, los jueces que el Consejo del Poder
Judicial destituya por la comisión de faltas graves podrían ser también
condenados a penas privativas de libertad, lo que para Cury afianzaría en todas
las jurisdicciones judiciales “las garantías del debido proceso y el ideal de
Justicia”.