La
Democracia es un estado político y social que adopta un país por
voluntad de sus habitantes. Esta “Democracia” depende de sus
instituciones y del grado de su perfección del sistema. El sistema
democrático depende también de la conducta y de la voluntad de los
miembros de una sociedad.
Las conductas morales y cívicas cierran las
puertas a la corrupción y al fraude que repercuten en los ciudadanos más
humildes y débiles. Por ello, es responsabilidad del Gobernante y de
los dirigentes orgánicos, una vez al frente de las instituciones
públicas, establecer los planes permanentes para el combate contra el
flagelo de la corrupción administrativa, por todos los medios posibles.
En
primer lugar, de acciones concretas que contribuyan al mejoramiento
económico, y a la protección de la sociedad por parte de hombres
infames; en segundo lugar, debe de coexistir planes educativos y
encuentros de formación ética e institucional.
No
debe abandonarse el tema de la corrupción. Los sonados escándalos
dejados por el gobierno a punto de salir obligan a fijar posición en la
sociedad respecto del llamado “borrón y cuenta nueva”. Ajustar el modelo
económico a un esquema anticorrupción, proveer una disciplina fiscal
fundamentada en austeridad bajo un esquema de vigilancia periódica, para
que no sea una simple retórica y que no asuste a los corruptos es una
forma de enfrentar esta cuestión. El ajuste de la Administración
Pública, viciada de elementos acostumbrados a la corrupción en todas sus
formas, da cuenta de que la corrupción local tiene raíces culturales,
históricas y educativas (mentiras, ociosidad y delincuencia estructural
dentro del Estado).
La
Campaña Anticorrupción implica un nuevo liderazgo político; los
sistemas judicial y policial, tanto como históricamente es el sistema de
administración pública, no dan participación a los organismos
ciudadanos de fomentar una lucha contra este mal.
El
autoritarismo político deja fortunas a los políticos: nadie cree en las
declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. La corrupción en
el sistema penal es quien tiene el control; no es la Justicia quien
controla a la corrupción.
No se controla la corrupción sólo con el control penal, la gente tiene que hacer sus denuncias y los resultados deben ser eficaces. Problemas de gestión gubernamental sirven para la denuncia de
usuarios y las informaciones de los empleados sirven para control la
corrupción. Una forma clara de los costos de la corrupción es la
existencia de “Pistas de la corrupción.” Estas ocurren en forma piramidal en los Cuerpos de Policía. La base está compuesta por todos los agentes que están en la calle. Una nueva pista de la corrupción lo está al amparo del
narcotráfico; en las cárceles existen teléfonos desde los cuales los
reclusos coordinan su negocio; dominan las fugas de los
narcotraficantes. Los Medios de Comunicación tienen un rol muy negativo, muchos periodisas están vendido al poder político.
El nuevo gobierno que estamos esperando deberá asumir un Plan con miras
a una Consulta Nacional, con estudios ordenados, foros abiertos, con
miras a adoptar las primeras medidas, consideradas como “convenientes”;
el requisito es que los actores no sean de este gobierno, pues no tiene
sentido las consideraciones aquí vertidas. El ingeniero Hipólito Mejía
es el candidato del momento, el que más conviene. Un partido no debe
gobernar más de dos períodos consecutivos. Leonel Fernández no combatió
la corrupción; Danilo Medina tampoco podrá hacerlo.
Finalmente,
algunas Disposiciones juridicas internacionales útiles e importantes al
respecto, antes de cualquier acción de parte del Estado. En 1953 en el
Congreso del Comité de Expertos y la Comisión Social de las Naciones
Unidas señalaron la correlación negativa entre el problema criminal que
la misma representa y el desarrollo de los países en que se observa. En
sentido análogo, los programas de las Naciones Unidas para la buena
administración categorizan a la corrupción como la contraposición al
desarrollo, fenómeno que se agudiza en los países en vías de desarrollo
generando el denominado Síndrome de Improductividad;
En 1989, en la La Haya, 1er Seminario Internacional
sobre Corrupción de la Administración Pública donde se examinó con
profundidad toda la problemática, señalándose en el informe final la
necesidad de que los Estados eliminen el flagelo de la corrupción y el
apoyo de la ONU al respecto;Congresos Anticorrupción en China y Venezuela, en los cuales
nuestro país ha participado y en los mismos se ha asentado que se ha
acrecentado el trabajo de los Estados en la unión de la lucha contra la
corrupción. Actualmente la Transparency International, que emite
artículos sobre el intercambio de información sobre la corrupción
internacional recogiéndose por ejemplo en el último número de junio de
1996 la situación de la corrupción en Alemania, Bélgica, Canadá, Chile,
Corea del Sur, Japón, USA, Ecuador, Sudáfrica y en determinados
organismos internacionales;Resolución 7ma del 8vo Congreso de la ONU sobre la Prevención del Delito y Tratamiento
al Delincuente efectuado en La Habana en 1990, donde señala entre otros
aspectos: "Debido a que las actividades corruptas de los funcionarios
públicos pueden destruir la efectividad potencial de todo tipo de
programa gubernamental, obstaculizar el desarrollo y engañar a
individuos y a grupos, es de suma importancia para todas las naciones
(a) revisar la adecuación de sus leyes penales, incluyendo la
legislación procesal, para responder a todas las formas de corrupción y a
las acciones relacionadas diseñadas para ayudar o facilitar las
actividades corruptas, debiendo poder recurrir a sanciones que aseguren
su ejecución adecuada, (b) diseño de mecanismos administrativos y
regulatorios para la prevención de prácticas corruptas o el abuso del
poder; (c) adopta procedimientos para la detección, investigación y
condena de funcionarios corruptos, (d) crear disposiciones legales para
la confiscación de fondos o bienes producto de prácticas corruptas, y
(e) adoptar sanciones económicas contra las empresas implicadas en
corrupción".
2 de febrero 2012