16 de mayo 2012.-El informe de Participación Ciudadana describe cómo la campaña electoral dominicana ha sido desigual, establece que el uso de los recursos del Estado se ha hecho violando todas las leyes, sin que instancia alguna haya hecho los correctivos.
El informe, además, traduce una complicidad de la sociadad con esa práctica, como ejemplo, aunque no lo dice PC, están los medios de comunicación que sustituyen la publicidad del Estado por la del candidato Danilo Medina, sin que haya reparo para ello. Pruebas no hay porque el tramite es verbal.<br>
Establece el informe la concentración
del financiamiento estatal en más de un 95 por ciento entre las
candidaturas de los dos partidos mayoritarios, Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Partido de la Liberación Dominicana, y sus respectivos aliados, la mayoría
de los 26 partidos reconocidos por la JCE.
Y destaca el gasto desmesurado por parte de dos candidaturas, especialmente la del
Partido de la Liberación Dominicana que según documentó PC en el cuarto
informe de observación electoral, llegó a acaparar el 69 por ciento de
la inversión en publicidad.
Otro elemento sobresaliente es el de la actitud sospechosa de la JCE ante la observación electoral nacional. El informe describe la cadena de obstáculo y hasta el intento de desacreditar a los observadores, así como la resistencia a que se hagan encuesta a boca de urnas el 20 de mayo.<br>
<p style="font-weight: bold;">Sexto Informe de Observación Electoral Elecciones Presidenciales del 2012
<span style="font-weight: bold;">
1.-Avances en la organización de las elecciones</span>
La
JCE continúa completando su calendario electoral con puntualidad y no
se esperan dificultades en la organización del proceso en los días que
faltan para las elecciones. <br>
La
auditoría al padrón electoral y al centro de cómputos de la JCE por
parte de la OEA arrojó una consistencia de un 98%, lo que es una buena
noticia, aunque no ha sido posible obtener una copia del informe
completo, lo que impide a Participación Ciudadana ofrecer un análisis
detallado de esta auditoría. Existen detalles, como el registro de
dominicanos en el exterior, sobre el cual no se ofreció suficiente
información. <br>
Entendemos
como positiva la decisión del pleno de la JCE de que los dominicanos
que se registraron en el exterior pero que actualmente residen en la
República Dominicana puedan ejercer su voto en el país, así como aquella
que permite a los partidos que no llevan candidatura propia tener un
observador de escrutinio en los colegios electorales. <br>
A
pesar de los esfuerzos de la JCE en explicar que no modificó su
resolución No. 7/2012 que dispone la transmisión simultánea de las actas
escaneadas a los partidos políticos, los medios de comunicación y su
colocación en internet, Participación Ciudadana no está convencida al
respecto y por el contrario entiende que se produjeron varias
modificaciones que implican aplicar primero el Reconocimiento
Inteligente de Caracteres (ICR) a las actas antes de permitir el acceso a
las mismas de los partidos y los medios, además de la limitación de que
los medios solo la recibirán acompañadas de los boletines
correspondientes, que aunque están pautados para generarse cada cinco
minutos, resulta claro que si ocurren retrasos en los boletines, no
llegarán las actas. <br>
En
todas las explicaciones ofrecidas, no hemos escuchado reiterar la
disposición de que las actas serán colocadas de inmediato en internet,
por lo que entendemos que los niveles de transparencia que se lograron
con la resolución No. 7/2012 han quedado reducidos. <br>
<span style="font-weight: bold;">2.- Las encuestas a boca de urna.</span> <br>
Luego
de dos precedentes consecutivos permitiendo encuesta a boca de urna en
elecciones anteriores, la JCE decidió que la misma es ilegal, aunque en
una carta al CONEP informó que no limitaría su derecho a realizarla. <br>
Es
errónea la interpretación que realiza la JCE de la Ley Electoral y la
Constitución con respecto a este tema. La JCE se ampara en el artículo
122 de la Ley Electoral que prohíbe “averiguar por cuáles candidatos o
en qué sentido ha votado” un elector, pero si se examina bien dicho
artículo queda muy claro que la restricción refiere al recinto de
votación, pues se establecen dos excepciones que solo pueden ocurrir en
tales recintos. Por esta razón en carta de fecha 15 de mayo de 2004, el
entonces presidente de la JCE, Dr. Luis Arias, no objetó la realización
de una encuesta de esta naturaleza a ANJE, siempre y cuando las
consultas a los electores no se hicieran en un perímetro de 50 metros
alrededor de los colegios electorales, y no se divulgaran los resultados
antes de los oficiales.
