Cualquier gobierno, presente o futuro, tiene y tendrá el
gran reto que representa la lucha contra el tráfico de drogas, cada día más
sofisticado, a juzgar por los métodos empleados por los narcotraficantes para
imponer sus reglas de juego, que incluyen el sicariato como forma de atemorizar
o eliminar a quienes se les oponen.
En la etapa democrática, el tráfico y consumo de drogas
en la República Dominicana se inició a partir de 1962, durante el Consejo de
Estado, cuando comenzaron a aparecer pequeñas plantaciones de marihuana en
algunas fincas del país o la policía arrestaba a algún joven por encontrarlo
como un zombi por el efecto del consumo de drogas. Eran mínimas las cantidades
de marihuana ocupadas por la policía. Ese mismo año, comenzaron a aparecer en
algunas calles de la capital los llamados “graffitis”, que el periodista José
Rafael Pérez, en el diario El Caribe, calificó de “raros”. Los titulares de las carteras de Justicia, Salud e
Interior y Policía anunciaron entonces que iniciarían una "enérgica campaña
contra el tráfico ilícito de drogas estupefacientes”. Pero además el doctor
Lupercio L. Duluc Pou escribía una serie de artículos en El Caribe los que
advertía la peligrosidad de las drogas y su tráfico ilegal. El fallecido
siquiatra doctor Antonio Zaglul también escribió en el mismo medio varios
artículos en los cuales resumía que los consumidores no eran traficantes, sino
enfermos.
Simultáneamente, la Federación de Estudiantes Dominicanos
(FED) y la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) señalaban a la juventud
dominicana que "no hay acción más denigrante y destructora de la
personalidad que la injerencia de narcóticos". La UER llegó incluso más
lejos, al denunciar que en el liceo
Paraguay el consumo de drogas era algo común entre los estudiantes, afirmación
que fue avalada por la dirección y los profesores del centro académico. Hasta
ahora, que el autor recuerde, ningún grupo estudiantil importante ha condenado
el tráfico de drogas en escuelas y universidades.
En 1964 cobró fuerza la denuncia de que en el
antiguo Hipódromo Perla Antillana los caballos de carreras eran “endrogados”
antes de competir. En esa denuncia llevó la voz cantante el entonces presidente
de la Sociedad Protectora de Animales, Alexis Díaz, que se enfrentó así a la
Comisión Hípica Nacional porque no hacía nada para controlasr el problema.
El autor de este capítulo conoció en 1964 a un
joven que identificaré por sus iniciales R.P., quien había regresado de los
Estados Unidos. Nos hicimos amigos, sin sospechar que el tipo era un fanático
consumidor de marihuana. Un día, en el barrio san Carlos, me entregó un pequeño
sobre de esa droga “para que la probara”, pero nunca lo hice, sino que se lo
llevé al director del Listín Diario, Rafael Herrera, contándole lo sucedido.
Herrera comentó: “Esto lo voy a enviar al laboratorio de la embajada norteamericana,
para que me digan si es verdad o no que es marihuana”. En efecto, días después,
esto quedó confirmado.
R.P. logró luego engancharse a la Policía, pero
desertó, tras de vender su fusil San Cristóbal y su revólver de reglamento en
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Se marchó del país en un viaje
ilegal hacia Puerto Rico, de donde lo deportaron, pero jamás he vuelto a saber
de su paradero.
En 1965, tras la ocupación militar norteamericana,
el autor de este artículo denunció en el Listín Diario que “ciudadanos extranjeros han reanudado el tráfico ilegal de drogas
narcóticas”, denuncia fundamentada en datos oficiales de la Policía, cuya fuente cubría,
pero que exigieron no publicar sus nombres. En ese mismo año, salió a la luz
pública la noticia de que “grandes cantidades
de narcóticos fueron sustraídos de la aduana de Santo Domingo durante los días
de la guerra que se inició en abril”. Un robo de igual naturaleza se produjo en
los almacenes de la secretaría de Salud Pública, de donde los ladrones cargaron
con 3.000 gramos de drogas, queserían
utilizadas como medicamentos. Otros periodistas que escribieron sobre el tema
fueron Virgilio Alcántara, Miguel A. Hernández, Bernardo Palau Pichardo, José
Rafael Pérez, Manuel José Torres, J. Rafael Khouri desde Santiago; Radhamés V.
