En medio de versiones
de que el centro de cómputos de la Junta Central Electoral (JCE) fue atacado
por cibernautas, trasciende que sin el consentimiento de la Gerencia de
informática, supuestos técnicos se trasladaron por los centros a actualizar las
unidades de escaneo y trasmisión (EYT).
Las contradicciones
surgen de la misma Junta Central Electoral (JCE) organismo que no ha tomado la
iniciativa de disponer que se investiguen esos casos, como tampoco ha sometido
a ninguna persona por los delitos electorales cometidos, en su mayoría
publicados, como son la compra de cédulas a lo largo y anche del país.
Este sábado 26 de
mayo, la Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS) reclamó que abra una investigación para que se determine
quienes atacaron las redes de la JCE y las consecuencias esas acciones pidieran
tener en los resultados electorales.
Tres días antes de los
comicios, el magistrado Eddy Olivares, solicitó mediante carta al presidente de
la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario Marquez, una explicación de
porque supuestos técnicos de informática del organismo se desplazaron por todo
el país a actualizar las EyT.
Olivares dijo que con
esa medida fue violado el protocolo que creo la Gerencia de Informática
colegiada.
De su lado, el
director ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, solicitó que el supuesto
sabotaje sea notificado a los organismos de seguridad para su esclarecimiento.
Además requirió que la
JCE de una explicación a los partidos políticos y a la sociedad y criticó que
no se informara de los ataques cibernéticos a la Gerencia de Informática. En
similares términos se refirió el candidato de la Alianza por la Democracia, Max
Puig.