<p style="font-weight: bold;">MÉXICO,
may (IPS) – A pesar de que México ha adherido a distintos acuerdos
multilaterales contra la corrupción, hasta ahora esas herramientas se
muestran inocuas o con escasos resultados concretos para combatir este
flagelo que tiene a mal traer al país.
"Tenemos
el instrumental jurídico necesario, pero muy pocas veces es utilizado.
Más legislación no va reducir el riesgo de que la corrupción se
presente", dijo a IPS el director de la no gubernamental Transparencia
Mexicana, Eduardo Bojórquez.
"Nos preocupa que hay más empresas que son más grandes y más poderosas
que muchos estados nacionales y así enfrentan a gobiernos con diferente
desarrollo institucional", agregó el responsable de la filial local de
Transparencia Internacional, con sede en Berlín.
El escándalo de mayor repercusión de los últimos tiempos en México es el
que involucra a la cadena comercial estadounidense Walmart, investigada
desde diciembre en su país de origen por el Departamento de Justicia y
por la Comisión de Comercio y Valores.
La filial de Walmart en México quedó expuesta tras un informe publicado
en abril por el diario The New York Times. Allí se indica que la
investigación se origina en la posible violación de la Ley contra
Prácticas Corruptas en el Extranjero debido a que la transnacional
habría pagado 24 millones de dólares en sobornos para facilitar la
construcción de nuevas tiendas.
A pesar de que en el informe se asegura que esta empresa habría
incurrido en sobornos sistemáticos en este país, la Procuraduría
(fiscalía) General de la República solo comenzó a actuar después de la
publicación.
México es signatario de las convenciones contra la corrupción de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de
Estados Americanos, así como de la destinada a Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
También es parte del Pacto Mundial propiciado por la ONU, la iniciativa
global más grande en responsabilidad corporativa lanzada en 2000 y que
ya supera los 8.000 adherentes en más de 135 países y redes locales en
más de 90 naciones. Los 10 principios universales que lo sustentan se
relacionan con derechos humanos, normas laborales, ambiente y combate a
la corrupción.
A ese Pacto voluntario, al que Walmart no pertenece, se han sumado en
este país 302 entidades, entre consorcios empresariales, organizaciones
no gubernamentales, fundaciones e instituciones académicas.
"Es importante utilizar estos mecanismos", dijo a IPS la directora del
no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Prodesc), Valeria Scorza.
Pero "los hemos cuestionado por la falta de mecanismos de sanción o
reparación del daño. Tendrían que ser reformulados para que tuvieran más
fuerza. Aunque ese es un proceso colectivo bastante fuerte y muchas
veces las empresas no tienen interés en hacerlo", sostuvo.
Prodesc es responsable de insistentes denuncias por violación de
derechos laborales contra Walmart, fundada en 1962 y que se estableció
en el mercado mexicano en 1991, al comienzo en alianza con una empresa
local.
Pero esa transnacional estadounidense no es la única que afronta
escándalos por corrupción. Diversos estudios y mediciones han reflejado
en los últimos años la maraña que mantiene atrapado a México, con
enormes costos económicos y sociales.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparencia
Internacional, México ocupó el puesto 100
(http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepcion%202011/TABLA_SINT%C3%89TICA_DE_RESULTADOS_IPC_2011.pdf)
entre 183 países analizados, constituyéndose así en el peor en la
materia entre los 34 miembros de la OCDE, que incluye a todas las
naciones industrializadas.
Esa escala, basada en 17 encuestas sobre asuntos como aplicación de
leyes contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de
interés, otorga cero a la mayor percepción de corrupción y 10 a la
menor.
Además, el Índice de Fuentes de Soborno de 2011, elaborado por
Transparencia, expuso que la cultura del soborno y las comisiones
ilícitas es más frecuente en México, China y Rusia que en otros países.
Para esta encuesta se entrevistaron 3.000 empresarios de países
industrializados y en desarrollo y pondera a las 28 principales naciones
exportadoras en el planeta según la disposición con la que la gente de
negocios recurre a la corrupción más allá de sus fronteras, para obtener
comisiones y contratos.
Para la elaboración del "Informe independiente sobre la implementación
de la Convención Interamericana contra la Corrupción en México", la
filial local de Transparencia pidió en diciembre pasado información a
las contralorías de los 32 estados que componen el país y solo 10
respondieron.
"La capacidad institucional de los órganos anticorrupción es fundamental
para el combate a la corrupción, por lo cual analizar más a fondo la
capacidad de los órganos a nivel nacional en países federales como lo es
México es indispensable", cita el reporte de enero.
Debido a la proliferación del libre comercio en las últimas dos décadas,
docenas de empresas extranjeras han incursionado en otros mercados,
como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que
conforman Canadá, Estados Unidos y México, con la consecuencia de lidiar
también con debilidades institucionales en esos territorios.
Paradójicamente, los casos más serios de corrupción vinculados con este
país han surgido de pesquisas de autoridades estadounidenses, pues las
corporaciones que cotizan en las plazas bursátiles tienen que reportar
operaciones que consideren fraudulentas.
A fines de abril se aprobó en México la Ley Federal Anticorrupción, que
crea una fiscalía especializada y estipula que una empresa podría pagar
una multa de hasta 35 por ciento del valor total del contrato, en caso
de ser encontrada culpable de ese delito. También considera la reducción
de sanciones para las personas que cooperen con la investigación.
"Ya estamos en un momento donde la corrupción no puede ser solapada,
vista como un mal menor. Lo que tendríamos que plantear es cómo
articular el sistema nacional de control, con un órgano interno en la
administración pública, uno externo, con concurrencia del Poder Judicial
y los parlamentos estaduales", planteó Bojórquez.
(FIN/2012)
