La jornada del martes 17 de julio de 2012,
habrá de quedar marcada en la historia del Derecho del Consumidor de la
República Dominicana como el día en que los consumidores nacionales haciendo
uso de sus prerrogativas constitucionales, decidieron unirse a los fines de
mostrar su poder al capital de la producción, distribución y comercialización
de carne de pollo. <br>
Este es un hecho sin precedente en la historia nacional. Que
prueba que estamos entrando al estado Social y Democrático de Derecho conforme
lo establece la Constitución de la República.
Los reportes de todos los rincones del país
han dado cuenta de que la mayoría asumió el paro, o lo que es lo mismo, que el
consumidor dominicano se encontró consigo mismo y fue capaz de decir al mundo
que existe, que sabe reclamar sus derechos y que está dispuesto a, de manera
organizada y civilizada, hacer valer sus derechos.
Obviamente, luego del éxito del martes 17 de
julio de 2012, vendrán otras exitosas jornadas. Es decir, lo del día sin pollo
es el primer eslabón de una larga cadena de lucha que habrán de hacer los
consumidores dominicanos en temas como el gas propano, los servicios
financieros, las telecomunicaciones, la electricidad, el Medio Ambiente, el
agua, la educación, la salud, la seguridad social, etc. Pues en el marco de la
Constitución, se trata de derechos fundamentales.
Mucho se habla de derechos humanos, es
necesario hablar también de los derechos del consumidor, pues junto a los del
ciudadano constituyen espacios de libertad que todo ser humano ha de preservar
si los tiene, o luchar por ellos, en el supuesto de que no los posea, puesto
que son también derechos de la humanidad.
El tema latente es el de los precios. Algunos
aseveran que Pro Consumidor no tiene competencia en materia de precios; sin embargo, a los que así piensan, debemos recordarles
la ley 79-74, de la Dirección Nacional de Control de Precios, el cual fue sustituido
por el Pro Consumidor, pero quedando vigente la ley 79-74, lo cual es
indicativo de que Pro Consumidor estáhabilitado legalmentepara controlar los precios de bienes y
servicios que se expendan en el mercado nacional con base a estudios sobre
costos y beneficios tal y como lo advierte la ley 358-05. Los cinco márgenes de
la intermediación del productor al consumidor constituyen una traba tanto para
el productor como para el consumidor, discutiendo el tema se puede ver que
dicha cadena opera en beneficio, por ejemplo, de los grandes mayoristas, pues
un supermercado no transita la misma cadena de comercialización que un picador
de pollo. Estas distorsiones del mercado no pueden existir en detrimento de
productores y consumidores. De ahí que tanto Agricultura como industria y
Comercio deben convencer al país de que están trabajando para eliminar esas
distorsiones.
Tampoco contamos todavía con una ley sobre
economía solidaria, por tanto, se justifica la lucha por mejores precios al
consumidor de pollos y otros productos y servicios con los cuales se especula.
Es decir, se golpea la economía popular por medio de precios fuera de lo
razonable. Este es el país de los mayores márgenes de beneficios del mundo, tal
y como lo prueban las discusiones hoy existentes en torno a las compras por
internet. Con éstas, el consumidor dominicano está conociendo hasta dónde se incurre
en agio y en especulación en su perjuicio. Desde ya el consumidor junto al productor
deberán ir elaborando una economía solidaria pues sin esta herramienta pueden
seguir siendo objeto de perjuicios.
Si queremos una sociedad pacífica, ordenada,
alegre, amistosa, debemos procurar también que posea precios justos tanto para
el productor como para el consumidor. Si el problema está en la intermediación
entonces ahí debe de ir la acción que ambos emprendan sobre los órganos
públicos.
No estamos a favor de la importación de
pollos, estamos a favor de una relación más directa entre productor y
consumidor. Somos conscientes de que al Estado corresponde otorgar las
facilidades de lugar tanto a productores como a consumidores pues se trata de
socios estratégicos que deben ser cuidados. Esto deben entenderlo ambos
sectores, pues todos somos dominicanos y dominicanas, y los que no lo son, son
ciudadanos del mundo, seres humanos con las mismas necesidades y los mismos
anhelos. Con iguales derechos a una sana alimentación con base en un comercio
razonable.
La sociedad civil integrada por
organizaciones de defensa al consumidor se han anotado un puntaje importante
con el día sin pollo, esperemos que sea el inicio de una lucha que solo se
detendrá al lograr su objetivo primari precios justos para productores y
consumidores. DLH-18-7-2012
