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Pese a que en sus filas hay hombres probos e incorruptibles, no es un secreto para nadie que el sistema judicial en República Dominicana adolece de grandes debilidades. Es que dentro de ese mundo de expedientes, abogados, acusados, acusadores, los asuntos que se puedan considerar asuntos superficiales, en honor a la verdad que no lo son.
Aunque reconocemos hay sus excepciones, a vox populi se sabe que en este país hay jueces que se venden al mejor postor, en ocasiones por íntima convicción o por amenazas que reciba. Escándalos de tiempos ya idos, otros más recientes, y de ahora no nos dejan mentir.
Incontables han sido, y siguen siendo, las críticas dirigidas en contra de muchos de los hombres encargados de administrar justicia en República Dominicana, y más si se trata de aquellos jueces que han tenido en sus manos casos relacionados con el narcotráfico o lavado de dinero proveniente de ese flagelo.
Hay sentencias -y en esto no vamos a hablar de que sean la mayoría- que son muy complacientes hacia quienes debieron ser condenados a penas mayores, debido a la gravedad de las violaciones a la ley de determinados personajes.
El jefe de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, al participar en un programa de televisión, se quejó durante el pasado fin de semana que hay jueces que han llevado casos de narcotráfico que han sido amenazados y advertidos respecto a lo que les pueda pasar a familiares cercanos, entiéndase hijos que asisten a colegios.
“Sabemos en cuál colegio estudia tu hijo”, es una amenaza que, no hay duda, comueve los resortes de la conciencia cuando proviene de gente cuyo oficio es el crimen.
Estos tipos de amenazas dieron lugar a que en países como Colombia se pusiera en práctica que jueces sin rostro fueran los que juzgaran a elementos acusados de narcotráfico.
Esos tipos de amenaza pueden revertirse
al mismo tiempo con tentadoras ofertas en metálico para jueces que estén en la mirilla de determinados sectores del narcotráfico o de otros sectores vinculados a asuntos algo turbios.
Hay jueces que se ven en la disyuntiva de ignorar las amenazas, aún cuando estas puedan materializarse, o sucumbir a las tentaciones y echarse a los bolsillos jugosas sumas de dinero para que dicten sentencias complacientes.
O, en el peor de los casos, esos magistrados se ven compelidos a descargar “por insuficiencia de pruebas” al o los acusados, luego de que éstos fueron cogidos “con la mano en la masa” manejando o distribuyendo enormes cargamentos de cocaína, heroína u otras sustancias prohibidas.
Cuando un juez es advertido de que se abstenga a las consecuencias si aplica una condena a determinado personaje vinculado a asuntos turbios, posiblemente a partir de ese momento deja de ser el hombre y el profesional que vela por los más sanos intereses de la sociedad.
Es bien sabido que una oferta del narcotráfico con tal de variar una sentencia supera con creces el sueldo que recibe cada mes un juez de corte. De la misma manera, un oficial superior de la Policía o de las instituciones militares jamás podrá igualar la paga mensual que recibe a las tentadoras ofertas que puedan hacerle elementos vinculados al negocio de las drogas.
Otro asunto a tomar en cuenta es que tiene sus bemoles la colocación de jueces interinos en tribunales para conocer asuntos de envergadura. La falta de preparación de éstos en ocasiones lo que hace es incentivar el morbo.
En resumidas cuentas, en este país la justicia, con todo y los cambios que se han registrado últimamente, adolece de fallas que al parecer son insuperables.
