La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a República
Dominicana por violar los derechos de Narciso González y sus
familiares, por considerar que no actúo con determinación para
esclarecer la desaparición forzada del profesor universitario en 1994,
por lo que el Estado tendrá que pagar unos 360 mil dólares a la familia
González.
Además, República Dominicana tendrá que garantizar una investigación
seria y un proceso judicial que permitan identificar y castigar a los
culpables de la desaparición del activista cultural y político, crítico
del ex presidente Joaquín Balaguer, quien gobernaba en el momento del
hecho.
Mediante sentencia del 27 de febrero de este año, difundida este
lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humano ordenó al Estado
dominican
1- “Continuar y realizar las investigaciones y procesos
necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad
de los hechos (…) y sancionar a los responsables de la desaparición
forzada de Narciso González Medina”.
2- Efectuar, a la mayor brevedad posible, una búsqueda seria para determinar el paradero del señor Narciso González Medina.
3- Brindar, de forma inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten.
4- Publicar el presente resumen oficial de la sentencia en un
diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional y en la
totalidad en el sitio web oficial.
5- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso.
6- Colocar una placa conmemorativa en el Centro Cultura l
Narciso González, en la que se haga alusión a esta sentencia, a los
hechos y a las circunstancias en que ocurrieron.
7- Realizar un documental audiovisual sobre la vida de Narciso González Medina.
8- Garantizar que la aplicación de las normas de su derecho
interno (… ) permitan realizar una investigación adecuada de la
desaparición forzada.
9- Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de
indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro
de las costas y gastos así como reintegrar al fondo de asistencia legal
de víctimas de la corte interamericana de la cantidad en la sentencia.
