La Fundación Justicia y Transparencia considera que los jueces del Tribunal Superior Electoral extralimitan sus funciones al conocer el conflicto interno en el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aconsejó a las partes un advenimiento o resolver la litis por mayoría de militancia.
El doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la entidad, explicó que aunque la Constitución asigna en sus artículos 214 al 217 una extensa competencia a ese tribunal, está limitado empero a prohibir una reunión partidaria como la del Comité Ejecutivo Nacional (CEN),un derecho que tienen cualquier persona.
Las contradicciones internas han dividido al PRD en dos facciones, una encabezada por el candidato Hipólito Mejía tras ser derrotado en los comicios de mayo pasado, y la otra por Vargas Maldonado, a quien se le atribuye connivencia con el candidato y el partido ganador.
“Este tribunal no estaba en capacidad de conocer este caso, debieron inhibirse, en razón de la sentencia anterior sobre el Partido Nacional de Veteranos y Civiles en la pre campaña y,sobre todo, considerando los pronunciamientos del candidato Hipólito Mejía, por lo que debieron actuar con la mayor mesura, no manejar este asunto con tanta rapidez”, comentó.
Agregó, al ser entrevistado en Propuesta de la Noche por Digital 15, que esos jueces también se extralimitaron al inobservar el debido proceso de ley en la citación, tutela judicial queadquiere una gran dimensión ahora en el articulo 69 de la Constitución.
Apeló a que los jueces de esa instancia resguarden, eviten los cuestionamientos que dañan la dignidad y la solemnidad y, sobre todo, la legitimidad de sus decisiones, pues aunque hay supremacía Constitucional, lo interno de un partido no puede ser invadido por el Tribunal Superior Electoral.
Agregó que el cuestionamiento político a sus decisiones, que relacionó con “crónica de una muerte anunciada”, no debe fundamentar la percepción de quienes creen que funcionarios de una justicia especial como la electoral actúan por agradecimiento y no acorde con un estado social de derecho.
La Comisión Política del PRD convocada por sus miembros y Mejía suspendió provisionalmente a Vargas Maldonado de la presidencia del partido y éste recurrió al Tribunal Superior Electoral que la dejó sin efecto e invalidó una reunión posterior del Comité Ejecutivo Nacional que pese a ello ratificó la sanción.
Potentini manifestó que la existencia del Tribunal Superior Electoral reproduce una gran contradicción de derecho, un mal de origen, el mismo que en los pueblos donde son las juntas municipales las que conocen “como juez y parte”, en primera instancia y de maneraadministrativa, los mismos derechos que ellas conculcan.
Por eso dijo que cualquier sentencia definitiva que emita el Tribunal Superior Electoralpuede recurrirse ante dos instancias, la Comisión Interamericana en Washington, de la que el país es signatario, y cuyas decisiones se imponen con igual rango constitucional y, la segunda, la Corte Interamericana, que puede disponer medidas cautelares.
Potentini deseó un advenimiento entre los dos sectores perredeístas o si no por el mecanismo democrático de la mayoría, como dice la Constitución, que la legitimidad la da el pueblo, la soberanía popular que refiere la Constitución de la República.