Como el dominicamo ha perdido la capacidad de asombro, lo mas probable que se tome a chiste el episodio en el que un grupo de Policias fue a un tribunal a liberar un compañero contra quien se había dictado medias de coerción por homicidio. La acción es reseñada por el diario El Jaya y es para escandalizar a cualquier sociedad que entienda que debe regirse por normas y leyes iguales para todos.
Lo peor del caso es que los agentes estaban comandados por oficiales superiores. Ante el hecho,miel jefe de la Policia Nacional creo una comisión para investigar los hechos que cuestionan el principio de autoridad y el estado de derecho.
<b>Tropa policial sacó a la fuerza agente preso en la fiscalía</b>
SFM.- En un hecho sin precedentes, decenas de policías adscritos al Comando Regional Nordeste, sacaron a la fuerza de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad, un raso de la institución contra el cual una jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente dicto tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, por la muerte de un cartuchazo de un joven del sector San Martin.
La acción de los agentes se produjo al mediodía de este jueves, cuando los policías, comandados por oficiales superiores, se presentaron al palacio de Justicia y se llevaron al raso Marino Alonzo Torres, sindicado como el autor de la muerte del joven Puro Enmanuel Díaz López, ocurrida el pasado 3 de Junio durante un alegado intercambio de disparos.
Los policías recorrieron varias calles con sus armas en las manos y se llevaron el agente que estaba bajo arresto hasta el palacio de la policía ubicado en la calle Castillo de esta ciudad.
Ya en el cuartel varios policías golpearon al camarógrafo de Telenord, Alexis Ovalle, quien hacia tomas de las incidencias y sacaron a empujones a los periodistas que se encontraban en el lugar, aunque posteriormente el general Miguel Raúl de la Cruz Reyna condeno el hecho y llamo a los agentes bajo su mando a respetar el trabajo de los periodistas.
El amotinamiento de los agentes se produjo luego que el miércoles por la noche la juez de la Oficina Judicial de la Atención Permanente, Fidelina Ramírez, dictara tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al raso Torres quien era mantenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, por la muerte del joven Díaz López, hecho por el cual grupos populares han realizado protestas en el barrio San Martín exigiendo el envío a la justicia de los implicados en el suceso.
Finalmente, luego de varios días de disturbios y encuentros entre autoridades encabezadas por la gobernadora provincial, Luz Selene Plata, el magistrado procurador fiscal, licenciado Regis Victorio y el general de la plaza Miguel Raúl de la Cruz Reyna, se acordó enviar a la justicia a los policías envueltos en el hecho donde murió el joven y el miércoles fue enviado por ante el tribunal de atención permanente el raso señalado como autor del suceso.
En torno al hecho en que murió Díaz López, la policía sostiene que el mismo se encontraba disparando en la calle Padre Brea y una patrulla motorizada de la policía que acudio al lugar ante llamados de los residentes en el área, fueron atacados a tiros por lo que repelieron la agresión disparando contra unas cinco personas que se desplazaban en motocicletas, alcanzando uno de ellos que resulto ser el hoy occiso.
En el lugar de la refriega la policía dijo encontrar una pistola marca Carandai calibre 9 milímetros propiedad del comerciante Odalis Williams Reyes Rodríguez, en cuya residencia de la calle Penetración No. 6, del sector el Dorado, de la ciudad de Santiago de donde, según el cuñado del propietario del arma, Víctor Ferreira Abreu, también se llevaron una caja fuerte conteniendo una suma de dinero indeterminada y al serle presentada la foto de Díaz López aseguro que era parte del grupo de asaltantes.
Sobre la acción de los policías de llevarse de la cárcel preventiva al raso involucrado en el hecho, el magistrado procurador fiscal de Duarte, Regis Victorio, dijo que fue un exceso imperdonable, en virtud de que el detenido estaba ya bajo custodia del ministerio publico luego de la medida de coerción dictada en contra del agente.
