<span style="font-weight: bold;">Para que República Dominicana pueda explotar
óptimamente su potencial agropecuario necesitahacer uso cada vez más eficaz de
las tierras, del agua y los recursos fiscales dedicados a la agricultura,
sostiene un grupo de expertos que formularon una propuesta acogida por la Estrategia Nacional
de Desarrollo.</span>
El estudio titulado “República
Dominicana: Orientaciones estratégicas para la competitividad agroempresarial
2011-2030, agrega que por igual se requiere “una alianza con el sistema
financiero para lograr acuerdos de aprovechamiento del crédito para el agro y
asegurar el pago de los financiamientos, así como el desarrollo de acuerdos
estratégicos con las universidades y centros de investigación para fortalecer
las cadenas productivas”.
Agrega
que esa alianza implica una atención especial a la formación del capital humano,
así como preparar a los productores para que se articulen con la agroindustria
y el mercado de exportación.
“Uno de los principales motores de la estrategia es la
productividad del capital humano. La competitividad internacional, la
innovación y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático demandan
habilidades, destrezas y conocimientos nuevos a los agricultores y ganaderos”,
señala el estudio realizado por Osmar C. Benítez, Coordinador General, Joaquín
Díaz Ortega, Soraya Rib y Braulio Serna Hidalgo.
El estudio fue presentado por Osmar Benitez,
Presidente Ejecutivo de la Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD), en un acto en el salón
Verde del Palacio Nacional, dentro de las actividades conmemorativas del 5to
aniversario del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuyo
titular, ingeniero Temístocles Montás,
tuvo a su cargo las palabras de introducción.
Explica que para superar esos retos “se requiere
reforzar los conocimientos y el desarrollo de las capacidades, necesarios para
incrementar la competitividad y generar mayor valor agregado agroindustrial,
forestal y de pesca. Este mayor esfuerzo es necesario porque la población rural
dominicana posee una escolaridad promedio de apenas 8,5 años y el analfabetismo
rural es elevado”.
Precisan que es fundamental atender los problemas de
malnutrición en la zona rural, pues en el período 2004-2010 alrededor de una quinta
parte de la población tenía una ingesta calórica por debajo del nivel mínimo de
energía alimentaria. Del mismo modo, en 2010 cerca de 4% de los niños menores a
cinco años poseían un peso menor al esperado.
“La desnutrición restringe el desarrollo de las
capacidades y potencialidades productivas de la población, reduce la
productividad rural y por ende, los ingresos. Una población desnutrida condena
el desarrollo de su potencial y no contribuye a la modernización productiva y a
la competitividad agropecuaria y agroindustrial”, afirman los expertos, según la Unidad de Comunicaciones
del Ministerio de Economía.
Con respecto al capital humano, dice que existen
estudios en los que se muestra que la pobreza y la desigualdad impiden el
desarrollo de cualquier país, porque frenan el crecimiento y complican el abatimiento
de la pobreza.
“En países como la República Dominicana
que enfrentan una alta desigualdad, este hecho limita la innovación y la
productividad. En zonas rurales, 40% de la población más pobre apenas participa
en 13 % del ingreso. Como la presente estrategia está basada en el aumento de
la productividad, la innovación y la mejora del capital humano son necesarias”,
indica.
Asimismo, en la estrategia se mencionan diversos
criterios orientadores particulares para cada cultivo y producto pecuario,
relacionados con medidas público-privadas que conviene adoptar.
Afirma que uno de los tópicos recurrentes en casi
todos los cultivos y actividades del agro “es ampliar y mejorar las condiciones
del financiamiento” y para ello propone orientar “una mayor disponibilidad de
recursos estatales canalizados mediante la banca privada y pública, así como
analizar las normas prudenciales establecidas por las autoridades monetarias y
financieras, con el propósito de flexibilizarlas acorde a la producción y
comercialización agropecuarias”.
Manifiesta que un aspecto urgente a resolver es la
calificación de la propiedad rural para que se modifique de polivalente a
monovalente, ya que limita el acceso al crédito a los agricultores.
Igualmente considera necesario manejar instrumentos
financieros que soporten inversiones de largo plazo, instalaciones, equipos e
innovaciones en cultivos y productos
pecuarios.
“Resulta fundamental poner en marcha la Ley 146-02 sobre el seguro
agrícola, luego de incorporar las modificaciones necesarias para su aplicación
universal y, de manera preponderante, constituir un Fondo de Apoyo Crediticio
para la
Transformación Competitiva del Agro”, argumentan los expertos.
