La sentencia de seis meses de prisión y el pago de un millón de pesos que impuso una jueza de Nagua al periodista Johnny Alberto Salazar, además de violar el sagrado y caro derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, constituye un grave atentado contra el sano ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.
Entendemos que esta sentencia no tiene base jurídica ni justificación alguna, porque en ese tribunal no se presentó ni una sola prueba que avalara la acusación de difamación e injuria que hizo el abogado y dirigente del MIUCA, Pedro Baldera, quien se ha unido con los peores intereses políticos y económicos de Nagua para conspirar contra un periodista honrado y responsable como lo es Johnny Alberto Salazar.
Ni los periodistas ni la sociedad dominicana podemos permitir que este atentado a la libertad de prensa se materialice. Apelaremos la sentencia y reclamaremos un juicio disciplinario contra la magistrada Salma Bonilla, quien deberá explicar cuales fueron las razones que tuvo para dictar una sentencia sin fundamento legal.
Esta jueza cometió otra arbitrariedad en el desarrollo del juicio al no permitir el acceso de periodistas y público, a pesar de estar consagrado en la Constitución de la República y sobre todo rechazar todas las pruebas presentadas por los abogados del periodista.