<p style="font-weight: bold;">Se trata de un
comunicado lleno de acusaciones carentes de evidencias, elaborado con el claro
objetivo de difamar a nuestra institución pretendiendo presentar a PC y sus
voluntarios como una red de delincuentes. Rechazamos este propósito
enérgicamente y exigimos el respeto que merece una institución que tiene
19 años promoviendo la democracia.
<p style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">Ante el comunicado
de ayer 1 de mayo de la Comisión de Observación Electoral de la Junta Central
Electoral (JCE) Participación Ciudadana formula las siguientes respuestas:
1.-Se trata de un
comunicado lleno de acusaciones carentes de evidencias, elaborado con el claro
objetivo de difamar a nuestra institución pretendiendo presentar a PC y sus
voluntarios como una red de delincuentes. Rechazamos este propósito
enérgicamente y exigimos el respeto que merece una institución que tiene
19 años promoviendo la democracia. Expresamos nuestra sorpresa por esos
extremos y no logramos entender por qué se ha puesto tanto empeño en desacreditar
nuestra institución y nuestra observación.
2.-La lista de
“inconsistencias” que la JCE alega haber encontrado en una presunta muestra
tomada de los 3,805 ciudadanos que han voluntariamente sometido su
solicitud de observar, a través de PC, está plagada de errores y omisiones
culposas que desacreditan la investigación llevada a cabo por el organismo.
a)
Los únicos nombres que se citan son dos personas que figuran como delegada y
suplente técnica del PRD en los municipios de Fundación, Barahona, y
Cristóbal, de la provincia Independencia. La JCE omite decir que en su
primera lista de objetados, hace tres semanas, cuestionaba a 17 ciudadanos por considerarlos
vinculados a partidos políticos, de los cuales 6 eran de la Unión
Demócrata Cristiana, 4 de Dominicanos por el Cambio, 2 del MIUCA y los cinco
restantes del PLD, PRD, PRSC, PDI y PVUD. Es importante destacar que esta
pequeña cantidad, por demás insustancial, se refiere a ciudadanos que en muchas
ocasiones sólo han figurado en elecciones anteriores como candidatos a
regidores y vocales de pequeños municipios y distritos municipales de diversas
regiones, los cuales conservan intactos su derecho a observar las presentes
elecciones.
b)
Los casos de antecedentes penales“de recientes sometimientos a la justicia”,
que no se identifican, por lo demás, violan el principio de inocencia
constitucionalmente consagrado.
c)
Las “varias personas” que cumplen sentencia en cárceles de Higüey
yCotuí debieron igualmente haber sido identificadas por la JCE. Resulta
insólito que la JCE pretenda que Participación Ciudadana fue a las cárceles a
reclutar y a dar entrenamiento a observadores. Suministrar los nombres de esos
presuntos reclusos nos ayudaría a determinar cómo llegaron sus solicitudes y
quiénes firmaron y tramitaron los formularios correspondientes, pues de lo
contrario se alimentaría la idea de infiltración maliciosa para tratar de
desprestigiar nuestra organización no partidista.
d)
De igual manera, la JCE omite mencionar por su nombre la persona que dice
no haber firmado el formulario de solicitud. Para PC es de sumo interés que se
divulgue el nombre para permitirnos descartar la información recibida de que
esa persona trabaja en la propia JCE.
e)
Por ultimo, resulta altamente preocupante que dentro de esas “inconsistencias”
se haga figurar el hecho de que existe un llamado “Sistema de Investigación
Criminal” que crea fichas desconocidas para la ciudadanía, que pueden
inhabilitarla para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, en franca violación
a sus derechos fundamentales.
