Atribuyen a la mafia la caída de Fiscal General en Colombia<br>

<p style="font-weight: bold;">BOGOTÁ, 1 mar (IPS) – El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, no descartó volver a presentar la candidatura de
Viviane Morales como fiscal general de la Nación, luego de que el
Consejo de Estado anuló el martes 28 su nombramiento, por vicios de
forma.

"Frente al fallo, por supuesto, por
supuesto lo respetamos y lo acatamos, como debe ser", redundó Santos,
aunque en el último año atacó varias decisiones clave de la justicia, y
destacó que la Fiscalía encabezada por Morales "ha tocado sectores y
personas muy sensibles".

Respecto a perseguir la corrupción y el crimen, agregó, "no habrá ninguna solución de continuidad".

En Colombia, la Fiscalía es un órgano investigador y acusador del Poder
Judicial. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia
de una terna presentada por el presidente.

Los periodos de la Presidencia y de la Fiscalía General son de cuatro
años, pero no simultáneos. El fiscal debe ser cambiado un año antes. El
diseño lleva implícita una cierta garantía de inmunidad de tres años
para el mandatario saliente y sus funcionarios.

Con el antecesor de Santos, el derechista Álvaro Uribe (2002-2010), ese
diseño se rompió. Y no fue ni siquiera por el cambio constitucional que
promovió para facilitar su reelección consecutiva en 2006, hasta
entonces no prevista en Colombia.

A partir de una investigación de la politóloga Claudia López, la
justicia comenzó a aceptar la evidencia sobre la imbricación de
políticos de todos los niveles con los grupos paramilitares de
ultraderecha, incursos en crímenes de lesa humanidad.

Las indagaciones avanzaban lideradas por la Corte Suprema de Justicia,
competente para investigar y juzgar a parlamentarios y altos
funcionarios del gobierno.

Un tercio del parlamento bicameral fue encarcelado. Prácticamente todos
los enjuiciados por la llamada "parapolítica" eran aliados políticos de
Uribe. Entre ellos estaba su primo, el senador Mario Uribe.

Por ello, la Presidencia puso en marcha en 2007 un cerco de espionaje,
montajes y amenazas contra la Corte Suprema y sus integrantes, por medio
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El DAS pasó de agencia de inteligencia presidencial a convertirse en
policía política. Actuó también contra la Corte Constitucional,
defensores de derechos humanos, políticos disidentes y periodistas.

El departamento murió en diciembre, pero es la almendra del conflicto en la elección de Fiscal General.

El periodo del fiscal Mario Iguarán, exviceministro de Uribe y
presentado por este, venció en agosto de 2009. Doce meses después
terminó la era de ocho años del mandatario.

En ese contexto conspirativo contra la Corte Suprema, los magistrados se
abstuvieron durante un año de elegir fiscal general de las entrañas de
Uribe.

Fueron meses de presión ingente para que la Corte escogiera de las
ternas que Uribe enviaba, y la ejercían, en gran parte, medios y
analistas que decían defender el Estado de Derecho.

Pero las presiones que exigieron el coraje mayor de los magistrados
provenían del Ejecutivo, en primer lugar del presidente y de su ministro
del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, cuyo hermano, ex alto
funcionario de la Fiscalía, estaba siendo enjuiciado por la Corte por
sus vinculaciones con narcotraficantes.

Cada vez que Uribe y Valencia chocaban con el tribunal supremo, el
ministro amenazaba con reformar la justicia. El caso es que, si los
magistrados hubieran cedido, incontables investigaciones y procesos no
hubieran prosperado o siquiera nacido en Colombia desde 2007.

Cuando el centroderechista Santos se posesionó en agosto de 2010,
presentó una nueva terna que incluía a Morales. Nadie quería más
disgustos o demoras en la elección del Fiscal General.

Pero, entonces había cinco puestos vacantes en la Corte Suprema. Por
ello los magistrados acordaron solucionar ese obstáculo modificando el
reglamento ex profeso, para bajar el quórum necesario para elegir. Eso
permitió la escogencia en diciembre de ese año de Morales, quien tomó
posesión el 12 de enero siguiente.

Fue el procedimiento que en la noche del martes 28 rechazó el Consejo de
Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo. El
nombramiento de Morales quedó sin efecto.

Durante el primer cuatrienio de Uribe, la analista Claudia López
descubrió la clave metodológica que sirvió a la Corte Suprema para
develar la combinación entre crímenes, votos, paramilitares y políticos.

El miércoles 29 desde Chicago, donde adelanta estudios, López tocó en Twitter la esencia del asunto.

La Constitución no podía prever cómo elegir fiscal en caso de que "el
presidente tuviera vínculos con mafias y conflictos de interés", como
fue el caso de Uribe, expresó.

Por eso, aunque la nulidad de la elección de Morales es una derrota
jurídica para la Corte Suprema, "es victoria pírrica" para las mafias y
el llamado uribismo. El "verdadero logro fue evitar que esas mafias
impusieran un fiscal de bolsillo", agregó.

López recordó que la "única forma legítima de domesticar a las elites
mafiosas y violentas es la justicia. En eso estamos y debemos perseverar
con el nuevo fiscal".

Y por si a alguien le quedase alguna duda, subrayó: "Estamos plenos de
pruebas de que Uribe era líder político de un proyecto de mafias y
paramilitares que refundó la patria".

En cuanto a Morales, su gestión acusa luces y sombras, aunque despertó
esperanzas en algunos sectores. Es improbable que resulte elegida si
Santos la incluye en una nueva terna.

Su flanco débil es su vida personal. Siendo ya fiscal, se volvió a casar
civilmente en octubre de 2011 con el polémico Carlos Alonso Lucio, de
quien se había divorciado en 2008. Guerrillero en su juventud, Lucio
asesoró hace seis años a paramilitares en la desmovilización que
pactaron con Uribe.

Convenientemente, esta asesoría fue denunciada por el ex comisionado de
paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, solo dos horas antes de una rueda de
prensa citada por Morales en diciembre, para anunciar el inicio de un
proceso judicial contra el exfuncionario.

Restrepo es enjuiciado desde enero por una desmovilización de
guerrilleros que resultó un montaje y actualmente está prófugo de la
justicia en el exterior.

Es solo uno de los casos "sensibles" bajo la batuta de Morales, por los
cuales sectores ultraderechistas liderados por Uribe señalan a la
justicia de "falta de garantías".

Santos fue ministro de Defensa de Uribe y llegó a la Presidencia como
candidato del Partido de la U, de Uribe. Su primer paso fue congraciarse
con los magistrados espiados por este y buscar alianzas políticas. Lo
logró con todos los partidos, menos con el izquierdista moderado Polo
Democrático Alternativo.

A medida que la justicia avanza contra buena parte de los casos de abuso
y corrupción durante su gobierno, Uribe y sus asesores atacan a Santos
ferozmente.

"Tengo un mantra: no pelear con Uribe", responde Santos a las embestidas.

Hoy por hoy, es difícil identificar qué sectores del Partido de la U,
mayoritario en el parlamento, siguen a uno y otro. En Colombia, el
presidente concentra gran poder, incluido el del clientelismo, y esto
desmigaja el respaldo a Uribe.

Por eso el principal asesor de Uribe, José Obdulio Gaviria, en quien
también se ha fijado la Fiscalía, dijo, admonitorio, que su jefe
volvería a la Presidencia. Mientras, desde el exterior, el excomisionado
Restrepo llamó a una especie de alzamiento insurgente de
derecha.(FIN/2012)