SANTO
DOMINGO (R. Dominicana).- Losresultados de las votaciones dan sin lugar
a dudas el triunfo al candidato oficialista Danilo Medina, pero
el trayecto recorrido para lograrlo está plagado de violaciones que
ponen en tela de juicio la legitimidad democrática del proceso.
En
su balance de las elecciones hecho público este martes, el movimiento
cívico Participación Ciudadana señala que la jornada misma de votación
fue “manchada” por un extendido mercado de compra y venta de cédulas y
votos, violaciones a las libertades individuales e intimidaciones, todo
esto precedido por el uso de los recursos del Estado y un arbitraje
electoral a todas luces parcializado.
“Hay
razones suficientes para proclamar que el proceso previo a la votación
resultó gravemente viciado. Entre las violaciones que llevan hasta el
punto de cuestionar la legitimidad democrática de todo ese proceso
previo se incluye, de manera relevante, la intervención de los recursos
del Estado y un arbitraje electoral parcializado”, afirma PC.
Respecto
a la parcialidad de la Junta Central Electoral, el balance señala que
desde el principio mismo del proceso fue recurrente la politización de
los órganos electorales del Estado por parte del Partido de la
Liberación Dominicana, “ lo que al igual que en el pasado, se constituyó
en elemento de incertidumbre, polémicas continuas, ceguera ante los
procedimientos antidemocráticos y decisiones dictadas por la
conveniencia partidaria. De esas fallas no quedó excluido el recién
instituido Tribunal Superior Electoral, cuyo presidente se vio compelido
a salvar su prestigio con un voto disidente en la decisión que sacó del
juego al Partido Nacional de Veteranos y Civiles que respaldaba la
candidatura del PRD”.
Lo
que arrojaron las urnas, apunta el grupo cívico más adelante, es una
sociedad escindida, lo que debe obligar a un pacto para una profunda
reforma política.
“Esta
reforma, que debe abarcar no solo los textos legales sino, y de manera
más importante, el respeto a las instituciones y la firme voluntad de
cambio de los líderes, debe estar encaminada a rescatar la
institucionalidad democrática y a promover una nueva cultura que supere
vicios que, en lugar de encaminarse a su erradicación, ciertamente se
encuentran cada vez más arraigados en las estructuras partidistas”,
apunta el informe.
A continuación, el texto íntegro del balance electoral de PC
Balance del Proceso Electoral 2012
Participación
Ciudadana presenta a la ciudadanía su balance del Proceso Electoral
2012 y en primer lugar extiende una agradecida felicitación a sus
observadores, que pese a los múltiples y difíciles obstáculos que
tuvieron que enfrentar, realizaron con extrema responsabilidad y
precisión un trabajo valioso cuyo aporte a la democracia es innegable.
Los principales aspectos de este balance son los siguientes:
1)
Como indica el cómputo de la Junta Central Electoral (JCE), ratificado
por el conteo rápido de Participación Ciudadana (PC), los resultados
arrojados por la votación del 20 de mayo convierten al licenciado Danilo
Medina en el presidente de la República para el próximo cuatrienio.
2)
La jornada misma de votación fue manchada por un extendido mercado de
compra y venta de cédulas y votos y por intimidaciones y violaciones a
derechos humanos como el de la libertad individual y el libre tránsito.
3)
Hay razones suficientes para proclamar que el proceso previo a la
votación resultó gravemente viciado. Entre las violaciones que llevan
hasta el punto de cuestionar la legitimidad democrática de todo ese
proceso previo se incluye, de manera relevante, la intervención de los
recursos del Estado y un arbitraje electoral parcializado.
4)
Después de una extensa y dispendiosa campaña electoral que se
caracterizó por las descalificaciones y mutuas exclusiones de los
principales partidos, la sociedad dominicana queda escindida casi en dos
mitades, ameritando un pacto que persiga una profunda reforma política.
Esta reforma, que debe abarcar no solo los textos legales sino, y de
manera mas importante, el respeto a las instituciones y la firme
voluntad de cambio de los líderes, debe estar encaminada a rescatar la
institucionalidad democrática y a promover una nueva cultura que supere
vicios que, en lugar de encaminarse a su erradicación, ciertamente se
encuentran cada vez más arraigados en las estructuras partidistas.
