<p style="font-weight: bold;">El vicepresidente ejecutivo de la
CDEEE lamenta que los jueces se limiten a sancionar a los responsables por la
vía administrativa (multas económicas y prisión preventiva), sin considerar la
posibilidad de dictar sentencias más severas en estos actos tipificados como
terroristas contra la seguridad del Estado dominicano
SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE) deploró que la mayoría de los casos de imputados
por atentados contra las línea de transmisión eléctrica estén pendientes de
resolución en los tribunales, mientras que unos pocos sólo han resultado en
multas económicas.
Celso
Marranzini abogó porque el sistema de consecuencias de la justicia sea más
drástico en la aplicación de la ley a quienes han atentando contra el servicio
eléctrico, derribando torres de las redes de transmisión por las cuales se
transporta la energía en alta tensión hacia las distintas subestaciones que
distribuyen la electricidad.
Informó
que a la fecha hay más de 20 personas imputadas por atentar contra las torres
eléctricas en la provincia de Santo Domingo, Los Alcarrizos; Villa Altagracia,
Monseñor Nouel (Bonao), Puerto Plata (Imbert), Valverde (Mao), Azua y San Pedro
de Macorís. Estos casos se encuentran, una parte de ellos, pendientes de
resolución y en los restantes solo se han dictaminado multas económicas.
“La
CDEEE reclama sanciones más severas para los responsables de sabotear la
seguridad del sistema eléctrico nacional. Estos eventos vandálicos se han
convertido en actos terroristas que quebrantan la seguridad del Estado
dominicano”, manifestó Marranzini en un comunicado.
En
Bonao se ha registrado la mayor cantidad de incidencias contra el sistema
desde el primer suceso contabilizado en septiembre de 2011 que afectó a una
torre de la Autopista Eléctrica del Norte de 345 kilovoltios, según datos de la
CDEEE.
Las
autoridades han sometido a la justicia a nueve personas de dicho municipio,
entre los que figuran Abel Almánzar Sirí, alias Abelito; Carlos Manuel
Castillo; Javier Rodríguez, alias El Prieto; Ambiorix Castillo Rodríguez;
Gregorio Castillo, alias Sandy; Julio Ángel Abad López, alias Miky; Rafael Ruiz
Vargas, alias El Vikingo; Teófilo Núñez Peña, alias Jeipy y Rafael Santos
Fanini, alias Coco Liso.
En
Santiago, se citan Roberto Antonio Almonte Rodríguez y Jorge Contreras Santos,
alias El Cojo. En Villa Altagracia, Héctor Bienvenido Mercedes Veras y Fermín
De La Rosa Corporán. En Imbert (Puerto Plata), Ramón Andrés Almonte y Freddy
Bernardin y otro persona conocida como Charlie; y en Mao, José Ortiz Guzmán y
Francisco Elpidio Almonte.
Los
imputados en Los Alcarrizos y la provincia de Santo Domingo son Leonardo
Michel, Manuel Eusebio Michel y Ricardo A. Castro González, respectivamente; en
Azua, Eugenio Leopordo Figuereo, y en San Pedro de Macorís, Wilfredo Carela
Reyes.
Marranzini
lamentó que el sistema judicial se limite a sancionar estos casos por la vía
administrativa, imponiéndoles solo medidas de coerción como prisión preventiva,
impedimentos de salida, visitas periódicas a los juzgados o pago de una fianza,
sin considerar la posibilidad de dictar penas más severas.
