<p>Lobo obediente ante EEUU permite extradición</p>

<p style="font-weight: bold;">TEGUCIGALPA,
20 ene (IPS) – El Congreso legislativo de Honduras aprobó una reforma
de la Constitución que faculta la extradición de nacionales, apenas 24
horas después de un sorpresivo encuentro entre el presidente Porfirio
Lobo y delegados del gobierno de Estados Unidos.

Sin
anunciarlo, Lobo se reunió con representantes de la Casa Blanca en
Miami, el miércoles 18, y la noche del jueves 19 el parlamento modificó
la carta magna para permitir la extradición de hondureños a un Estado
extranjero, en el caso de delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen
organizado.

La decisión se tomó a puertas cerradas y bajo fuertes medidas de
seguridad. De los 128 diputados, solo la izquierdista Unificación
Democrática mostró reservas sobre la facultad de extradición por
terrorismo, pero igual votó a favor. La medida fue negociada
afanosamente a lo largo del jueves con sectores políticos y grupos
económicos de poder.

El artículo constitucional reformado es el 102, que prohibía la
expatriación de un hondureño a un Estado extranjero. En un escueto
comunicado de dos párrafos, difundido la noche del jueves, los
legisladores indican que la reforma obedece a motivos de seguridad
nacional.

Por razones legales la reforma constitucional deberá ser ratificada en
el nuevo periodo legislativo, que comienza el día 25, lo que se
descuenta que se producirá rápidamente, y a partir de entonces Honduras
será libre de extraditar a un connacional a cualquier país con quien
sostenga este tipo de tratados.

Diversos sectores atribuyen la veloz acción al llamado de atención de
Washington a Lobo y altos funcionarios que lo acompañaban en Miami, por
la parsimonia para resolver problemas de seguridad, como el escándalo de
policías implicados en asesinatos, secuestros, robo de armas,
extorsiones y otros hechos delictivos.

También porque aún no se resuelve el asesinato hace dos años del zar
antidrogas Arístides González, a los que se suma la muerte del exasesor
en seguridad y experto en lucha antidrogas Alfredo Landaverde, hace más
de un mes. Ambos estaban muy ligados a la embajada de Washington en
Tegucigalpa.

El exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, dijo a IPS que "es obvio que
Estados Unidos presionó, porque un día después de esa cita en Miami, se
aprueba esta reforma constitucional que venía siendo demandada desde
hace más de una década".

"Felicito a los diputados por esta valiente decisión y entiendo que no
hayan querido hacer pública la sesión ni revelado el nombre de los que
votaron a favor, porque había amenazas del narcotráfico contra muchos de
ellos", dijo Orellana.

En la reunión de Miami, participaron además del derechista Lobo, su
ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el presidente del parlamento
unicameral, Juan Orlando Hernández, y otros dos funcionarios.

Por Washington, la reunión la encabezó la subsecretaria de Estados para
Asuntos de América Latina, Roberta Jacobson, la embajadora en
Tegucigalpa, Lisa Kubiske, además de funcionarios antinarcóticos y del
Consejo de Seguridad de Estados Unidos, informaron fuentes diplomáticas
hondureñas.

Ahí Estados Unidos habría presionado por la depuración de la policía
hondureña ante el nivel de contaminación con el crimen organizado, tras
anunciar el envío de dos asesores especiales en seguridad, uno de los
cuales trabajará directamente con el presidente y el otro con el
ministro Bonilla, a partir de febrero.

Lobo rehusó hablar sobre interioridades de la cita de Miami y se limitó a
repetir los lineamientos de un comunicado emitido por Washington, que
anuncia la cooperación en seguridad, destaca las acciones hechas por
Honduras en materia jurídica para combatir el crimen e insinúa que la
depuración policial requiere de mayores "esfuerzos".

Hernández fue más amplio que Lobo en sus declaraciones tras la cita en
Miami. "Trazamos las grandes líneas estratégicas en seguridad y no
podemos retroceder en lo actuado, vamos a profundizar las reformas que
faltan en materia de seguridad" dijo.

Adelantó que no descartan la creación de una nueva policía y que habrá
muchas sesiones parlamentarias que por motivos de seguridad nacional "no
serán accesibles a la prensa, a quienes pedimos comprensión".

El anuncio de Hernández sobre la nueva policía casi hace desvanecer en
una comparecencia pública a la viceministra de Seguridad y excomisionada
de la policía, Coralia Rivera, al aseverar que "no esperábamos esto,
sobre todo la forma en que lo dijo (Hernández), así de repente".

Rivera es mencionada en informes confidenciales de la Fiscalía del
Estado de poco diligente en las denuncias contra policías y oficiales
implicados en la criminalidad y especialmente en narcotráfico, pero ella
rechaza esas acusaciones y dice que trabaja para "limpiar" la imagen
policial.

La rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Julieta Castellanos, dijo a IPS que la facultad de extraditar a
ciudadanos hondureños "es un buen mensaje de querer actuar, un efecto
disuasivo que permitirá penetrar con alguna eficiencia en la detección
de las redes de la criminalidad organizada".

Añadió que esa reforma también lleva un mensaje implícito para "la
policía corrupta" ante las últimas acciones criminales en que se ha
visto envuelta, entre ellas el asesinato de uno de sus hijos y uno de
sus amigos el 22 de octubre de 2011. Por el caso hay cinco policías
presos y otros tres están prófugos.

Por su parte, el jurista y asesor de la Fiscalía del Estado Rigoberto
Espinal dijo a IPS que esta medida "es un factor importante en la lucha
contra la impunidad, nosotros la esperábamos porque ahora habrán más
elementos jurídicos en la persecución de este delito".

La presión de Washington por esta reforma se intensificó desde hace dos
meses cuando incidió para que invitaran a un foro al fiscal contra el
crimen de Colombia, Germán Zamudio, cuya visita, según conoció IPS,
levantaba reticencias en importantes estamentos.

Varios diputados y funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial
exigían que la visita fuese de bajo perfil y al mismo tiempo rehusaban
que tuviese patrocinio estatal. Finalmente, fue la empresa privada la
que posibilitó su estadía.

Honduras se ha homologado ahora en materia de extradición a El Salvador y
Guatemala, los países que conforman el "triángulo norte" de América
Central, una de las zonas más violentas del mundo, por la fuerte
presencia de los carteles de la droga desplazados al istmo por las
guerras contra su actividad libradas en Colombia y ahora en México.
(FIN/2012)