Cuando
la Constitución consagra el secreto del voto debe entenderse como el
derecho de la persona a negarse a responder por quién ha votado en
cualquier momento o circunstancia. Así lo expresa claramente el art.
208 de la Constitución cuando señala que “nadie puede ser obligado o
coaccionado, bajo ningún pretexto….. a revelar su voto.”
Apoyamos la decisión del CONEP de realizar una encuesta a boca de urna
bajo la responsabilidad de Gallup Dominicana, y entendemos que es una
contribución más a la transparencia del proceso.
<span style="font-weight: bold;">3.- Esfuerzos por obstaculizar la observación electoral de Participación Ciudadana. </span>
La relación con la JCE ha sido accidentada, generando serios atrasos en
la autorización para observar, y una vez otorgada la confusa omisión de
observar los colegios electorales y la obligación de presentar
personalmente a nuestros observadores para retirar sus credenciales,
rompiendo con la práctica de entrega de las mismas a la organización.
Luego de esfuerzos privados por resolver estas dificultades, las
posiciones públicas de PC sobre estos temas causaron molestias a la JCE y
la llevaron a realizar una rueda de prensa en la que difundieron un
documento que pretendía transmitir la imagen de que muchos de nuestros
observadores poseían antecedentes judiciales tan graves como
narcotráfico, asociación de malhechores, crimen organizado, o de estar
inclinados hacia el principal partido de la oposición.
Todo parecía que volvía a la normalidad con la reunión sostenida por el
presidente de la JCE, Dr. Roberto Rosario, y el Coordinador General de
PC, Francisco Álvarez Valdez, gracias a la intermediación de los
periodistas Rafael Molina Morillo y José Monegro, en la que se llegó a
dos acuerdos fundamentales.
El primero consistía en dar acceso a PC a las evidencias que
justificaban la exclusión de 236 observadores por parte de la JCE. Luego
de revisadas tales evidencias se comprobó que 116 casos se debían a
errores en las cédulas, 3 por ser militares, 91 por vinculaciones
partidarias y 27 por supuestos antecedentes judiciales. De las
vinculaciones partidarias 32 correspondían al PLD y aliados y 28 al PRD y
aliados. Con respecto a los antecedentes judiciales, no existía una
sola evidencia de que nuestros observadores hubiesen perdido sus
derechos civiles y políticos.
El segundo acuerdo consistía en el compromiso del presidente Rosario de
llevar para decisión al pleno que se celebraría el 4 de mayo nuestra
petición de que las acreditaciones de nuestros observadores que no
pudieran entregarse personalmente entre ese viernes 4 y el domingo 6, se
entregarían a nuestra organización para fines de distribución. El pleno
no decidió esa solicitud en la fecha acordada y finalmente la rechazó
el jueves 10 de mayo, fijando además como plazo final para retirarlas el
lunes 14.
Nuestros observadores enfrentaron todo tipo de obstáculos para retirar
sus acreditaciones. Una parte importante de las mismas llegó
tardíamente, lo que ocasionó que muchos tuvieran que asistir dos, tres,
cuatro y hasta cinco veces a las juntas municipales y una parte terminó
desistiendo. Se les requería entregar una copia de sus cédulas, lo que
no había sido informado y evitó que muchos pudieran retirarlas en el
primer intento. <br>
Con nuestros observadores de ultramar se justificó la no entrega de
varias de las credenciales alegando que no aparecieron las fotos de los
observadores en la propia base de datos de la JCE.