1.-El resultado de la votación
El
conteo rápido que realizamos resultó como siempre con ínfimas
desviaciones, la mayor de 0.33 por ciento y la menor de 0.04 por ciento.
Estos resultados no dejan duda alguna sobre el cómputo arrojado por la
Junta Central Electoral, el cual otorga la victoria a la alianza de 14
partidos encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana, con la
candidatura presidencial del licenciado Danilo Medina y la
vicepresidencial de la doctora Margarita Cedeño de Fernández.
La
más relevante irregularidad de la jornada, cuyas primeras denuncias
datan de la víspera, fue el mercado de compra y venta de cédulas que se
montó por todo el territorio nacional, con el objeto de reducir
electores.
Aunque
las denuncias involucraron a agentes de los dos principales
contendientes, la generalidad de las mismas apuntaba al partido oficial,
que por demás obtuvo protección, incluyendo casos en que se involucró a
autoridades policiales y militares. La práctica fue denunciada por
periodistas nacionales e internacionales y registrada por nuestros
observadores, a uno de los cuales, en Azua, se le rompió una cámara y se
le persiguió cuando fotografiaba esta práctica ilegal. No
ha habido justificación para la persecución, con aparente carácter
preventivo, de dirigentes políticos y ex oficiales militares y
policiales vinculados al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sin
respetar el debido proceso, con numerosos arrestos, algunos tan masivos
como trece personas en Cotuí, lo que generó allí una situación tan
crítica que obligó a la puesta en libertad de todas ellas. Avasallador y
desproporcionado fue el operativo militar para cerrar un canal nacional
de televisión por una presunta infracción.
A
pesar de que esas ocurrencias fueron perturbadoras y dejaron manchas
sobre la jornada de votación, no es posible sostener que necesariamente
cambiaron el curso de la voluntad expresada en las urnas. De no haberse
producido las mismas, el resultado hubiese estado revestido de mayor
legitimidad y no se habría lacerado la convivencia política. Nuestros
dos informes de observación emitidos el 20 de mayo presentan los
detalles.
2.- Campaña inequitativa y poco democrática
Conscientes
de que la legitimidad democrática de una elección tiene que ganarse en
la etapa precedente al ejercicio del sufragio, Participación Ciudadana
viene poniendo énfasis en observar todo el curso de la campaña
electoral, lo que empezamos esta vez con ocho meses de anticipación.
Durante ese período fueron emitidos seis informes, donde se hacen
explícitas las razones por las que en el sexto, del 15 de mayo, se
concluye en que fue inequitativa y poco democrática.
La
campaña concluyó con una apabullante publicidad de la candidatura del
PLD que prácticamente monopolizó las estaciones de radio y televisión a
nivel nacional, con una enorme red de comunicadores a su servicio, y
como si fuera poco, descalificando hasta a los medios y comunicadores
reconocidos como de más pluralidad e independencia. Llegamos a
documentar hasta en 69 por ciento la proporción de la publicidad
política que alcanzó esa sola candidatura en la campaña.
Deberemos
mejorar sustancialmente en el futuro en materia de publicidad electoral
a fin de excluir la campaña sucia, pero también la publicidad engañosa,
que es sancionada para proteger a los consumidores por la Ley General
de Defensa de la Competencia, y también debe serlo en las campañas
electorales, para evitar casos lamentables, como el ocurrido el último
día de la campaña en el que cinco de los seis diarios nacionales
colocaron publicidad en forma de “portadas falsas” aparentando
información objetiva que daban ganador al partido oficialista sin que se
incluyera la aclaración de que se trataba de espacio pagado.
El
uso de encuestas claramente compradas por los dos principales partidos,
con la finalidad de crear una falsa percepción que indujera al voto por
el que aparecía como ganador, demostró falta de reglamentación al
respecto.
La
irrupción del presidente de la República y de amplios estamentos del
Estado en la campaña electoral, condicionando las políticas públicas al
interés partidario, fue de tal magnitud que no pudo ser ignorada ni por
la diplomática observación de la Organización de Estados Americanos.
Economistas y dirigentes de oposición estiman que ya al finalizar abril
el déficit fiscal del gobierno, vía aumento del gasto y reducción de los
ingresos, había superado con creces la cifra de cuarenta mil millones
de pesos mencionada por el Presidente Leonel Fernández en una reunión
con miembros de su partido en Nueva York. Las cifras oficiales no han
sido dadas a conocer.
