Las tarifas de derechos académicos en la UASD<br>

La UASD vive nuevamente un
proceso agitado fruto de protestas de algunos dirigentes estudiantiles, que
impulsados por fuerzas políticas externas, han escenificado acciones
calificadas como vandálicas por distintos sectores de la vida nacional.

Para expresar sus reclamos, han
utilizado como principal argumento el calificativo de “privatizadores”, con el
cual acusan a las autoridades universitarias que aprobaron dicha medida.

La antigua Universidad de Santo Domingo, recibió
los vientos transformadores de Córdoba 43 años posteriores a aquellos
acontecimientos ocurridos en 1918 que reclamaron autonomía universitaria, cogobierno,
Extensión universitaria, acceso por concursos y periodicidad de las cátedras, libertad
de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, acceso masivo y gratuito, vinculación
de docencia e investigación, inserción en la sociedad y rol de
la universidad, solidaridad latinoamericana e internacional, unidad
obrero-estudiantil, entre otros puntos reivindicativos.

Fruto de la lucha de los estudiantes de la época, la
antigua Universidad de Santo Domingo, alcanzó la Ley de Autonomía, numerada
5778, el 31 de diciembre de 1961 la que expresa en su Artículo. 3: “El Estado
dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto
Nacional. Este subsidio será considerado como parte del patrimonio de la
Universidad y solo ella tendrá derecho a administrarlo. También integrará a su
patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure
debidamente la Universidad”.

En 1965, estalló la Guerra de Abril y dejó como legado
tangible, con el Movimiento Renovador a la cabeza, un modelo de universidad
bajo los principios de las Reformas de Córdoba.

Sin embargo, en 1966, el Claustro Universitario aprobó el
nuevo Estatuto Orgánico de la nueva Universidad, el cual estableció en el
artículo 106: “Las fuentes de ingreso de la Universidad son las siguientes: “b)
el producto de los derechos por concepto de matrículas de estudiantes,
expedición de títulos, exámenes, reválidas, y cualesquiera otros que
establezcan los reglamentos”.

Está claro, entonces, que el establecer o modificar
tarifas no es ilegal, no es un atentado a la autonomía ni amenaza al carácter público
de la Institución. Lo que sí la amenaza son los desórdenes injustificados que
dan argumento a sus enemigos externos para tratar de arrebatarle sus conquistas
como ocurre en la actualizad con un proyecto de ley que pretende anular la Ley
5778.

Desde 1966, la UASD ha funcionado en base al nuevo modelo,
como universidad de matrícula abierta, pero no ha resultado así con el
financiamiento. Ningún gobierno ha cumplido con asignar el 5% que establece la
Ley, por lo que se ha acumulado una deuda con la Institución, que calculada de
1966 a 2012, supera los 100 mil millones de pesos, causa esencial de las diversas
crisis de la Academia que le han construido una imagen ante la Sociedad
Dominicana que la percibe como una Institución “insaciable”.

No ha sido posible a la UASD ofrecer la educación
totalmente gratuita, por lo que el Consejo Universitario ha emitido decenas de
resoluciones estableciendo o modificando tarifas por concepto de derechos
académicos. Así ha sucedido en los años 1967, 68, 72, 73, 75, 77, 83, y 2003,
para citar sólo algunos ejemplos. Ninguna de esas resoluciones privatizaron la
UASD. Una más ha ocurrido ahora en 2012, la que ni siquiera indexa las tarifas
establecidas en 1973.

Si comparamos en dólares ambas tarifas, el resultado es
que un estudiante proveniente de los estratos económicos mas bajos, aportaba en
1973, 27 dólares por concepto de derechos de matriculación y por 7 asignaturas.
Ese mismo estudiante debe aportar hoy 23.49 dólares por el mismo concepto. En
el caso de los estudiantes que provienen de los sectores con mejores
condiciones económicas, esto es, los que procedían de familias con ingresos
superiores a mil pesos mensuales similar a los que hoy provienen de colegios
donde pagan tarifa mensual superior a 2 mil pesos, aportaban en 1973, 137
dólares y en 2012, sólo 131.48.

Los sectores que quieren alterar la paz y la tranquilidad
de la UASD, deben buscar otro argumento para lograr su propósito, porque les
resulta poco útil el que han levantado, menos aún con un Rector que ha
demostrado con su conducta la defensa de esta Institución y su carácter de
Universidad pública, democrática, popular, crítica y solidaria; la primada de
América, la del Estado Dominicano y Alma Mater de la Patria. Un Rector que no
tiene compromisos con ningún sector ajeno a la UASD y cuyos tres hijos han
estudiado y estudian todos en ella.