4.-
Participación Ciudadana observará en el territorio nacional y en
ultramar con 3,074 observadores con credenciales expedidas por la JCE, y
con 286 observadores y personal de apoyo con credenciales de
Participación Ciudadana, para un total de 3,360 voluntarios. <br>
Luego
de un tortuoso proceso de retiro de credenciales, 3,074 de nuestros
observadores pudieron obtenerlas en las 155 juntas municipales en todo
el país, lo que nos permite perfectamente cubrir la muestra que
tendremos de colegios electorales, tanto para verificar la calidad del
proceso electoral como para realizar nuestro tradicional conteo rápido. <br>
En
adición a estos observadores con credenciales de la JCE, otros 286
voluntarios tendrán credenciales de nuestra organización para realizar
trabajos de apoyo a nuestros observadores acreditados, así como para
apoyar el trabajo de nuestros coordinadores municipales, de nuestros
centros de operaciones y de nuestras comisiones de trabajo. <br>
Participación
Ciudadana está concentrada ahora en ultimar los detalles finales de la
observación, y entre jueves y viernes estará distribuyendo entre todos
los observadores el material de apoyo que utilizarán durante la
observación. <br>
<span style="font-weight: bold;">5.- Extenuante campaña electoral</span>
Desde
hace varias semanas en múltiples sectores sociales y hasta en los
propios candidatos y dirigentes políticos se siente el cansancio de más
de un año de abierta la campaña electoral, con predominancia de marchas,
caravanas y bulla y cada vez más cínicos desafueros, sin que el
Congreso aprobara el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Electoral ni
la JCE hiciera el menor intento de utilizar las facultades que le otorga
el artículo 212 de la Constitución de la República para reglamentar las
campañas electorales. Resultó muy tardía la disposición, tomada a dos
semanas de la votación, para que se colocara publicidad de todos los
partidos en los canales televisivos y radioemisoras en manos del Estado,
que además era muy reducida en comparación con el total de publicidad
electoral colocada en los medios. <br>
La campaña electoral ha sido inequitativa y en consecuencia poco
democrática, caracterizándose por los siguientes factores: <br>
a) Una competencia desigual que dejó con pocas posibilidades de llegar al electorado a cuatro de las seis candidaturas.
b)
Concentración del financiamiento estatal en más de un 95 por ciento
entre las candidaturas de los dos partidos mayoritarios y sus aliados,
la mayoría de los 26 partidos reconocidos por la JCE.
c)
Gasto desmesurado por parte de dos candidaturas, especialmente la del
Partido de la Liberación Dominicana que según documentó PC en el cuarto
informe de observación electoral, llegó a acaparar el 69 por ciento de
la inversión en publicidad.
d)
La activa y permanente participación del presidente de la República en
las campañas proselitistas, con caravanas y actos públicos por todo el
país, acompañado de altos funcionarios, con personal, vehículos,
combustibles y dietas pagados por los organismos del Estado, lo que se
constituye en claro ventajismo competitivo. El primer mandatario
confundió sistemáticamente los actos de inauguración de obras con el
proselitismo partidista, y lo mismo anunció e inició nuevas obras que no
figuran en el presupuesto de este año, como una carretera norte-sur
buscando sacar provecho para su partido.
e)
Como consecuencia del gasto gubernamental desproporcionado se registra
un enorme déficit fiscal cuantificado por economistas y partidos de
oposición entre 45 y 48 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre
del año.
f)
Organismos como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores
Económicos del Estado Dominicano han multiplicado sus repartos de
alimentos y regalos al paso del presidente de la República y atendiendo a
las prioridades proselitistas. El 10 de mayo los Comedores informaron
que por instrucciones del mandatario, tras una visita a Dajabón,
repartieron allí 6 mil raciones alimenticias y 60 mil pollos, y
precisaron por escrito que estaban procediendo a establecer cocinas
móviles para repartos en 25 provincias, a pocos días de la elección.
g)
La existencia de una fuerte campaña en los medios de organismos del
Estado, que pretende ser institucional, pero reviste claras tendencias
proselitistas a favor del candidato oficial.
h)
Varios ministros de Estado lo mismo que alcaldes tanto del PLD como del
PRD se constituyeron en jefes nacionales o regionales de la campaña
electoral, o realizando actividades proselitistas en horas laborables,
contradiciendo la transparencia y las normas establecidas en la Ley de
la Función Pública y su reglamento. En los días finales de la campaña la
JCE hizo una tímida amonestación al PLD, el PRD y el PUN por el uso de
recursos públicos en la campaña.
i)
Fuerte contaminación visual y sonora, obstrucción del tráfico vehicular
por caravanas y bandereos hasta en días laborables, con lenguaje
agresivo de publicidad negativa y sucia. <br>
Campañas
tan extensas y sin regulación contribuyen a radicalizar los sectarismos
partidistas, profundizando las dificultades de concertación para
quienes resulten electos. Se dividen las familias, los vecinos, los
compañeros y compañeras de trabajo y lo que debería ser un concierto
civilista de promoción de la ciudadanía, se convierte en una competencia
salvaje.
