La
transición presidencial en la República Dominicana debe ser una de las más
largas de todo el mund Tres meses. En los países de verdad, como mucho, un
mes. Generalmente suele de ser de dos o tres semanas.
¿Por
qué ese periodo de 90 días no se redujo a 30 días en la Constitución de Leonel
Fernández? Después de cuatro años de saqueo del patrimonio público se requiere
de tiempo para limpiar la casa. Como dijera Lidio Cadet hace algún tiempo, “los corruptos no dejan
huellas”.
Los
tres meses de transición gubernamental permiten que un presidente, después del
desastre, de todo el lodo desparramado en el territorio nacional durante su
gestión, intente mejorar su imagen, por aquello de que, “las cosas no son como
comienzan, sino como terminan”.
Y
Leonel quiere terminar “bien”ante la
opinión pública, después de ocho años de gestión, por lo cual se le ve
inaugurando y reinaugurando obras que le permiten aparecer todos los días en
sus periódicos, canales de televisión y radio. (Para eso los tiene)
No
sé si ocurrirá igual, pero cuando Leonel dejó el Palacio en el año 2000, el
nuevo presidente no encontró dinero ni para pagar los salarios de los empleados
público. Desmantelaron la casa de gobierno. Se llevaron obras de arte,
computadoras, vehículos, dinero, escritorios, adornos, etc. Era como para
meterlos presos a todos. Pero no pasó nada. Se impuso la impunidad en aras de
una supuesta gobernabilidad.
Esta
zafra de la transición gubernamental, en materia de robo y saqueo, no tendrá
nada que envidiarle a la de otros tiempos. Al contrario, las superará a todas.
La corrupción no se detiene en la puerta de ningún despacho.
El
Congreso de Leonel aprobó el Presupuesto Complementario por más de 71 mil
millones de pesos que incluye lo más de 50 mil millones invertidos en la
campaña electoral para comprar o robarse las elecciones del 20 de mayo.
Raudo
y veloz, Leonel promulgó la ley 174-12 del Presupuesto Complementario que
garantizará la estocada final.Algunos
ministros se “fortalecerán” y se “blindarán” económicamente más de lo que
están, gracias al “pago” a los suplidores y contratistas del Estado,a quienes les exigen entre un 40 y un 50 por
ciento de la deuda, en efectivo. De lo contrario, no cobran.
Al
que le deben cien millones de pesos, para decir una cifra, tiene que llevar,
antes de que le entreguen el cheque, la parte correspondiente de lo acordado,
un 30, 40 y hasta un 50 por ciento.
Algunos
personajes de los propios ministerios, incluyendo periodistas “pegados” en el
gobierno, se dedican al cobro de deudaspor un 10 y hasta un 15 por ciento, lo cual eleva la cuota que el contratista o suplidor, tiene que dejar
sobre la mesa si quiere dinero.
“Para perderlo todo prefiero recuperar algo”,
me dijo un suplidor al que le deben más de 300 millones de pesos. Ese señor
tendrá que buscar, si quiere recuperar algo, más de cien millones de pesos. No es un caso único, todos tienen que ceder al
chantaje. Muchos están desesperados, al borde de la quiebra total.
Por
eso la corrupción le cuesta al país cerca de cien mil millones de pesos todos
los años. 800 mil millones en ocho años que bien pudieron invertirse en
escuelas, hospitales, viviendas, etc.
Y
eso lo sabe el presidente de la República.
Y
lo sabe el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.
Y
lo sabe la Cámara de Cuentas.
Y
lo sabe la Procuraduría General de la República.
Y
lo sabe la Opinión Pública.
Y
nadie dice, ni hace nada.
