El empuje que hacia la modernidad de la
nación -en materia de Derecho de Consumo- está realizando la Directora
Ejecutiva de Pro Consumidor, licda. Altagracia Paulino, está ocasionando
estupor en los sectores pre-modernos de la sociedad dominicana.
Ese tránsito se
hace cada vez más necesario pues la nación no puede seguir bajo las ínfulas de
la cultura del engaño como tantas veces ha dicho la líder de los derechos del
consumidor. Dichos sectores piensan que pueden ser escuchados por las altas
instancias del poder criollo a los fines de que una vez más, como tantas veces
ha ocurrido en la historia nacional, la constitucionalidad y con ella el
derecho adjetivo que la sustenta, se limiten a engrosar los anaqueles de las
bibliotecas, los cuales solo deben operar cuando el sacro santo capital
entienda que deban hacerlo en su exclusivo provecho.
Esos razonamientos
decimonónicos deben ser sacados ya del debate nacional. Resulta irritante ver a
intelectuales orgánicos del capital tratando de confundir a la opinión pública
con posiciones claramente obsoletas por ir encaminadas al sostenimiento ad infinitum
de la condición de país con arritmia histórica insuperable que el profesor Juan
Bosch describe en sus escritos socio históricos sobre la sociedad dominicana. <br>
Esos personeros del atraso dominicano deben
saber que existe en el país un nuevo marco constitucional que no está hecho
solo para salvaguardar sus intereses sino para hacer emerger otros derechos
mucho más amplios que los suyos. No pueden entender que aquí se no va a repetir
la sentencia de Roberspierre de que se han hecho cambios para que todo siga
igual. <br>
La madurez de la sociedad dominicana ha convertido a la Señora Paulino
en una líder por la firmeza mostrada en la defensa de derechos fundamentales de
tercera generación, en el más casto derecho constitucional, no puede legal ni
constitucionalmente ser despojada de sus responsabilidades públicas por cumplir
el mandato constitucional de que es portadora.
Tampoco puede ser destituida por posiciones
facciosas de grupos acostumbrados a imponerse por encima de las leyes y de la
constitucionalidad democrática. Que lo sepan desde ahora, al menos las
organizaciones de consumidores, la Fundación para los Derechos del Consumidor,
inscripta, Fundecom, y con ella todo el naciente movimiento de los consumidores
defenderán a capa y espada por la jurisdicción de lugar, las acciones de Pro
Consumidor, por entender que se
inscriben dentro del marco constitucional que contienen los artículos6,7,
8y 53 de la Carta de Derechos
Fundamentales de tercera generación de 2010.
El pollo está siendo vendido a sobre precio y
quedó demostrado, no por el aumento de los insumos sino por la demencial cadena
de distribución que en perjuicio del consumidor establece márgenes de ganancias
agiotistas en cada eslabón; los productores de salamis deben etiquetar su
producto especificando qué contiene, si no cumplen con el etiquetado y encima
un estudio revela que están matando al consumidor y Pro Consumidor actúa cuando
debió hacerlo por igual Salud Pública por tratarse de un asunto de salubridad
pública, la reprimenda debe ser para con quien no está cumpliendo su deber; los
distribuidores y comerciantes de GLP están violando la ley del consumidor con
argumentos insostenibles, solo el imaginario de la cultura del engaño puede
plantear que la venta por volumen del gas propano, es posible en violación de
la ley de la materia que dice que debe ser pesado. Si los gaseros entienden que
a su vez son estafados por los importadores de esos combustibles deben accionar
entonces por la vía administrativa o la judicial contra esos importadores pero
pretender legalizar el robo al consumidor es inaceptable. El producto
financiero conocido como tarjeta de créditos contiene disposiciones
exorbitantes que viola los derechos del consumidor y, por tanto, debe ser
legalmente regulado, por vía de consecuencia, respaldamos que el Congreso
Nacional ponga fin a tan insoportable abuso. De no hacerlo, deberán los jueces
continuar evacuando decisiones que pongan freno a tales tropelías, el problema
de estos es que sancionan por la vía difusa. En su momento presentaremos,
conforme al mandato legal, acciones colectivas para mitigar esa situación, pero
reconocemos que la vía legislativa sería menos traumática. Lo que ocurre en el
marco de las telecomunicaciones en perjuicio del usuario de esos servicios no
puede mantenerse en silencio, pues un órgano sectorial está creado para hacer
el equilibrio y poner atención a la parte más vulnerable, en laactualidad ocurre exactamente lo
contrario,no se puede permanecer
silente ante tal agravio a los consumidores. Al hacerlo no se transgreden leyes
sino que se actúa conforme a sus
prerrogativas constitucionales.
La expresión “Desde el gobierno no se agita”
que empleó el Diario de un ex interno por tropelías a consumidores, es
inconstitucional pues cumplir con el mandato constitucional no está sancionado,
lo que sanciona el artículo 148 de la Constitución es la inacción de los
funcionarios públicos. No es un ir contra todos, es cumplir con el juramento
hecho al asumir el cargo. Que ciertos comunicadores se extrañen porque al menos
una funcionaria cumpla con sus funciones es entendible en el marco de la
cultura del engaño existente, pero eso
no debe dar lugar a que se pretenda calificar la acción como agitación. El daño
colateral lo producen así directores de medios supuestamente
constitucionalistas, pues con sus expresiones mal sanas confunden a la opinión
pública defendiendo bastardos intereses. ¡Eso no es informar!
¿Por qué es tan poco competitiva la industria
nacional? ¿Por qué el país no ha podido sacar el provecho que debiera al DR
CAFTA? Precisamente porque la industria criolla no cumple ciertos estándares
internacionales de calidad pues aunque Haití sea el mercado natural de la RD,
no por ello debemos presentar productos de baja calidad, por el contrario, esa
debe ser una meta a lograr para luego ir a otros mercados más exigentes, pero
si carecemos de los debidos controles ¿cómo podremos lograrlo?
Para nosotros, la Directora de Pro Consumidor
está cumpliendo con las prerrogativas del cargo puesto bajo sus hombros
entonces lo que ciertos medios y ciertos sectores deben preguntarse es ¿por qué
si la Paulino cumple por qué otros no? O, lo que es lo mismo, ¿Por qué ciertos
productores y oferentes de servicios no pueden circunscribir sus acciones al
marco de la ley? ¿Quién está actuando de conformidad con la Constitución y
quienes se han apartado de ella? O, lo que es lo mismo ¿Qué se debe combatir
las acciones o las omisines? DLH-29-7-2012