Señala que en esta etapa del proceso de apertura
estimulado por los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos y los
países de Europa, naciones que mantienen programas de apoyo a sus agricultores,
urge diseñar y poner en marcha un programa de apoyo directo a los productores dominicanos
de bienes sensibles y ajustarlo a las normas internacionales definidas por la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
El estudio se pronuncia por la necesidad de fortalecer
los programas de sanidad e inocuidad animal y vegetal para beneficiar a los
consumidores nacionales y extranjeros, consolidar mercados, diversificar y
elevar las exportaciones de productos avícolas y pecuarios.
Propone, además, el manejo transparente de las importaciones
de los productos sensibles del agro dominicano, lo que permitiría una mayor
claridad en los mecanismos de asignación de las cuotas de importación.
“Una restricción importante al crecimiento
agropecuario ha sido la falta de diálogo y de una estrategia consensuada entre
los actores públicos y privados. Es necesario armonizar la acción, los propósitos,
las modalidades y las acciones públicas y privadas en el agro, y enfatizar su complementariedad,
en vez de su competencia”, establece la estrategia hasta 2030.
Favorece que se realice un trabajo conjunto entre lo privado
y lo público a fin de fortalecer las cadenas productivas y propiciar una mayor integración de los
pequeños productores.
Sostiene que “la debilidad fiscal del Estado, los
compromisos políticos y en particular el servicio de la carga de la deuda pública,
restan flexibilidad a los aumentos del gasto público agropecuario. En el caso
del sector, esta situación se torna preocupante debido a la reducción del porcentaje
de los recursos públicos destinados al agro, que han declinado en los últimos
diez años al pasar de 10,2% en 1998
a sólo 2,4% en 2010”.
Cita un estudio reciente que recomendó un rol estatal
más selectivo, más articulado con la actividad de los productores de arroz,
azúcar, leche, habichuelas, cebollas, ajo, pollo y cerdo.
Sugiere, asimismo, “un gasto más concentrado, más
orientado al logro de impactos y efectos positivos en el agro, que a realizar
una serie de actividades desconectadas con los propósitos fundamentales del
desarrollo humano”.
Consideran necesario lograr instituciones públicas eficientes,
con menos burocracia en función de empleos improductivos y, muchas veces
clientelistas, y en cambio “concentrar el gasto público en servicios
prioritarios, sanidad e inocuidad, información de mercados, formación del
capital humano y producir más bienes públicos y menos bienes que el sector
privado puede hacer mejor”.
Asimismo, plantean robustecer la
seguridad jurídica de los derechos de propiedad y que se reconozca la plena
propiedad de la tierra de los adjudicatarios de la reforma agraria. “Si se esto
se alcanza de manera transparente se brindará mayor seguridad jurídica a sus
propietarios”, agrega.
La estrategia agroempresarial
sostiene que una condición importante para elevar la productividad y el
crecimiento rural es un gasto público mayor y más eficiente, pues el gasto del
gobierno central en el sector agropecuario no es elevado, apenas representa
0,6% del PIB y 8% del PIBA. El valor agregado agroalimentario representa 17%
del PIB total y cubre 43% de las exportaciones de bienes sin incluir las zonas
francas.
Sugiere que se eleve la calidad del gasto agropecuario,
pues en 2002, del total del gasto público, sólo 5% se dedicó a la provisión de
servicios de investigación, extensión y atención sanitaria, actividades que tradicionalmente
pertenecen a los servicios públicos.
“En los últimos seis años los gastos en inversión fija
del Ministerio (de Agricultura) se contrajeron casi 10% anual y se han
concentrado más en gastos corrientes”, revela el estudio.
Agrega que un desafío acentuado en los últimos años es
el impacto del cambio climático en la agricultura y la ganadería dominicanas,
donde aun hay escasa información sobre el tema, por lo que “las necesidades de
adaptación al fenómeno climático son evidentes y requieren de una acción concertada
privada y pública, en manejo de suelos, bosques, uso de nuevas variedades y biotecnología”.
Manifiesta que es fundamental “mejorar la información
climática, prevenir los efectos destructivos que provocan los desastres
naturales y manejar riesgos para los agricultores, por medio de la tecnología
digital”.
15 DE MARZO 2012<br>
