Dos situaciones me motivan a escribir este artículo. La primera es la crisis económica que ha llevado a muchos países a buscar dinero donde sea para enfrentar las poderosas demandas de la población, que cada día exige de sus gobernantes aplicar políticas efectivas para impulsar la producción, reducir el desempleo, fortalecer los programas alimentarios básicos para el desarrollo humano y los del sistema educativo, entre otros retos.
A manera de ilustración, comenzaremos con lo que está ocurriendo en España. Es una realidad catastrófica. Miles de españoles se encuentran desempleados y con numerosos problemas al extremo de que la Unión Europea ha tenido que brindarle protección financiera al otorgarle 100 mil millones de euros como un paliativo, no definitivo, para sacar del aprieto a presidente del gobierno Mariano Rajoy.
El disgusto se ha agravado esta semana tras el anuncio del Gobierno de que suspenderá la paga extraordinaria de Navidad y reducirá los días libres a los funcionarios. Pero el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad contenía más malas noticias para los 2,7 millones de funcionarios, personal laboral, eventuales e interinos de la administración.
Esa crisis ha golpeado con fuerza a miles de inmigrantes que se han visto obligados a regresar a sus respectivos países, derrotados, sin dinero, explotados, con sueños desfigurados y pocas posibilidades de retomar el camino de la prosperidad que con sacrificio extraordinarios, algunos habían manoseado. Lo sintomático es que esos hermanos regresan después de doce y quince años ahorrando para solucionar problemas familiares y ahora tienen que sufrir en su tierra los problemas locales.
El asunto es que cuando hay crisis demoledora como la de España, y aunque parezca una contradicción, lo más lógico es que se tomen medidas “salvadoras” para evitar situaciones desastrosas.
La otra realidad que preocupa es el surgimiento de una nueva estrategia para garantizar ingresos de recursos económicos cobrando impuestos a los compradores a través de internet. Esa trama diabólica se está cocinando en las altas instancias del Congreso de los Estados Unidos.
A pesar de las acérrimas divisiones partidistas en Washington, esa macabra idea cuenta con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos.
O sea que cuando descargues una canción de iTunes, adquieras una aplicación para tu celular o compres un libro por Amazon o Ebay, al gobierno le gustaría cobrarte su parte.
Esa iniciativa ha caído muy bien entre varios gobiernos, que desde ya están acondicionando a la opinión pública para luego dar el zarpazo al cuello a los consumidores. O sea, ya no tenemos derecho a comprar lo que nos dé gana por vía de internet. Ciertamente, son muchos los usuarios que se benefician de ese trasiego por los bajos precios y calidad de los artículos adquiridos y me atrevo a apostar que hay empresarios que están utilizando con éxito esta herramienta para incrementar sus arcas.
Datos del Departamento del Comercio de los Estados Unidos indican que las ventas por internet generaron ingresos mayores a los US$200.000 millones y cada vez son más los consumidores que utilizan este método para comprar.
Por eso, el Congreso estudiará este mes una medida bipartidista que obligaría a las compañías que venden por internet a recolectar los impuestos a las ventas que estén vigentes en la dirección del comprador.
El impuesto parece estar a la vuelta de la esquina, tomando en cuenta que varios de los principales vendedores en la red, sobre todo Amazon, habían dejado atrás las objeciones que le hacían y están dispuestos a acatarla.
La propuesta legislativa federal (Marketplace Fairness Act) cuenta con el apoyo de poderosos senadores de ambos partidos y tienen el respaldo de la Asociación Nacional de Gobernadores.
Además, luego de años de luchar contra este tipo de legislación, Amazon, la mayor empresa de ventas por internet del mundo, decidió apoyar la idea y ya está en vigor en algunos estados norteamericanos, entre ellos Nevada, California y Virginia.
Eso significa que en pocos meses tendremos la modalidad de los “cibersimpuestos” para hacer la vida más difícil a los consumidores. Como siempre, los verdugos siempre salen ganando frente a los más débiles.