No
hay que esperar el final del proceso para abogar porque esta sea la
última vez que la nación se aboque a una elección sin un claro
ordenamiento que remita la acción interna y externa de los partidos al
siglo 21. <br>
<span style="font-weight: bold;">6.- Algunos avances en debates de propuestas</span>
Aunque
una vez más fracasaron los esfuerzos por concretizar un debate entre
los candidatos presidenciales, debemos reconocer que se avanzó en la
presentación de propuestas programáticas y en la suscripción de
compromisos para atender a los reclamos ciudadanos en materias tan
fundamentales como educación, transparencia e institucionalidad. <br>
<span style="font-weight: bold;">7.- Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad</span>
Los
seis candidatos a la presidencia de la República se comprometieron a
cumplir con el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad
presentado por PC a raíz de la visita al país de la presidenta de
Transparencia Internacional, Huguette Labelle, ocurrida a mediados de
febrero.
Los
candidatos firmaron el protocolo junto con el Coordinador General de
PC, Francisco Alvarez Valdez, comprometiéndose a ejecutar, de llegar al
poder, un mínimo de 21 iniciativas concretas, varias de ellas con plazos
establecidos. <br>
Por
su lado, Participación Ciudadana se comprometió a coordinar con el
mismo grupo de organizaciones que formó parte del Observatorio de
Sociedad Civil de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, el
monitoreo del cumplimiento del Protocolo de parte del que resulte
electo presidente de la República, a través de informes periódicos que
serán dados a conocer a todo el país. <br>
<span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>7.- Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad</strong></span></span> <br>
La
preocupación por los altos niveles de corrupción prevalecientes en el
país y cuantificados por Transparencia Internacional y el Indice de
Competitividad del Foro Económico Mundial, ha sido tema predominante en
la campaña electoral. Hay que dejar constancia que ha sido abordado por
todos los candidatos, muy especialmente por los de oposición y
emergentes y por gran parte de la sociedad que reclama correctivos y
penalización. <br>
Los
programas de gobierno de los mayoritarios partidos de la Liberación
Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) contienen secciones
expresamente dedicadas a exponer políticas para combatir la corrupción,
lo que constituye un reconocimiento de que este es uno de los grandes
problemas nacionales y que es necesario combatirlo. <br>
Sin
embargo, las propuestas de los partidos y candidatos contienen serias
lagunas, que ahora han sido complementados con la firma del Protocolo
por la Transparencia y la Institucionalidad. <br>
<span style="font-weight: bold;">9.- El compromiso con la educación </span><br>
Otro
de los temas dominantes en el debate electoral ha sido el cumplimiento
de la ley general de Educación que establece una inversión mínima del 4
por ciento del producto interno bruto para la educación básica. Cabe
resaltar que las propuestas de los candidatos han estado condicionadas
por los términos del Compromiso Político y Social que suscribieron con
la Coalición Educación Digna y otras organizaciones sociales que han
apoyado las movilizaciones que han tenido lugar durante los dos últimos
años en reclamo de que el gobierno cumpla con de la Ley 66-97, a fin de
que el gasto público anual en educación alcance el monto mínimo que
establece dicha Ley, como vía para proteger el derecho a una educación
de calidad, el cual está siendo sensiblemente vulnerado, como lo
demuestran todas las evaluaciones hechas al sistema educativo nacional. <br>
<span style="font-weight: bold;">10. Exhortación final.</span> <br>
A escasos cuatro días de las elecciones Participación Ciudadana desea hacer un llamad
<span style="font-weight: bold;">a) A los candidatos:</span>
(i)
para que ejerzan su liderazgo cortando de raíz en esta recta final la
campaña negativa y sucia que ha predominado, sobre todo en los dos
partidos que encabezan las encuestas, y desautorizando la compra de
cédulas y votos, con la finalidad de bajar las tensiones y reducir los
riesgos de violencia y pérdida de vidas humanas.
(ii)
Para que acepten los resultados tan pronto tengan noticias de su propio
partido o de la JCE, ahorrándole al país incertidumbres innecesarias. <br>
b)
A las autoridades electorales para que suministren los resultados de
las elecciones en el menor tiempo posible, sin permitir los retrasos que
usualmente provoca quien comienza debajo en los primeros resultados. <br>
c)
A la ciudadanía para que acuda a votar en orden, temprano y
masivamente, como lo ha hecho en otros procesos, evitando provocaciones y
sobre todo aglomeraciones innecesarias alrededor de los centros de
votaciones. <br>
d)
Y finalmente, a los observadores y observadoras de Participación
Ciudadana, para que este 20 de mayo se desplieguen por todo el país y
por ultramar, mostrando la mejor cara de la democracia: la de la
participación. <br>
Consejo Nacional
Mayo 15 del 2012.-
