<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNoSpacing><SPAN style="mso-ansi-language: ES-TRAD" lang=ES-TRAD><FONT size=3><FONT face=Calibri>El etiquetado del salami<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>

<P>La principal obligación de un industrial es informar al destinatario final de su producto sobre las características del mismo y sobre su composición, es decir, sobre los elementos que conforman dicho producto,por ejemplo, el salami debe indicar en cada pierna, como se le llama en boca del pueblo, de qué está hecho y en qué proporción porcentual, los nutrientes que contiene, los adictivos o preservativos en el existentes con la especificación sobre su inocuidad, fecha de vencimiento y manera de preservarlo.</P>
<P>Sin embargo, ahí en el etiquetado, es donde inicia la estafa al consumidor, pues no es informado sobre estas características ni sobre su composición, ni la fecha límite para su consumo, la forma de preservarlo, etc., todo esto brillan por su ausencia. Una industria que engaña de esa manera a su clientela carece de responsabilidad social, viola la ley y de paso se lleva de encuentro a la Constitución. Bajo el Estado Social eso es inadmisible.</P>
<P>Así, las acciones de Pro Consumidor, se enmarcan dentro del propósito de que la ciudadanía sea debidamente informada sobre qué está consumiendo, quien o quienes violan la ley, y quienes se prestan a encubrirlos desde sus funciones públicas. Es una función social odiosa y gratificante a la vez, odiosa porque los intereses en juego tratan de confundir a la población y gratificante porque se está protegiendo a este pueblo digno de mejor suerte, de mejores funcionarios y de mejores empresarios. </P>
<P>El dicho aquel de que detrás de cada corrupto público existe un corruptor privado toma aquí toda su fortaleza. Por eso, no nos cansaremos de repetir, que algunos funcionarios públicos, no se han enterado de que en el país existe un nuevo marco constitucional que obliga tanto al sector público como al privado a regir sus actuaciones por el principio de responsabilidad, o mejor dicho, por lo que se conoce como responsabilidad social empresarial.</P>
<P>&nbsp;No es con campañas publicitarias costosísimas que termina pagando el consumidor como se nos va a convencer de las bondades de un producto específico, por el contrario, la publicidad engañosa puede surtir un efecto contrario al perseguido por el industrial, si queda claro que las normas sobre etiquetado son inexistentes en el producto, o bien que lo dicho en el etiquetado no responde a la verdad. De manera que los esfuerzos de Pro Consumidor a quien favorece finalmente, es a la industria, con la salvedad de que simultáneamente, el consumidor queda protegido. </P>
<P>De ahí que más que pretensiones en el sentido de evitar ruidos calificados de innecesarios, nuestros productores de salamis y demás embutidos, deben abocarse a cumplir los estándares internacionales sobre calidad y las normativas sobre etiquetado de producto. Ahí es donde debe generarse confianza. Esto así, porque la prudencia con que actuó Pro Consumidor no se repetirá sino que se irá a los tribunales con el estudio pertinente en manos a los fines de que sea la justicia la que diga la última palabra en torno a los argumentos apegados a la ley y a la Constitución que hace Pro Consumidor. </P>
<P>No permitir estafas al consumidor, que los productos traigan sus etiquetas y que luego en el examen del laboratorio –que debe ser constante- se compruebe que lo que dice la etiqueta es lo que contiene el producto. Esto es algo ya universalmente aceptado entonces las alharacas y pedimentos de que cese la presión sobre esos productores, es infundada. Es al revés deberían ser ellos los más interesados en que se supervise la calidad de sus productos pues con ello aumenta la confianza del consumidor que es en definitiva lo que busca Pro Consumidor, una industria transparente y confiable.</P>
<P>De modo que no es luchando por cambiar a la funcionaria responsable de haber puesto en evidencia un fraude y en alerta a la opinión pública, a un conjunto de empresas que no respetan a los consumidores ni a los suplidores de la materia prima que usan en la elaboración de sus productos. Si de daños vamos hablar es un daño auto infligido que Pro Consumidor está subsanando con la prudencia y la firmeza que demandan las circunstancias. Cinco meses es tiempo más que suficiente para haber tomado nota de lo dicho por una funcionaria proba, pero como aquí nada se puede contra los poderosos, no pusieron fin a la estafa a tiempo. Ahora la lucha será por prohibir la importación de deshechos de aves pues son vendidas al consumidor como si fuese carne de res o de cerdo, lo cual es un engaño legalmente sancionado y constitucionalmente apadrinado.</P>
<P>El problema del salami puede resolverse con solo prohibir la importación de deshechos de aves que actualmente se emplean en lugar de la carne de cerdo. Si eso no es estafa, no sé entonces qué sería una violación a la ley de este calibre. </P>
<P>Por demás, la ley 358-05 y su reglamento de aplicación condenan dicha práctica, al igual que la ley 42-01, mejor conocida como Código de Salud. Pero todavía más, el Código Penal sanciona esta conducta reprochable con penas privativas de libertad.</P>
<P>Lo positivo del tema, es que la conciencia ciudadana en tanto y cuanto consumidor, ha evolucionado mucho. Eso de que las ventas de ese producto ha descendido de manera apreciable y tangible, debe constituir un mensaje claro para otros empresarios que piensan que estafando es como engrosarán sus capitales. El Estado Social respeta el capitalismo pero quiere además, que el capital respeta al consumidor.</P>
<P>Como también, se debe saber que aquí hay leyes que son las que indican cuando un funcionario debe dejar su cargo. El hecho de que quien denuncie un fraude pueda ser objeto de un despido, o bien que se plantee tal posibilidad, es un síntoma que habla muy mal de la democracia de nuestros líderes políticos y empresariales. Pues el mensaje sería claro, tanto el empresariado como la partidocracia, son responsables del atraso dominicano. Afortunadamente, tenemos ya un tribunal constitucional que es quien tiene la última palabra sobre quién defiende la Constitución. DLH-5-7-2012</P>