Dos jueces de La Romana e Higüey destituidos por el Consejo del Poder
Judicial (CPJ) incurrieron en falta graves en el cumplimiento de sus funciones,
y no podrían volver a ejercer funciones judiciales en el futuro.
Los jueces destituidos son Altagracia Sánchez Molina, de la Camara Civil y
Comercial de La Romana y Oscar Caraballo Merino, juez de Tierras de la
Juridicción de Higuey, en La Altagracia.
En la decisión, la jueza Sánchez Molina ha ocasionado graves daños a la
compañía NewCo, MG. “al emitir una decisión basándose en un contrato de promesa
de compraventa que no fue depositado en el expediente”.
La jueza permitió en su tribunal que personas vinculadas al mismo manejaran
asuntos que no eran de su competencia, como es el caso de los expedientes y que
se fallaran asuntos de amigo, compadre y abogado a su servicio en ocasiones,
sin tomar ninguna medida prudencial “y por tanto en violación a los principios
éticos que deben ser el soporte de actuación de todo juez”.
Imputaciones del juez
La destitución como juez de Adolfo Oscar Caraballo se produjo irregularidades
en la sentencia No.2009000147 en la que se hace constar que el señor Benito
Pache compareció a la audiencia y éste había fallecido.
El entonces juez designó a Yumely Alexander Herrera de Gracia, que había
sido cancelado como secretario titular
cuando la persona que tiene la firma registrada para desempeñar dichas
funciones es la licenciada Emilia Reyes. Haber comprado una Toyota Hi Lux, año
2009, sin notificar dicha compra a la Suprema Corte de Justicia, realizando
pagos por encima de su salario.
Otras razones tomadas en cuenta para destituirlo fue verificar que registró
inversiones en el Banco Central por un monto de RD$13,301,000.00 conjuntamente
con su hermana y su esposa. Una cuenta con el Banco de Reservas por más de
RD$1,500,000.00 y ganado, sin que esto se refleje en su última declaración
jurada de bienes”.
Además el juez fue acusado de que en el tribunal no había protocolos de los
años 2009 y 2010, ni archivos de documentos de expedientes fallados. Se le
imputó producir un auto de inhibición irregular el 4 de agosto del 2010 con
relación al expediente de la nombrada Celestina Guerrero viuda Severino.
Producir el Auto de inhibición irregular del 29 de junio del 2010, con
relación a la razón social Inversora Internacional Hotelera. Y otra en la que
dictó una resolución en la que debió inhibirse.
El consejo, presidido por Mariano Germán Mejía, también presidente de la
Suprema Corte de Justicia e integrado además por Dulce Rodríguez de Goris, Samuel
Arias Arzeno, Francisco Arias Valera y Elías Santini Perera, impuso a los
magistrados como sanción disciplinaria su destitución y su desvinculación del
sistema de carrera judicial.