3.-En ocho
observaciones electorales la metodología de reclutamiento de PC se ha fundamentado
en la confianza en la ciudadanía. Los observadores llenan un formulario
cuyos datos verifican, de manera principal, que se trata de voluntarios cuyos
derechos ciudadanos están hábiles y por esa razón figuran en el padrón
electoral. Confiamos en el padrón electoral para depurar a nuestros
voluntarios, de la misma manera que la JCE confía en ese instrumento para
determinar quién está hábil para votar. PC no cuenta con organismos de
seguridad que, a contra pelo de derechos fundamentales y sobre todo, del
principio de inocencia, recurren a antecedentes criminales no validados por
tribunales o crean fichas en un llamado Sistema de Investigación Criminal cuya
legitimidad la ciudadanía desconoce.
4.-No criticamos
que la JCE investigue a nuestros observadores, pero exigimos que lo haga de
forma institucional, apegada a La Constitución, y sobre todo de forma
transparente, publicando los nombres, identificando las condiciones que utiliza
para inhabilitar a cada uno, señalando los textos legales que establecen esas
inhabilitaciones, mostrando las pruebas que posee y respetando el derecho de
defensa de estos ciudadanos.
5.-La JCE ha
sometido a PC a un proceso discriminatorio, con requerimientos
especialmente diseñados para ella, tales como la toma de datos biométricos y
una obligación presencial innecesaria. La verdad es que estos
requerimientos, que no figuran en la Ley ni en el Reglamento de Observación
Electoral al cual PC ha dado estricto cumplimiento; que no han sido exigidos a
las decenas de miles de ciudadanos que integraran los colegios, a los delegados
de los partidos o a los observadores internacionales, sólo tienen por objeto
dificultar la labor de observación de nuestra organización.
6.- La
obligación de ir a cada junta municipal a llenar nuevos formularios no agrega
ningún dato que ya no hayamos entregado ala JCE. Para determinar si
existían antecedentes judiciales, no era necesaria la presencia de los
voluntarios, tal y como lo demuestra la presunta depuración que ha llevado
ahora a cabo la JCE. Se trata de un nuevo recurso de dilación y distracción,
encaminado a desincentivar y atemorizar a la ciudadanía para reducir nuestra
nómina de observadores.
7.- Reconocemos
que en su Informe, por primera vez, la Comisión de Observación Electoral ha finalmente
accedido a la repetida solicitud de PC de que se aclare la facultad
reglamentaria de observarlos colegios electorales, además de los centros
de votación y las juntas electorales. En la comunicación de la JCE que aceptaba
nuestra solicitud de acreditación, fechada 21 de abril y entregada el 24, los
colegios habían sido omitidos, aún cuando son el núcleo fundamental
de nuestra observación y especialmente del conteo rápido que hacemos
desde 1996.
8.-La JCE llama a
nuestros voluntarios a acudir, a partir del próximo viernes 4 de mayo, a
retirar su acreditación, siempre que la misma no esté en discusión. Sin
embargo, como la JCE no ha identificado la lista de los “discutibles”, es
imprescindible que esta publique, antes de esa fecha, los nombres de las 188
personas que dice objetar y les otorgue el derecho a defenderse. Urge que la
JCE cumpla con este paso de inmediato, para no continuar retrasando el proceso
de observación de PC a sólo 16 días de las elecciones y asegure la preparación
diligente de una logística que permita entregar, rápidamente, la acreditación a
todos los voluntarios cuyo derecho no esté en discusión o haya sido
exitosamente discutido. Igualmente solicitamos a la JCE habilitar los días
sábado y domingo para que nuestros observadores que no obtengan permiso de sus
empleadores, puedan acudir a retirar sus acreditaciones en días no laborables.
9.-Finalmente, PC
deja constancia de su férrea voluntad de cumplir con el derecho y el deber
ineludible de observar las próximas elecciones con la pulcritud y honorabilidad
ciudadana que nos ha ganado prestigio nacional e internacional. Llamamos a toda
la ciudadanía, a las diversas organizaciones sociales, políticas y religiosas a
defender la observación electoral como un derecho ciudadano adquirido y
reconocido en todas las naciones democráticas.-
Santo Domingo
2 de mayo del
2012