Los
programas del Plan Social de la Presidencia, de los Comedores
Económicos, y los subsidios a electricidad y combustibles, cuyos precios
fueron congelados, estuvieron destinados a sacar ventajas políticas
ilegítimas, en algunas ocasiones violando la ley, como en el caso de los
combustibles. Los dirigentes locales y legisladores oficialistas
estuvieron involucrados en un multimillonario reparto de
electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción encaminado a
comprar o mantener la voluntad política de los sectores más carenciados.
El presidente Leonel Fernández no sólo inauguró obras con una
frecuencia record en actos con claros ribetes partidarios, sino que
también inició otras y formuló promesas imposibles de materializar en el
tiempo que le queda de gestión. Las caravanas proselitistas del
Presidente Fernández por todo el país, seguido de cientos de
funcionarios y empleados del Estado, a menudo en días y horas
laborables, eran financiadas con dietas y salarios, con helicópteros,
vehículos y combustibles pagados por el Estado.
Esta
campaña cobró tres vidas y dejó una docena de heridos en Moca, Puerto
Plata, Neyba, Higuey, Santo Domingo y Distrito Nacional, pero la mayor
víctima fue la libertad de conciencia al consolidarse, e incluso
acrecentarse el clientelismo instaurado por los partidos mayoritarios
como prácticamente la única forma de hacer política electoral.
Nadie
podrá estimar con objetividad el costo de la campaña electoral, con la
seguridad de que una gran proporción salió del patrimonio público por la
acumulación de un sistema partidario que administra el Estado como
patrimonio privado en proporción a la cuota de poder que le otorgan los
comicios. La falta total de transparencia con respecto a los recursos
provenientes del sector privado impide aplicar medidas preventivas
contra el ingreso de fondos provenientes de la actividad criminal,
incluyendo el narcotráfico, y, en general, hacen imposible el escrutinio
público de contribuciones que suelen ser muy costosas en término del
retorno que pretenden los aportantes.
Para
agravar la situación el noventa y cinco por ciento del financiamiento
estatal a los partidos quedó en manos de las candidaturas de los dos
partidos dominantes, dejando a las otras cuatro sin la mínima
posibilidad de competir en un entorno que refleja un desproporcionado y
exponencialmente creciente encarecimiento de nuestra imperfecta
democracia.
3.- La parcialidad del arbitraje electoral
Este
proceso electoral quedó marcado desde el principio por la recurrente
politización de los órganos electorales del Estado por parte de la
fuerza política dominante, lo que al igual que en el pasado, se
constituyó en elemento de incertidumbre, polémicas continuas, ceguera
ante los procedimientos antidemocráticos y decisiones dictadas por la
conveniencia partidaria. De esas fallas no quedó excluido el recién
instituido Tribunal Superior Electoral, cuyo presidente se vio compelido
a salvar su prestigio con un voto disidente en la decisión que sacó del
juego al Partido Nacional de Veteranos y Civiles que respaldaba la
candidatura del PRD.
Desde
que el año pasado se hizo saltar del cargo al jefe de informática de la
JCE para colocar un incondicional, lo que hubo de ser reparado
parcialmente, quedó en evidencia el carácter personalista con que se
manejaría el organismo por parte de un presidente proveniente del Comité
Central del PLD, quien llegó a reivindicar en una entrevista que solo a
él corresponde la responsabilidad administrativa del proceso electoral y
que el pleno solo tiene funciones reglamentarias y de carácter general.
La
JCE resultó sorda a todas las denuncias de inequidad, con la excepción
de que a diez y seis días de concluir la campaña dispuso que los medios
de comunicación estatales incluyeran una pequeña cuota de publicidad a
todos los partidos, a razón de siete cuñas diarias de 30 segundos cada
una. Tampoco controló el uso de los recursos del Estado, aunque demostró
que tiene la facultad para hacerlo cuando amonestó en una sola ocasión
al PLD, al PRD y el PUN por usar recursos públicos en la campaña.