Gómez Pepín y Julio C. Bodden, entre otros.
Los opiáceos, como la
morfina, resultan imprescindibles para combatir el dolor de los enfermos de
cáncer y otros males crónicos y terminales; y su uso legal y controlado se
extiende cada vez más, según el informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (7).
Como casi siempre ocurre, nunca se supo del
resultado de las investigaciones.
Un
año antes, en 1964, comenzaron entonces los siquiatras, entre ellos el doctor
Luis Manuel Baquero, a advertir que personas
"charlatanas y curanderos con fines de explotación económica de personas
inestables y emocionalmente débiles, están usando drogas de escaso valor
terapéutico”.
El organismo que entonces investigaba esos casos era el
llamado Servicio Secreto de la Policía, hasta que en 1966 se creó en la Policía
un departamento especializado en la lucha contra las drogas, bajo la dirección
del fallecido teniente coronel José Ernesto Ricourt Regús, abogado por demás,
quien cursó estudios en Francia.
Es mucho lo que se ha avanzado desde entonces en la lucha
contra las drogas, pero el problema se mantiene con renovados bríos.
En efecto, la madrugada del 4
de agosto de agosto de 2008 la opinión publica dominicana quedó horrorizada al
enterarse por los periódicos del mismo día de que en la comunidad de Ojo de
Agua, Baní, a unos 65 kilómetros de la capital Santo Domingo, habían aparecido
los cadáveres de siete colombianos y un nicaragüense involucrados en un “tumbe”
de drogas. Según las publicaciones de entonces, unos 1,200 kilos de cocaína
“desaparecieron como por arte de madia”, como también una indeterminada
cantidad de dinero en efectivo.
El
llamado “caso Paya” puso al descubierto la complicidad de miembros de la Marina
de Guerra con grupos civiles interesados en conseguir “dinero fácil”.
Eso
mismo ocurrió en el caso de José David
Figueroa Agosto alias "Junior Cápsula" (nacido el 28 de junio de 1964
en San
Juan, Puerto
Rico) un traficante de drogas puertorriqueño que creó
un imperio con sus actividades delictivas.
En
1999, Figueroa Agosto se escapó de la prisión en Puerto Rico, donde cumplía una condena de 209 años por asesinato y posesión de armas ilegales. En un principio fue a la
cárcel por cargos de asesinato en Puerto Rico pero se escapó y huyó a la
República Dominicana, donde logró obtener varias identidades alternativas y el
tráfico de drogas continuó durante 10 años. Incluso, llegó aconseguir un carné de la Dirección Nacional
de Investigaciones (DNI).
En la
República Dominicana fue arrestadocon
una de sus identidades alternas y luego puesto en libertad por una razón
desconocida (su alter ego aún no era conocido por las autoridades). Siguiendo una
pista a finales de 2009, uno de sus muchos apartamentos fue allanado, y la
policía encontró cuatro millones de dólares en efectivo y un millón en relojes.
Una persecución en auto siguió, pero se las arregló para eludir a la policía al
huir de su vehículo y esconderse en una alcantarilla. Con el tiempo, se las
arregló para regresar a Puerto Rico, supuestamente mediante el pago de un
millón de dólares a personal militar no identificado de alto rango. Fue capaz
de esconderse en San
Juan, Puerto Ricodurante 10 meses, hasta julio de 2010, cuando la policía
de la DEA, FBI, Alguaciles de EE.UU. y Puerto Rico arrestaron a Figueroa en
Santurce, un barrio de San Juan, mientras trataba de escapar de funcionarios
que lo vigilaban. Junto al capo fue capturada su amante Sobeida Félix Morel, una
atractiva mujer dominicana, natural de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, condenada en el país a cinco años de prisión
por complicidad en las actividades del puertorriqueño. Otras figuras
dominicanas también fueron condenadas. Figueroa Agosto era el fugitivo más buscado por las
autoridades de Puerto Rico y República Dominicana.
