Puerto Príncipe, 23 abr (PL) El Gobierno de Haití pagará la
indemnización exigida por un grupo de exmilitares amotinados desde hace
tres meses, quienes ocuparon campos de entrenamiento y se pasean armados
por las calles de esta capital.
En un comunicado publicado hoy, el Ministerio del Interior convocó a los
exsoldados para presentarse el próximo miércoles a fin de "finalizar la
primera o segunda parte del proceso de indemnización".
Integrantes de las desaparecidas fuerzas armadas tomaron desde enero
pasado antiguas zonas militares, de las que se niegan a partir pese a
las órdenes del Ejecutivo.
Los exsoldados ocuparon los terrenos en la periferia capitalina,
principalmente en Delmas y Carrefour, y demandaron una indemnización por
15 millones de dólares para compensar sus pérdidas tras la desaparición
del Ejército hace 18 años.
"Ningún pago atrasado tendrá lugar mientras los afectados no dejen los
lugares ilegalmente ocupados. Su salida de estos edificios, en orden,
disciplina y calma, es una condición", respondió inicialmente el
Ministerio del Interior.
El texto publicado este lunes exige que, para el pago, los exsoldados
deben presentar un documento de identidad para comprobar su pertenencia a
las desaparecidas Fuerzas Armadas Nacionales de Haití (FADH).
Ese cuerpo castrense estuvo formado por unos ocho mil hombres y fue
disuelto en 1994 por el exmandatario Jean Bertrand Aristide tras ser
artífices de numerosas violaciones de los derechos humanos y golpes de
Estado.
Uno de los portavoces de los amotinados, en entrevista con la agencia
local Haiti Press Network, afirmó este lunes no saber si acudirán al
llamado.
"No hemos recibido la convocatoria y no tenemos la intención de presentarnos en ese lugar", aseguró.
La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah),
por su parte, aseguró en febrero pasado que los cascos azules estaban
listos para intervenir y desarmar a esos grupos, si así lo solicitaba la
Policía Nacional.
La Red Nacional de Derechos Humanos consideró que los exmilitares
constituyen una amenaza grave y real para la seguridad de la nación
caribeña.
El presidente Michel Martelly emitió en febrero pasado una orden para
obligar a la desmovilización de los exsoldados en la que les prohibía
además vestir el uniforme militar y andar armados.
Martelly ordenó en noviembre anterior la creación de una comisión civil
que se encargaría de gestionar el restablecimiento del poder militar.
El programa contempla la contratación de un primer contingente de tres
mil 500 efectivos y una inversión a largo plazo de 95 millones de
dólares.
Actualmente los trabajos de seguridad están a cargo de la Minustah y de la Policía Nacional de Haití.
La pasada semana los exmilitares irrumpieron armados en una sesión de la
Cámara de Diputados que discutía la nominación del canciller Laurence
Lamothe como primer ministro.
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