Evidencia
de la reprochable parcialidad de las autoridades electorales es
igualmente la discriminación que afectó a los otros cuatro partidos que
participaron en el proces Alianza por la Democracia, Dominicanos por
el Cambio, Frente Amplio y Alianza País. Los candidatos de estos
partidos no solo fueron victimas de un sistema electoral injusto en la
distribución de los recursos y las oportunidades de promoción, sino
también del maltrato de una Junta Central Electoral que no los tomó en
cuenta e ignoró sus derechos, llegando al extremo de no dar respuestas a
instancias depositadas por esos partidos en tiempo hábil.
También
se hizo caso omiso a los reclamos para que la JCE hiciera uso de las
facultades que le otorga la nueva Constitución de la República para
regular las campañas electorales en orden a la equidad y los
procedimientos democráticos. Alegó que no podía hacerlo en ausencia de
una ley, lo que contradijo con la adopción de disposiciones aisladas que
demostraban lo contrario.
La
prepotencia con la que actuó la JCE quedó expuesta en el tratamiento
dado a Participación Ciudadana y sus consistentes esfuerzos por
entorpecer nuestra observación electoral, al extremo de haber entregado
un documento a la prensa donde se denunciaba la presencia de
delincuentes de toda laya en nuestra red, sin haber podido luego
documentar un solo caso en que algún observador hubiese perdido sus
derechos civiles y políticos.
Todavía Participación Ciudadana espera la
consiguiente reparación por ese atropello incalificable.
Cumpliendo
con nuestra obligación de objetividad informamos y ahora ratificamos
que desde el punto de vista logístico y del cumplimiento del calendario
electoral, con excepción de los aspectos ya señalados, fueron unas
elecciones bien organizadas y los resultados fueron divulgados con mayor
celeridad que en el pasado.
4.- Necesidad de una profunda reforma política
El
resultado de las elecciones que divide a la sociedad en dos mitades
casi iguales, que deja a un partido de oposición, como principal fuerza
política, con 200 mil votos sobre el gobernante, y las precariedades
fiscales e institucionales que enfrentará el nuevo gobierno, obligan a
una concertación para reparar heridas y descalificaciones, garantizar la
gobernabilidad y mejorar sustancialmente la calidad de la democracia
dominicana, incluyendo los procesos electorales.
Saludamos
las declaraciones del presidente electo, Danilo Medina, llamando a la
reconciliación y a la colaboración, y la disposición del candidato del
PRD, Hipólito Mejía, a luchar por reformas que hagan más equitativo y
democrático el sistema político y los procesos electorales. También
tomamos nota de la promesa de dirigentes del PLD, como el doctor César
Pina Toribio, de que se hará realidad la Ley de Partidos Políticos que
se viene consensuando desde hace 13 años y que en el 2009 fue objeto de
acuerdos entre los dos partidos mayoritarios.
Un
gran pacto de gobernabilidad tiene que conllevar no solo la aprobación
de una ley de partidos, sino también del proyecto de Ley Orgánica del
Sistema Electoral elaborado por una misión técnica de la OEA, cursado en
el Congreso Nacional, el cual contiene importantes regulaciones de las
campañas electorales, que ahora deben ampliarse de cara a la experiencia
de estas elecciones.
Pero
no se trata solo de promulgar nuevas leyes para ignorarlas o de
ufanarse de preceptos constitucionales vanguardistas que son
flagrantemente vulnerados. Esta sociedad tiene que iniciar un proceso de
renovación que supere la anomia que la afecta. Urge crear una nueva
cultura de respeto a los procedimientos democráticos para colocar el
país en la modernidad del siglo 21 y en la competitividad internacional.
La
responsabilidad de las rémoras no es sólo de quienes nos gobiernan hoy,
sino de todos los que lo hicieron en el pasado y que recurrieron a
prácticas que ahora denuncian, cuando en su momento tampoco hicieron las
reformas políticas necesarias para garantizar la equidad y la voluntad
democrática de la ciudadanía.
Crear
esta nueva cultura es tarea que nos involucra a todos y a todas, desde
los partidos políticos, el Estado dominicano, las organizaciones
sociales, las iglesias, el empresariado, los obreros y la ciudadanía en
general, sin exclusión, aportando la voluntad y el esfuerzo con buena fe
y pensando de manera colectiva en el futuro. Este es el norte de
Participación Ciudadana y hacia el dirigimos nuestras acciones.
Consejo Nacional29 de mayo de 2012
