<span style="font-weight: bold;">En el periodo
2004 al 2011 el gobierno dominicano solo construyó 4 mil 950 viviendas de las
700 mil que hacen falta. De las viviendas construidas hay 20 mil de madera y
zinc y solo 700 orientadas a la zona rural. La inversión total en ese sector
asciende a 4 mil millones de pesos.</span>
Así lo establece
un informe del Centro Bonó, titulado “Las sombras de la rendición de cuentas:
Cuando la vivienda se hace invisible”.
Indica el informe que el accionar del gobierno
no se ha correspondido con el tamaño del problema del déficit habitacional. En
Republica Dominicana, el déficit cuantitativo de viviendas ronda las 719,990
viviendas -según la Oficina Nacional de Estadísticas- y 872,338 unidades -según
el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo-.
Sin embargo, la inversión pautada por el
gobierno para enfrentar este déficit se ha precipitado en una escala
descendiente. En el año 2004, la inversión ascendió al 0.60% del Producto
Interno Bruto (PIB), mientras que en el 2011 apenas se ejecutó un 0.072%.
“Si sumamos la
inversión real ejecutada en el período 2004-2011, se alcanza una cifra de
alrededor de 4 mil millones de pesos. Con esta inversión, en 8 años, se han
construido apenas 4,954 viviendas de
las 700,000 que hacen falta, dentro
de las cuáles hay 2 mil de madera y zinc y solo 700 están orientadas en la zona
rural”.
Un solo proyecto
de esa inversión total ocupó poco más del 30% de ejecución: "Residencial
El Progreso", un proyecto en donde se construyeron 180 apartamentos de
lujo, destinado a "profesionales". Cada apartamento de ese proyecto tuvo un costo
de construcción entre 5.8 a 6 millones de pesos. Son en total solo 180
viviendas que costaron mil millones de pesos para quienes probablemente pueden
pagar más de 6 millones de pesos por una vivienda y por tanto no se ubican en
el tramo de la población a la que más le urge hasta para su supervivencia.
Con la desinversión
en el sector, el Estado ha incumplido el Art. 59 de la Constitución, que emplaza al
Estado a fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la
vivienda, promoviendo planes de vivienda de interés social. En el 2012, la inversión en el sector se situará al mismo nivel que
existía en medio de la peor crisis de los últimos 20 años, para un monto de
RD$2,325.12 millones -correspondiente al 0.10% del PIB-. Tomemos en cuenta que
en 2011 se presupuestó un 0.08% del PIB, se le quitó una partida a mitad de año
y la ejecución concluyó en apenas 0.072% del PIB.
Las cifras
hablan por sí solas: la vivienda no es prioridad para el gobierno. La rendición
de cuentas del período completo del Presidente Fernández indica que seguiremos
con un déficit creciente. Ese casi 70% de personas que cotizan en seguridad
social y que gana menos de 15 mil pesos nunca podrá adquirir una vivienda digna,
segura contra ciclones, apta para estar en salud y adecuada para educarse. Pero
seguro, esas personas si podrán viajar en metro.
El Estado Social
de Derecho que manda nuestra Constitución se pierde en el horizonte. Los
análisis presupuestarios nos confirman que no hay intención de hacerlo realidad.
Si queremos construir ciudadanos con igualdad de derechos, la inversión en vivienda
es fundamental. El enfoque de las actuales políticas sociales produce y
reproduce familias empobrecidas. El Estado debe centrar su inversión en lo
prioritario para la vida digna y no en construcciones faraónicas que benefician
mása contratistas que a las personas empobrecidas.