Con
fama de ser el mayor traficante de
drogas más del Caribe, estáde nuevo
tras las rejas en los Estados Unidos. Las autoridades policiales de la región
están en alerta ante posibles enfrentamientos sangrientos entre los rivales y lugartenientes
tenientes tratando de tomar su lugar. La captura de José Figueroa Agosto en
Puerto Rico después de una cacería de una década, fue una gran oportunidad, pero también
significa que los miembros de su grupo de violentos pueden tratar de hacerse
con el control de su participación en el comercio ilegal.
La red
integrada por Figueroa Agosto cometió numerosos crímenes contra personas que se
sirvieron pero que sabían demasiado, entre ellas un coronel de la Policía dominicana.
Hay
versiones no confirmadas oficialmente de que Figueroa Agosto tiene más de $ 100
millones de dólares en Puerto Rico.
En el
caso Paya, el 4 de diciembre de 2010, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional, presidido por la jueza Alina Mora de Mármol, condenó a 16 de los 22
implicados en el múltiple crimen de siete colombianos en Paya, Banì, a
30, 20, 10, 5 y 3 años de reclusión, para ser cumplidos en distintas cárceles
del país. Mediante la misma sentencia, seis de los imputados fueron absueltos
de toda culpabilidad. Entre los condenados a 30 años figuran Edward Mayobanex
Rodríguez Montero; José Luís Montás Vargas (Duro Motor); Luís de Jesús Lara
Martínez; Ricardo Guzmán Pérez; Miguel Peña Figuereo, Jorge Luís Chalas y
Antonio Manuel Roche Pineda. El Duro Motor murió el 8 de febrero de 2011
en el hospital Dr. Moscoso Puello aquejado por una
afección aguda con síntomas de hepatitis.
También
fueron condenados a 20 años los imputados Dennys Jairo Rodríguez Pérez,
Yaneuris Manuel Calvo Tejeda, Andrés Tapia Balbuena y el nicaragüense Orín
Clinton Gómez. Igualmente recibieron una
condena de 10 años de reclusión, Jesús Sánchez Piña y Scarlet Aristy Rosa,
mientras los condenados a 5 y 3 años son Augusto Alberto Dannery Andujar;
Marcos Fajardo y Andrés Berroa Mercedes, respectivamente.
Los
imputados descargados son Redy Manuel Encarnación; Girson Antonio
González, Domingo Onésimo Marmolejos; Joaquín Pérez Féliz; Noe Martín Sterling
Villalón y José Vinicio Simé Cisnero, por entender que el Ministerio Público no
aportó elementos de pruebas que sustenten la acusación contra ellos.
El
tribunal ordenó el decomiso de parte de los bienes incautados a los
condenados y la devolución de otros e igualmente rechazó imponer medidas
de coerción a los que se encuentran en libertad que fueron condenados. Los
magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional,
además de Mora de Mármol, son Natividad Ramona de los Santos y Rafael
Pacheco.
Además
de prisión, también fueron condenados a pagar RD$ 50,000, Clinton Gómez y Roche
Pineda, mientras que Andrés Tapia Balbuena y Scarle Aristy Rosa, guardarán
prisión en La Victoria y Najayo.
Jesús
Sánchez Piña, guardará prisión en La Victoria, Rodríguez Montero, Denny
Jairo Rodríguez y Lara Martínez serán enviados al 15 de Azua, Montàs Vargas y
Chalas a Puerto Plata, Guzmán Pérez, en Najayo, Miguel Peña Figueroa, en
San Francisco de Macorís, a Marcos Fajardo Almonte, se le suspendió el tiempo
de dos años y tres meses que lleva en prisión, Yaneuris Manuel Calvo Tejada,
cumplirá en La Victoria.
La
sentencia fue notificada al juez de ejecución de la pena, en las
diferentes cárceles que los acusados cumplirán sus condenas.
(7) El estudio del
organismo de las Naciones Unidas presentado en Viena señala, sin embargo, que
estas posibilidades terapéuticas no son lo suficientemente conocidas en
numerosos países del mundo, en particular en las naciones en desarrollo.
(continuará)
